Todavía es muy prematuro para saber si las medidas del Gobierno tendrán éxito

El kirchnerismo ha definido desde sus comienzos el consumo como una política de Estado. Tras la debacle de 2001/2002, la sociedad argentina tenía abierta no sólo una brutal herida económica y social, sino también una herida narcisista. Buena parte de la población había perdido su condición de "clase media" o temía hacerlo.

En un país donde 9 de cada 10 se autodefinen como pertenecientes a este grupo socioeconómico, no ser de clase media es equivalente a no ser. Para recuperar esa gran referencia de la identidad argentina era necesario generar las condiciones para que la gente pudiera, en primer lugar, volver a trabajar, y a partir de esa condición básica volver a consumir. Fue lo que sucedió en la reciente década. Hoy, aquí y en el mundo, vivimos en una "sociedad de consumidores". El consumo trascendió la microeconomía y opera como un poderoso símbolo social. Y desde allí adquiere dimensión política. Es la era del "ciudadano-consumidor", donde política y consumo se conectan cada vez más. Para buena parte de las personas, en este siglo XXI, "según lo que compro, soy". Y eso tiene luego una gran incidencia a la hora de elegir cómo votar.

El segundo trimestre fue el punto más bajo del consumo en 2012. El retraso de más de 3 meses en cerrar los acuerdos salariales hizo que la gente se quedara con los "precios nuevos" y los "sueldos viejos". Se resignificó la inflación. A valores similares, se la vivió muy distinto. Los volúmenes de ventas de los productos básicos llegaron a caer más de 2% en abril. Hubo un punto de quiebre que modificó el clima de época. La confianza del consumidor y, consecuentemente, la confianza en el Gobierno cayeron cerca de 30% durante el primer semestre de 2012. Era esperable que en un año electoral clave como el actual se procurara evitar el mismo fenómeno.

La inflación es una realidad. Sin embargo, para los consumidores, el efecto central es, más que los precios, la relación entre precios e ingresos. Es decir, el poder adquisitivo. Aquí se encuentra la explicación al acuerdo de precios inicial y a su reciente extensión por dos meses más: la intención es que no se vuelva a desbalancear la relación precios/salarios. Es una medida, en principio, de coyuntura que, siguiendo esta lógica, duraría hasta tanto se cierren las paritarias y entonces los "precios nuevos" se contrapesen con los "salarios nuevos". No imagino un día "120" muy diferente de lo que vino sucediendo hasta aquí: autorizaciones de correcciones de precios divididas en tres gamas de productos -premium, selectivos y masivos- repartidas en distintos meses.

El lanzamiento de la nueva tarjeta Super-Card puede leerse como una medida complementaria al objetivo central: que la gente siga contando con estímulos para seguir consumiendo. Al no ser excluyente, surge como un elemento competitivo más. De hecho, varias grandes cadenas de supermercados ya tenían sus propias tarjetas. Este lanzamiento expresa nuevas tensiones por la renta, propias de un contexto general donde todo crece menos. Invalidar el uso de las tarjetas más masivas podría haber sido contraproducente. Lo que se necesitan son más estímulos, no menos. El consumo se mueve por la necesidad, pero también por el deseo.

Es muy prematuro para saber si las medidas le alcanzarán al Gobierno para sus objetivos. Del mismo modo que es muy pronto para sacar conclusiones sobre los números. Podemos saber cómo van las ventas, pero no cómo hubieran ido sin estos estímulos. Los resultados estarán mucho más claros cuando esté el "dinero nuevo" en la calle. Será justo cuando se lance definitivamente la carrera electoral.

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