Turnos voladores, cartilla mínima, deuda y déficit: radiografía de una obra social convertida en caja política
Obsba, la financiadora de casi 300.000 trabajadores porteños y cuyo directorio integran representantes del sindicato, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, cambió esta semana de presidente y va por el cuarto vice en seis meses; quejas de los usuarios por la caída en las prestaciones
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LA NACION
Nadie podrá decir que no hubo un aviso. Fue exactamente el último 13 de julio, cuando, mientras discutía con empleados por las horas extras, Juan Carlos Cela, todavía presidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba), les anticipó: “Yo les voy a decir la pura verdad. Esto, si no tiene arreglo en un mes o dos meses, despídanse de esta casa porque esto quiebra inexorablemente. Están cortados todos los servicios”. El personal lo grabó y filtró el audio. Cela no tenía en ese momento la bola de cristal, sino los números reales de esta financiadora que atiende a unos 275.000 afiliados y acumula déficit, deuda, demoras en la atención, quejas y hasta denuncias por vaciamiento.
Obsba es lo que podría definirse como caja política transversal. El ejemplo típico de la Argentina corporativa. Fundada en 2000 para sustituir al viejo Instituto Municipal de Obra Social (IMOS), está manejada por el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), que encabeza desde hace 39 años un histórico, Amadeo Genta, y por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En la presidencia acaba de asumir un legislador del Frente de Todos, Alejandro Amor. Y el directorio, de 12 miembros más un síndico, está dividido en partes iguales para el Estado porteño y el gremio, e incluye además una silla para otros dos sindicatos: la Asociación de Médicos Municipales y la Unión de Docentes Argentinos. Una comparación odiosa: a OSDE, financiadora líder del país y de alcance nacional, le alcanza para funcionar con un presidente y cuatro directores, un tercio de los de Obsba, donde cada director cobra 350.000 pesos netos por mes.
Si el panorama no es auspicioso para ninguna prepaga, en la financiadora de salud de la ciudad todo se vuelve caricatura. Basta con recorrer en estos días las redes sociales para advertir la cantidad de afiliados quejosos de prestadores que se niegan a atenderlos o, en el mejor de los casos, les dan turnos voladores. En la reunión con los empleados de julio, sin saber que lo grababan, Cela dio nombres. “Me acaban de llamar del Favaloro: no atiende a las personas si no llevan el cheque”, admitió. El lunes pasado, después de varios días de una licencia por enfermedad, Cela presentó la renuncia. Asumió en su lugar quien secunda a Genta en el gremio, Amor.
La situación es bien conocida en el Ministerio de Salud. “El problema empezó con la pandemia, cuando nos quedamos sin paritaria”, dijeron a este diario en Obsba, donde juran que han empezado a equilibrar números que, lo aceptan, no son alentadores. Admiten un déficit mensual de 350 millones de pesos y una deuda de alrededor de casi 6500 millones. “Pero la deuda es en cuenta corriente: se paga a tres meses vencida y no se deja de pagar”, aclaran. Algunas fuentes de Obsba no son tan optimistas y consignan cifras bastante superiores.
La inflación, el aumento en los costos y las últimas paritarias tampoco jugaron a favor. Los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires tienen, por ejemplo, 23 ítems no remunerativos en el salario que van al bolsillo, pero no a la obra social y eso contribuye al rojo. Si esos rubros no existieran, razonan, entrarían 450 millones mensuales adicionales que podrían empatar la cuenta. “Tenemos que negociarlo con el sindicato”, dicen. LA NACION intentó, sin éxito, consultar a Alejandro Amor.
Y eso que el estatuto de Obsba debería jugar a favor de las coberturas. Según la ley 472, que la constituyó, se financia con un 6% del aporte del afiliado, el doble que el resto de las obras sociales. El año pasado, según el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, recibió de las arcas de la Ciudad 988 millones de pesos adicionales: $93.882.796 por aportes y contribuciones del Ministerio de Desarrollo Humano, $660.564.542 para gastos de afiliados con discapacidad y $233.218.972 para gastos por guardería.
Tampoco resulta fácil obtener oficialmente los números de la obra social. La diputada Paula Oliveto, de Coalición Cívica, lleva presentadas una denuncia en 2008 y un requerimiento de reporte en la Auditoría porteña en 2016. Ambas quedaron en la nada. Igual que los pedidos de informe presentados por los diputados de izquierda Gabriel Solano y Amanda Martín en la Legislatura porteña.
