Tras la devaluación, los precios de la nafta y el gasoil aumentaron entre 35% y 40% en promedio
Habían subido entre 15% y 30% el viernes pasado; es un alza de 65% en menos de una semana; en el año, los precios de los combustibles se incrementaron 232%
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LA NACIONSofía Diamante
Luego de la devaluación que aplicó el Gobierno, las petroleras subieron los precios de los combustibles en promedio entre 35% y 40%, dependiendo la zona del país, con alzas de hasta 45% inclusive. Así, los valores aumentaron 65% en menos de siete días, ya que las empresas habían aplicado otra suba el viernes pasado, de entre 15 y 30%, dos días antes de que asuma el presidente Javier Milei.
Desde el 19 de noviembre, después del balotaje, los precios de la nafta y el gasoil subieron 100%; es decir, se duplicaron en menos de un mes.
Con esta nueva alza, el litro de nafta súper cuesta cerca de $600, lo que equivale a US$0,75 al nuevo tipo de cambio oficial, de $800. En el año, los precios de los combustibles aumentaron 235%.
En el sector explican que el traslado a precios de la devaluación tendría que haber sido entre 70% y 80%. De esa forma, el precio hubiera estado más cerca a un dólar. La suba alcanza a los precios de las estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Puma Energy.
En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), hubo estaciones de servicios que aumentaron hasta 45% sus precios. La petrolera Raízen, licenciataria de la marca Shell, que tiene los valores más altos del mercado, tiene los siguientes precios en Recoleta: nafta súper, $617 (US$0,75); nafta premium, $750 (US$0,94); gasoil súper, $695 (US$0,87), y gasoil premium, $791 (US$0,99). El tipo de cambio de referencia es el oficial mayorista de $800, que subió 120%.
El aumento lo confirmaron las empresas refinadoras, que participaron del tradicional almuerzo del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), que se desarrolla cada año el 13 de diciembre, en conmemoración al día que se descubrieron hidrocarburos en el país.
Allí también se le dio la bienvenida al nuevo presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien asumirá en YPF luego de que se produzca la reunión de directorio de la compañía. También se los despidió a los actuales ejecutivos de la petrolera, Pablo González y Pablo Iuliano. “Esperemos que sea la despedida de YPF, pero no del sector”, dijo Ernesto López Anadón, presidente del IAPG. Hubo un aplauso de las más de 800 personas, que se encontraban en el hotel Sheraton.
Lo mismo ocurrió cuando López Anadón se refirió a la exsecretaria de Energía y actual secretaria de Minería, Flavia Royon. “Tuvo una excelente gestión, con mucha integridad. Siempre fue abierta con todos y esperamos que siga gestionando”, le dedicó López Anadón. Pese a los cambios políticos en el Estado, en el sector energético se mira con optimismo la continuidad en las políticas energéticas y la buena predisposición en las transiciones de los funcionarios.
Si bien se esperaba la presencia del flamante secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, el funcionario se excusó debido a la falta de tiempo. El incremento de tarifas de gas y electricidad será una parte esencial del ajuste fiscal que prometió el ministro de Economía, Luis Caputo. El Gobierno espera recortar en 0,7% del PBI los subsidios económicos en 2024 (además de la energía, se incluye el transporte).
En la cartera energética dijeron que se está trabajando en la implementación del aumento de tarifas y que “en breve habrá noticias”. Se espera que en los próximos 10 días haya una convocatoria a audiencias públicas, que es paso principal para realizar los aumentos.
“Hasta antes de la devaluación, para eliminar subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se necesitaba multiplicar por cuatro la factura final de los hogares medios. Con este impacto de la devaluación, para eliminar subsidios a esos usuarios, se debería multiplicar la factura por 7,5. Además, el valor de distribución (VAD) lleva un atraso del 100%”, dijo el economista Julián Rojo, director del departamento técnico del Instituto Argentino de la Energía “Gral. Mosconi”, en la red social X.
El sector energético tiene los contratos dolarizados en un 80%, aproximadamente. Por lo cual, si antes de la devaluación los usuarios pagaban menos del 70% del costo de producir gas y generar electricidad, luego de la suba del tipo de cambio, lo que se recauda en pesos por tarifas cubre un porcentaje menor de los servicios.
En la actualidad, los hogares N 1 de altos ingresos pagan el 100% del costo de generación eléctrica, mientras que los hogares de ingresos bajos y medios pagan el 12% y 15%, respectivamente, según el último informe del Área Fiscal y Políticas Públicas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).
Fin de la obra pública
Pese a que Caputo dijo en su mensaje grabado del martes que se suspenderán las obras públicas que no se hayan iniciado, en el sector energético ven difícil que el Gobierno no avance con la reversión del gasoducto del norte. Se trata de un proyecto que cambiará el sentido del flujo de gas, para abastecer a las provincias del norte con la producción de Vaca Muerta.
Las obras de reversión demandan una inversión de US$710 millones, pero ya se cuenta con un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF) de US$540 millones. El Estado se comprometió a financiar los US$170 millones restantes, de los cuales ya se desembolsaron US$70 millones en la compra de caños y válvulas, a través de fondos de Cammesa, la compañía con control estatal a cargo de los despachos de energía eléctrica. “El estado tiene que poner solo US$100 millones más para ahorrarse luego entre US$500 y US$600 millones en sustitución de importaciones de gas”, dijo un empresario técnico en el almuerzo petrolero.
En el sector están confinados en la experiencia del técnico Carlos Casares, un especialista en temas de gas que será el próximo interventor en el Enargas y asesor de Rodríguez Chirillo.
Lo mismo sucede con el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que demandaría una inversión de US$2500 millones. Si bien se podría obtener financiamiento privado, las empresas pedirían al Estado una garantía de flujo mínimo de gas para conseguir créditos de los bancos. En ese caso, el Estado no debería destinar fondos públicos, sino ser el “burro de arranque” de los proyectos.
En la industria miran como guía el gasoducto construido hace 25 años en Perú, desde el yacimiento de Camisea (Cusco) a Lima. “Tampoco tenían financiamiento público, pero el gobierno peruano otorgó un certificado que garantizaba el llenado del caño, de forma tal de que las empresas pudieran recuperar el capital invertido. Si no se llenaba un mínimo de metros cúbicos, el gobierno peruano pagaba el seguro. Pero se llenó tan rápido que no hizo falta que el Estado peruano page la garantía. Ese certificado, a su vez, le permitió a las empresas conseguir el financiamiento”, dijeron.
Por Sofía Diamante
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