Un año con muchas novedades inesperadas en materia impositiva

El año que acaba de terminar ha traído una cantidad inesperada de novedades en materia fiscal. Se han introducido modificaciones legales que muchos no esperábamos, considerando el escaso poder propio que el gobierno de Javier Milei tiene en el Congreso. Sin embargo, sea por convicción o por habilidad negociadora, se dieron los primeros pasos orientados a tener una estructura fiscal más racional y acorde con lo que ocurriría en un país “normal”.

Un tema importante a destacar es la reforma a la ley del impuesto a las ganancias sobre los sueldos obtenidos por los empleados en relación de dependencia. Después de haber sido testigos de inexplicables manoseos a este régimen, finalmente se han introducido las correcciones necesarias en este aspecto. El impuesto a las ganancias a partir de ahora tiene un umbral de entre $1,7 y $2,2 millones mensuales por debajo del cual los trabajadores no tributan. A partir de ese importe comienzan a pagar, quienes obtienen una retribución neta de $5 millones por mes tributan el 15%, y a partir de ese salario en adelante escalan hasta llegar a un tope del 35%. Este es un mecanismo justo que se aplica en la mayoría de los países civilizados del mundo. Restaría definir si en el futuro estos umbrales y límites podrían elevarse a valores más razonables.

En el tema de impuestos patrimoniales se avanzó muchísimo. Después de haber atravesado varios años de ataques al derecho de propiedad a través de estos tributos, este gobierno impulsó un mecanismo muy novedoso que permitió anticipar el pago de cinco años a cambio de una tasa menor a la mitad de la vigente, y un impuesto mínimo por los siguientes 10 años. Si esta legislación no se modifica en el futuro tendríamos finalmente una previsibilidad en nuestras leyes que trascienden los tiempos electorales de los gobiernos.

Nos referimos a una tasa equivalente al 0,45% sobre el patrimonio, que comparado con la tasa vigente anteriormente del 2,25% significa un enorme avance para un impuesto que recaudaba muy poco y atentaba contra el ahorro de un grupo reducido de personas, formado principalmente por profesionales, medianos empresarios y directivos de empresas.

También es muy destacable que se haya aprobado la ley de blanqueo, que el gobierno peronista saliente no pudo conseguir en sus últimos dos años de gobierno, a pesar de reiterados intentos en el Congreso. Lo mismo en cuanto a las moratorias, que permitió cancelar deudas y reclamos impositivos con significativas reducciones en intereses y multas.

Otra novedad fue la reducción del impuesto PAIS, y su posterior eliminación. Este es un impuesto que pertenece a la categoría de los “inexplicables” porque grava la venta de dólares que el gobierno hace a los particulares, dólares que ha comprado al valor oficial principalmente a los exportadores. En esencia es un impuesto que se aplica cada vez que el Estado devuelve parte de la riqueza que se apropia del sector privado.

En conjunto, todas estas medidas son positivas para los contribuyentes porque generan, o bien una reducción significativa en su carga tributaria, o bien una vuelta a la racionalidad, como es el caso del impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia. Asimismo también fue exitoso el programa en cuanto a la recaudación fiscal que generó tanto la moratoria como el blanqueo.

Finalmente en la lista de los pros, podemos mencionar el RIGI que es un sistema de incentivo para inversiones que demandan mucho capital (más de 200 millones de dólares). Lo novedoso de este régimen es que si bien reduce en algo la carga tributaria y de derechos de importación para estos inversores, desde mi punto de vista lo más significativo es un horizonte de 15 años de estabilidad en todas las normas impositivas, cambiarias, y de derecho aduanero.

Esta es la lista de las cuestiones cumplidas. Veamos un poco qué queda por delante para continuar recorriendo el camino de la racionalidad fiscal.

Queda mucho por hacer: la eliminación del impuesto al cheque, la reducción del impuesto sobre los Ingresos Brutos, la limitación de las tasas municipales que aplican en algunos casos de modo descontrolado más de 1000 municipios a lo largo de todo el país, la reducción o eliminación de las retenciones a las exportaciones, son los principales aspectos que aún quedan por hacer.

No es casual, todos estos impuestos son recaudadores de montos muy significativos. Su reducción o eliminación debe traer consigo su correlativa reducción en el gasto exorbitante del Estado a todo nivel, que quizás se pueda compensar parcialmente si es que la actividad económica mejora en el futuro. En ese caso, esperemos que esta vez los gobiernos no se dediquen a gastar a cuenta la mayor recaudación que genera una mejora económica, y en cambio aprovechen esa movida para establecer pautas eficientes en el uso de los recursos públicos, al igual que lo hace desde siempre el sector privado (el sector privado de verdad, el que compite, produce e innova sin necesidad de prebendas estatales).

El camino que queda por delante requiere de reformas muy necesarias, pero enfrenta muchos desafíos. No sólo el impacto recaudatorio que dificulta la eliminación o reducción de tasas, sino también los impuestos que están a cargo de las provincias, que requerirán seguramente de acuerdos muy amplios con gobernadores de distintos partidos, y sobre todo con miradas muy diversas respecto del rol del Estado en la economía. Veremos si 2025 terminará sorprendiéndonos como lo hizo este año que ahora termina.

Conforme a los criterios de

Conocé más