El público solo ve el resultado del proceso, que son las prestaciones. “Mi esposa se tiene que hacer una colonoscopía y le dieron turno para el prequirúrgico en febrero, y a mí acaba de cancelarme el cardiólogo”, dijo a LA NACION Daniel, uno de los afiliados, que agrega que también está caído desde hace dos meses el Centro Médico Olivera, donde muchos se hacen análisis y estudios clínicos. En la obra social dicen que ya pasó lo peor. Prometen mejoras en los servicios y cuentas más equilibradas. Raúl Sánchez, asesor económico financiero del directorio, procura desde hace dos meses renegociar de un modo más agresivo con los prestadores, pero tensar demasiado los contratos provoca lo obvio, que se caigan. El 13 del mes pasado, el sindicato difundió una comunicación que buscaba tranquilizar a los pacientes. “Se informa a nuestros afiliados que, a partir de la fecha, se restablecen con normalidad los siguientes servicios médicos e internación”, empezaba, y enumeraba 13 centros de salud -entre ellos el Cemic, el Sanatorio Güemes, la Fundación Hospitalaria y el Hospital Sirio Libanés- y varias prestaciones turísticas que se habían recuperado. “Lo hizo el gremio para tranquilizar a los pacientes, pero la realidad es que nunca llegaron a caerse: lo que hacen los médicos es dar turnos más largos”, dicen en Obsba.
Los perjudicados no ven por ahora la supuesta normalización. Al contrario: al haber quedado afectadas muchas prestaciones, la mayor parte de ellos va al sanatorio Dr. Julio Méndez, ubicado en Avellaneda 551, Capital Federal, que pertenece a la obra social y que en los últimos días quedó al borde de la saturación. Es lo que explica las fotos y los videos de estos días en las redes: filas interminables en pasillos atestados de gente.
A las turbulencias económicas de la Argentina e incluso las propias del sector de la salud, Obsba debe agregarles también los tironeos de la política. Sólo cuatro de sus 12 directores tienen título universitario. Y tampoco es casual que, por ejemplo, en los últimos seis meses hayan pasado por la financiadora cuatro vicepresidentes distintos. Walter Correa, un ex chofer y puntero de Juntos por el Cambio en Soldati y Lugano, le dejó en abril ese lugar a Agustina Olivero Majdalani, hija de la ex segunda de Arribas en la AFI. Cuentan en Obsba que la flamante vicepresidenta intentó aplicar un programa que reducía la cantidad de prestadores a seis. No fue aceptado por el sindicato, entre otras razones porque involucraba a entidades de gremios competidores como el Suterh, que conduce Víctor Santa María, o el grupo Olmos, vinculado con la UOM. “No pasó el filtro de Genta”, explican. Olivero Majdalani presentó entonces su renuncia en agosto -se fue a trabajar como colaboradora externa del Ministerio de Gobierno, bajo las órdenes Jorge Macri- y en el lugar asumió el contador Diego Esteban Carusoni, hasta entonces director general de Medicina del Trabajo porteño.
La condición de nicho de la política será entonces el primer prejuicio que deberá desterrar Alejandro Amor, el nuevo presidente, si pretende superar la crisis. Ayer, el diputado presentó la renuncia en la Legislatura con el argumento de que, a partir de ahora, debía abocarse al trabajo en la Obsba. “Esta nueva función demandará de un compromiso absoluto que, a mi entender, no me permitiría ejercer ambos cargos con la responsabilidad que merecen”, escribió en una carta al cuerpo legislativo.
Su otro desafío será recuperar el crédito de los afiliados y hasta del personal que deberá conducir. En julio, durante la discusión por las horas extras y ante un petitorio presentado, les había propuesto a los trabajadores una reunión. “Estoy acá y me hago cargo. ¿El viernes les parece mal? Yo voy a estar acá a las 12, vengo yo”, dijo. Pero llegó el viernes, el mediodía y nunca apareció. El sitio Data Gremial, que cubría la negociación, aprovechó el desencuentro para aportar la única gracia de todo el conflicto con un subtítulo: “La promesa incumplida de Amor”.
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