Tierra del Fuego: vuelve el debate sobre la sustentabilidad del régimen de exenciones impositivas por su alto costo

En los últimos días, la discusión por la sustentabilidad del régimen de exenciones impositivas que tiene Tierra del Fuego volvió a la agenda pública. De manera directa, tras la presentación de un proyecto de ley por parte de la Coalición Cívica-ARI para derogarlo, e indirectamente, por la decisión oficial de subir los impuestos para celulares, TV y aires acondicionados, así como aumentar el arancel para los productos importados. Además, el Gobierno lanzó el programa Ahora 30 para la compra de productos electrónicos, la mayoría producidos en ese distrito. En este contexto, al histórico tironeo político en torno a la viabilidad del sistema, ahora se suman voces de la academia al debate por la zona franca.

Un avance de investigación realizado por el centro de estudios Fundar, presidido por el matemático Sebastián Ceria, plantea la necesidad de “repensar la reconfiguración productiva de Tierra del Fuego” por el “gasto tributario y el costo de oportunidad” que implica, así como también por el “encarecimiento de la tecnología local”. Se trata de un documento preliminar cuya versión final será dada a conocer en los próximos meses.

El sistema de promoción económica de Tierra del Fuego está en vigencia desde 1972 y fue prorrogado el año pasado hasta 2038. Consta de una serie de beneficios fiscales y aduaneros orientados a promover toda la actividad económica de la isla, incluyendo el sector primario, los servicios y la industria. Esta última es la más relevante de la provincia y abarca a las áreas electrónica, plástica, textil, mecánica y pesquera. A tal punto, que está regida por lo que se conoce como “subrégimen industrial”, que establece normas específicas para que las empresas puedan vender bienes finales en el mercado interno sin pagar derechos de importación ni impuesto a las ganancias. Además, gozan de crédito fiscal por el IVA de las ventas que realizan o de la menor tasa de impuestos internos para los productos electrónicos.

“Estos beneficios que reciben las empresas fueguinas implican menores ingresos para el Estado nacional, que deja de percibir por otorgar ese tratamiento preferencial. Eso se denomina gasto tributario”, aseguran desde Fundar.

Según el centro de estudios, los números del proyecto de presupuesto 2023 reflejan el impacto del actual sistema en el erario público. “Ascenderá a $520.000 millones o US$2382 millones, valuados al tipo de cambio de fin de año que utiliza. Esto es nada menos que el 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino”, afirman.

Y agregan: “Representa más de la mitad de las exenciones impositivas en regímenes de promoción de todo el país y equivale a diez veces el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, un sector dinámico, con potencial de generar empleo calificado y exportaciones”. Asimismo, citan otra comparación para graficar el impacto: “En 2021 el gasto tributario asociado a Tierra del Fuego representó casi el 60% de los recursos destinados a la Asignación Universal por Hijo”.

En tanto, el encarecimiento de la tecnología local –sostienen desde Fundar– constituye la segunda dimensión de los costos asociados al régimen. “Otro costo de promover la actividad electrónica fueguina es su impacto en los precios finales de los bienes tecnológicos que hoy en día son vehículos de acceso a la educación y al trabajo”.

Un debate recurrente en la política

La discusión en torno a la viabilidad del régimen de exenciones impositivas que tiene Tierra del Fuego cobró vigencia en el último año, volvió no solo por su prórroga hasta 2038 (vencía en 2023), sino por los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de reducción déficit fiscal. Además, en la última semana, se intensificó tras el proyecto de derogación que desató la interna en Juntos por el Cambio y los anuncios oficiales que involucran a la industria electrónica de la provincia.

El proyecto de presupuesto 2023 firmado por el Frente de Todos propone elevar el impuesto interno de 6,55% a 9,5% para la fabricación en la isla, al tiempo que prevé incrementar el arancel para los productos importados de 17% a 19%. Asimismo, se lanzó el programa Ahora 30, un plan de cuotas con tasa subsidiada al 48% y en cuotas fijas para celulares de gama baja y media, televisores, aires acondicionados y otros productos, que suman un total de 268.

