Tres viernes para cambiar al país: vuelve el fantasma de siempre y el Gobierno se defiende como nunca
Esta semana se reglamentarán normas que cambian la relación de los ciudadanos con el Estado, las facultades delegadas y las privatizaciones; otro paquete saldrá en los dos viernes siguientes; máxima tensión por lo que pueda pasar con las jubilaciones y la pelea frontal de Caputo con el mercado ante una de las preguntas que más fastidia al Gobierno y cuya resolución definirá el andar en 2025
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
El calendario está definido al máximo nivel del entorno que rodea al presidente Javier Milei. Anteayer arrancó la primera posta de un raid de trabajo para poner en marcha una montaña de regulaciones con las que la Casa Rosada espera darle otro contorno a la manera en que las personas se relacionan con el Estado y a la forma de hacer negocios en la Argentina. Serán tres viernes para cambiar al país.
Los resultados del trabajo del último día de la semana se conocerán posiblemente mañana en el Boletín Oficial y son el resultado de la reglamentación parcial de la Ley Bases. Todo dependía de que Milei llegara con la firma luego de que revisara los papeles el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, porque son normas que recorren varios distritos de su territorio. En ese paquete estará una parte de la puesta en marcha de la delegación de facultades.
A partir de esta semana habrá novedades sobre cambios importantes en los procesos administrativos del sector público. Por ejemplo, ya no será necesario esperar eternamente la respuesta de un organismo estatal cuando se presente un trámite. En otros términos, un empleado público no podrá cajonear el pedido de un ciudadano.
El calendario de reformas tendrá otra parada en el capítulo privatizaciones. El último viernes por la mañana se estaban terminando de definir los detalles a partir de los cuales la Casa Rosada avanzará en el desprendimiento de empresas.
El equipo de Milei tiene allí un doble desafío: incorporar los pedidos del radicalismo en materia de transparencia sin enlodar futuros proceso de venta de compañías, y convivir con los reclamos de Mauricio Macri, quien acusó al Gobierno de cierta lentitud en este punto por falta de gestión.
Los libertarios reconocen que las privatizaciones van más despacio de lo que ellos quisieran, aunque no por su culpa, sino por el contexto. Ocurre que las empresas están mal y dan pérdida. Por eso, nadie en el sector privado levanta la mano con decisión para hacer una oferta.
La novedad más importante en materia de privatizaciones, sin embargo, ocurrirá en aproximadamente un mes, cuando salgan las normativas que conviertan al Banco Nación en una sociedad anónima. No cambiará de manos, pero al menos deberá presentar los papeles como cualquier otra compañía privada. Sus balances serán públicos, de manera similar a los de Mercado Libre o las empresas del grupo Techint, solo para mencionar ejemplos. Es el camino preparatorio para una apertura al capital privado.
El malestar con Macri explotó en atmósfera controlada en la Casa Rosada, donde creen que están haciendo algo con cada uno de los puntos que criticó el expresidente. Un ejemplo es el futuro de la hidrovía, la ruta por la que pasan miles de millones de dólares en mercaderías.
El Gobierno centralizó la responsabilidad en Puertos y Vías Navegables y está pensando qué conviene para cada tramo. Desde La Plata a Buenos Aires, hay que aumentar la profundidad del dragado, mientras que aguas arriba de Rosario se necesita balizamiento. Hay equipos técnicos que están trabajando en el pliego de licitación, pero no estará listo antes del año próximo, más allá de lo que pida el jefe del PRO.
El próximo viernes 9 de agosto Milei tendrá a la firma otro paquete de reglamentaciones para avanzar en el reseteo burocrático y administrativo de la Argentina. Cambiarán las condiciones de las concesiones del Estado y el mecanismo de iniciativa privada mediante el cual una empresa puede proponer la realización de un proyecto a cambio de determinadas condiciones.
La conformación del universo reglamentario que el Gobierno busca cambiar en tres semanas culminará con la constelación más buscada por el oficialismo: la salida a la calle del régimen de estímulo a las inversiones conocido como RIGI. Es clave porque se mostró como una herramienta fundamental para atraer dólares, al menos en los anuncios.
La carrera administrativa de tres viernes no es ingenua. Busca dar un vuelco en el clima de negocios de la Argentina para ilusionar con el retorno del crecimiento económico y ayudar a disipar las dudas que hay alrededor de la capacidad del país para conseguir las divisas que necesita.
Sucede que desde un costado del mercado comenzó a madurar una pregunta de lo más incómoda para Javier Milei. Se resume así: ¿La Argentina se encamina a un nuevo episodio crítico de deuda pública que incluya la incapacidad de pagarles a sus acreedores en los términos acordados?
La respuesta a esa incógnita es determinante para definir qué pasará con el país en el futuro cercano. Si se cumple el temor del que empiezan a alertar algunas agencias calificadoras, como Fitch, la esperada recuperación económica se postergará y el Gobierno enfrentará la carrera electoral del año próximo con pendiente en contra.
Se entiende, entonces, el enojo de Luis Caputo con quienes siembran la incertidumbre con respecto a los próximos meses. Es casi una cuestión personal que comparte con el Presidente. En reuniones públicas, pero también en encuentros privados, el ministro de Economía sostiene que está dispuesto a dejar hasta el alma para pagar lo que se debe y asegura que ya tiene el dinero suficiente.
Los precios de los bonos argentinos muestran hoy, sin embargo, que existe la posibilidad de un denominado evento de crédito, como un default o una reestructuración. Eso no implica que vaya a ocurrir. Es la pelea que está dando el Gobierno: la mirada de la porción del mercado que desconfíe contra la palabra, las decisiones y los gestos del ministro.
