Tras la quiebra, reasignan a los afiliados de APS

Los afiliados a APS, la obra social de empresarios y personal de dirección de empresas de la producción, industria, comercio y servicios que entró en quiebra el viernes último, serán distribuidos entre el resto de las obras sociales del personal de dirección. Así, OSDE absorberá al 45% de los beneficiarios de APS; la Asociación Social de Empresarios (ASE) tomará el 35% y el resto de las prestadoras asociadas en la federación de obras sociales del sector se distribuirán el 20 por ciento restante.

Para financiar el costo de los nuevos afiliados, las empresas recibirán durante los tres primeros meses una suma de dinero proveniente del Fondo Solidario al que aportan todas las obras sociales, y que deberán dividir de manera proporcional. Esa suma asciende a 120.000 pesos.

La decisión fue anunciada ayer a La Nación por el gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, José Antonio Klappenbach. "Esto demuestra que comienza a funcionar el sistema de solidaridad. La división se hará teniendo en cuenta criterios objetivos como nivel de recaudación, edad de los beneficiarios, entre otros", dijo Klappenbach.

El anuncio no cayó en gracia entre los directivos de aquellas obras sociales que recibirán el 20 por ciento de los beneficiarios de APS. "Mañana vamos a hacer una reunión para determinar qué medidas tomaremos", dijo a La Nación , Raúl Pizarro Posse presidente de esa agrupación.

Según Pizarro Posse, la medida podría ocasionar problemas de alguna otra obra social de dirección. "En este momento no hay ninguna otra que esté en quiebra pero sí hay un 50% que está con el agua al cuello; esto significa que si le ingresa una factura de 20.000 pesos no la puede pagar, y si es más de una, la situación se complica. El problema es que en APS quedaron los afiliados que más problemas de salud tienen".

Reclamo

El reclamo de la Federación partirá de un punto: la utilización ("discrecional" según Pizarro Posse) del Fondo Solidario. Este fondo es financiado todos los meses por un 15% de la recaudación de las obras sociales de personal de dirección y por el 10 por ciento de lo que recaudan las obras sociales sindicales.

Según el presidente de la Federación, si se aplicara el concepto de solidaridad, los beneficiarios de APS deberían ser atendidos siempre utilizando ese fondo solidario. "Desde hace 25 años, nosotros somos los que más aportamos y los que menos hemos recibido, porque la asistencia de este fondo en los casos de alta complejidad siempre estuvo dirigida a ayudar a las obras sociales sindicales. Mientras que a nosotros siempre nos la han negado", se quejó Pizarro Posse. Por su parte, Tomás Sanchez de Bustamante, presidente de OSDE, no comparte la postura de sus pares de la Federación. "Nos parece importante que el reparto se haga con la mayor equidad posible, que actuarialmente puedan cerrar los números. Somos conscientes de que a libro cerrado no podemos hablar, pero mañana habrá una nueva reunión donde se nos darían más detalles y los listados de los afiliados que nos tocarán", agregó.

"Se trata de buscar la solución más armónica posible, ya que, por su tipo, la población de APS (por salud, nivel de gasto y edad) no iba a ser facilmente aceptada en otro lado", dijo Sanchez de Bustamante.

A la fecha, los beneficiarios de la Asociación de Prestaciones Sociales (APS) suman unos 7000 entre los obligatorios y los optativos (aquellos que eligieron libremente esta obra social). En épocas pasadas, el número llegó a superar los 200.000 afiliados.

"APS sigue funcionando bajo administración de la sindicatura. Está con las puertas abiertas, al 80% de su actividad normal", dijo a La Nación el ex presidente de esa prestadora, Guillermo Gómez Galizia.

"La decisión de no aplicar en su totalidad el fondo para este caso se debe a que el Gobierno pretende reservarlo para ayudar a la UOM, que tiene un déficit de 60 millones de pesos", dijo una fuente que pidió mantenerse en el anonimato.

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