Si bien estas últimas son medidas coyunturales que podrían redundar en un encarecimiento de los productos electrónicos, la cuestión de fondo es la sustentabilidad del sistema fueguino, por la que radican las diferencias en la oposición.

El proyecto de ley presentado días atrás por la CC-ARI consiste en eliminar el régimen en cuatro años, con seguros de desempleo por cinco años, promoviendo la reducción gradual del impuesto interno y de los aranceles, así como las barreras de importación. De esta manera, los legisladores buscan “asegurar que los cambios del proyecto no deriven en un incremento de precios”. No obstante, el comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) rechazó “de manera tajante” la iniciativa, ya que “[el actual sistema] promueve la radicación de industrias y población” en la isla.

“La ley 19.640 surgió como una estrategia geopolítica de integración nacional para dotar de herramientas a Tierra del Fuego para que, por un lado, pudiese desarrollarse y, por otro, para que lograra integrarse al territorio nacional debido a que está ubicada a 3000 kilómetros de los grandes centros urbanos y de consumo”, explicaron los radicales a través de un comunicado.

En tanto, en los considerandos del proyecto de ley, la CC-ARI insistió en que persiguen dos objetivos claros. “Por un lado, la eliminación de los gastos tributarios que son inaceptablemente acumulados por un puñado de empresarios, a costa de las cuentas fiscales de la Nación y, por el otro, un aumento de la oferta y baja de los precios de los productos electrónicos en beneficio de todos los consumidores argentinos”, afirmaron.

LA NACION intentó comunicarse con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) para conocer su opinión sobre el encarecimiento de la tecnología local que implicaría el subrégimen, pero no obtuvo respuesta.

“Repensar el régimen”

De acuerdo con el relevamiento de Fundar, el objetivo que le dio origen al sistema en 1972 fue poblar a la provincia más austral del país y para ello era necesario fomentar el desarrollo de nuevas actividades económicas con capacidad de generación de empleo. “Tal objetivo fue alcanzado con creces: la isla pasó de tener menos de 15.000 habitantes al inicio de esa década a tener casi 180.000 en el presente. En medio siglo la población argentina se duplicó, mientras que la fueguina se multiplicó por trece”, aseguran.

Según datos del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC) de Tierra del Fuego, las actividades industriales que benefician al subrégimen emplearon en 2021 a 10.827 personas. De este total, “8344 pertenecían al sector de electrónica, es decir, casi 8 de cada 10 de los empleos alcanzados por el subrégimen. Le siguen en importancia la industria plástica (701 puestos), textiles (629), pesqueras (466) y confecciones (297)”, precisaron desde el centro de estudios.

Si bien Fundar destaca lo que representa el sistema para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en Tierra del Fuego –sobre todo a partir de 2009, cuando se estableció la alícuota diferencial de impuestos internos entre los electrónicos producidos en la isla y el resto del país– hacen énfasis en sus costos y en la necesidad de avanzar en la “reconversión” de la política industrial “más duradera” y que “más recursos demanda en la Argentina”. “Es un desafío complejo, pero es posible”, afirman.

“Es necesario evaluar cuáles serán las nuevas actividades productivas que se buscará desarrollar en la isla y definir los instrumentos que se utilizarán para su fomento, así como también la temporalidad y el costo de los mismos”, añaden.

Y concluyen: “Las nuevas actividades deberían tener una serie de atributos deseables. En primer lugar, ser, luego de un tiempo establecido para su desarrollo y maduración, sectores autosustentables. Asimismo, se deberá analizar la capacidad de estos sectores de generar empleo –priorizando el objetivo de mantener la cantidad de puestos de trabajo total en la provincia– así como también de permitir ir bajando paulatinamente el gasto tributario asociado”.

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