Hoy, uno de los bonos más populares de la Argentina, como el AL30, que nació en la reestructuración de Martín Guzmán, paga una tasa interna de retorno superior al 28%. Es un nivel altísimo que cierra cualquier posibilidad de volver al mercado internacional.
Si Caputo quisiera obtener dólares del sector privado, algo que debería ocurrir en el camino de la estabilización, tendría que convalidar tasas similares. El ministro, de hecho, ya tuvo propuestas para volver a endeudarse, pero es imposible con esos valores.
Puesta en perspectiva, la situación tiene matices. En noviembre pasado, cuando se hizo el balotaje entre Milei y Sergio Massa, la probabilidad de default que surgía del análisis de los números era del 70%.
Tras el triunfo del libertario, el período de acumulación de reservas en el Banco Central y el redireccionamiento del rumbo económico, esa cifra bajó a aproximadamente el 28% si se considera el momento de mejor performance de los bonos. Terminó la semana con una probabilidad de default implícita en precios cercana al 37%.
La conclusión surge sola. Las cifras de ahora muestran un deterioro con respecto al mejor momento de Milei, pero ni por asomo se acercan a la crítica situación que se vivía en el último tramo de la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. La dificultad para el Gobierno es que la mejora que consiguió, desde niveles muy malos, no le alcanza para lo que necesita.
La Libertad Avanza tiene la expectativa de volver a los mercados internacionales de deuda en 2025, algo que también prevé el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para que eso ocurra, debería dar los pasos necesarios para bajar a la mitad el riesgo país. Hoy supera la línea de los 1600 puntos. Tendría que caer hasta unos 760. Este último número no es ingenuo: si bien es malo en comparación con otros países, surge de la mediana argentina de los últimos 20 años.
El Gobierno tiene dos grandes murallas enfrente. La más cercana está en enero y la segunda, en julio. El primer mes del año próximo hay vencimientos de deuda por más de US$5000 millones. Caputo y su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se esmeraron en mostrar señales de que ese compromiso no corre riesgo de ninguna manera. A tal punto que no comprenden a quienes piensan y dicen lo contrario.
Quirno avisó que el país depositaría de a uno en una cuenta en el Bony de Nueva York los dólares para pagar los intereses de deuda que vencen en enero, por US$1528 millones. Y el propio Milei aseguró que el Gobierno tenía acordado el rollover de la deuda -renovación-, así como la posibilidad de tomar préstamos con garantía en caso de que la primera alternativa no funcione.
Expuesto en términos simples, el Presidente cree que el mercado terminará creyéndole cuando entienda que cumplirá con el objetivo de equilibrar las cuentas. Tendrá una oportunidad más de demostrárselo en las próximas dos semanas, en el marco de una pelea peligrosa en el Congreso por el futuro de las jubilaciones. Es uno de los temas más importantes que tiene la economía por delante.
Milei puso a negociar un equipo integrado por jugadores destacados de ministerios relevantes. Lo integran el tándem José Rolandi y María Igarzábal (del equipo de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete) junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, enviado de Luis Caputo. Todos colaboran con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Pese a las tensiones con Milei, la institucionalidad permanece en el vínculo de trabajo en el Senado.
El Gobierno juega con cartas dadas vuelta frente a los legisladores. Está dispuesto a recomponer hacia delante el 7,2% que se perdió en abril y a aceptar los requerimientos informativos que reclama el Congreso. Todos eso, a cambio de desligarse del problema de las cajas jubilatorias provinciales y, en especial, eliminar de plano la obligación de ajustar los haberes de acuerdo con el RIPTE o el IPC, según sea el más alto. El plan libertario crujiría si eso pasa, según los negociadores.
Superado el problema jubilatorio, con el RIGI lanzado y las ideas de Sturzenegger en marcha, la Casa Rosada espera arrancar el último trimestre con expectativas renovadas. Interlocutores frecuentes con el equipo económico están cada vez más convencidos de que no habrá dificultades con los pagos de enero. Eso no quiere decir, sin embargo, que Caputo no intente algún ejercicio creativo con los que se siente cómodo, siempre que no sea agresivo con el mercado. Algo similar piensan con respecto a julio.
El problema es que el riesgo país no funciona como una tecla de luz. No baja de un día para el otro. Pero responde con mayor velocidad a unas cosas antes que a otras. La única carta que Caputo tiene para achicarlo con cierta rapidez es eliminar casi por completo el cepo cambiario. Nadie lo sabe mejor que el ministro: los grandes fondos mundiales de inversión son reacios a invertir en países que les ponen restricciones al flujo de capitales.
Los últimos dos meses del cuarto trimestre serán claves para tomar esa decisión fundamental. Milei y Caputo deberían elegir si dan el salto hacia la tercera etapa del plan, como ellos mismos lo definieron, en el camino de la normalización con libre compra de divisas, o hacen contorsionismo financiero para atender la necesidad del momento. La prolongación en el tiempo de esta última decisión tiene consecuencias.
La llegada de Milei mejoró la probabilidad implícita de un evento de deuda. Sin embargo, la proyección para el país es mala. Si se considera un horizonte de 10 años, el mercado descuenta que la Argentina se enfrentará otra vez a una situación de impago, con todos los problemas que eso trae. Es el precio que hay que pagar por haber abierto varias veces ventanas de esperanza que luego no condujeron a nada.
En otros términos, una cosa es conseguir los dólares para el año próximo, y otra es resolver los problemas futuros de manera consistente para que no vuelvan a acechar más adelante.
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