Tests PCR: el Gobierno dejó pruebas sin usar y favoreció a sus socios políticos
Una mirada en el tiempo sobre el manejo de la pandemia a través de datos oficiales, pero hasta ahora desconocidos, sugiere la lógica que siguió la distribución de recursos por parte del Gobierno respecto de un insumo clave: los tests para diagnosticar Covid-19.
Una investigación de LA NACION sobre el destino de las pruebas de PCR adquiridas por el Estado o donadas traza un esquema de decisiones que resultó favoreciendo a socios políticos u opositores de buen trato con el Frente de Todos. Además, revela la existencia de recursos sin utilizar, pese a que su empleo fue uno de los principales reclamos en la gestión de la pandemia.
El destino de los tests, sin embargo, no puede ser leído sólo en clave política. El ejemplo más evidente es el de la ciudad de Buenos Aires. Está entre las menos favorecidas con las pruebas diagnósticas, algo que ocurrió en parte por decisión propia. Sucede que al principio de la pandemia se anticipó a hacer una compra grande de PCRs y luego priorizó otros pedidos al Ministerio de Salud.
El caso pone de manifiesto el dilema que creó el coronavirus en las administraciones públicas de diverso rango: prepararse para evitar los contagios o enfrentar sus consecuencias mediante el fortalecimiento del sistema de salud.
LA NACION intentó consultar al Ministerio de Salud sobre los criterios de asignación de los tests, pero no obtuvo respuesta de parte del vocero de Ginés González García.
Los testeos están en el centro de la polémica porque son un insumo clave para la estrategia integral que incluye el rastreo de casos y el aislamiento personas, algo que puede frenar la propagación del virus. Es por eso que la limitación en esos recursos terminó, según diversos especialistas, agregando tensión a los sistemas sanitarios locales y al trabajo de las gobernaciones, que salieron a buscar insumos por su cuenta.
Cifras
Hasta el 11 de septiembre pasado, la última fecha para la que existe información oficial disponible de todos los ítems revisados por LA NACION, el Ministerio de Salud contaba con 813.470 determinaciones diagnósticas para Covid-19 en manos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Malbrán.
Casi siete de cada 10 habían sido compradas por el Estado, mientras que el resto provenía de donaciones. La mayoría estuvo a cargo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem).
Hasta septiembre sólo se había distribuido el 65% de los tests disponibles. Dicho de otro modo: mientras especialistas y oposición reclamaban una búsqueda más agresiva y eficiente de potenciales casos, estaban a la espera para su uso casi 290.000 pruebas.
La distribución y el uso de las muestras arrojan otro dato llamativo. El cruce de información evidencia que si bien la demanda era cada vez mayor, al menos 10 distritos tenían capacidad ociosa. Así Formosa, Chubut, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, San Luis, Chaco, Salta y Santiago del Estero habían recibido muchos más tests en comparación con los que habían hecho.
La afirmación anterior se desprende de analizar las respuestas oficiales a pedidos de acceso a la información pública, la base de datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación, los reportes diarios nacionales y provinciales y consultas con fuentes que participan del proceso de toma de decisiones políticas y sanitarias.
Cifras opacas
Una aclaración metodológica: las cifras que rodean a la pandemia pueden ser en ocasiones opacas. Basta con mirar de cerca el caso de Formosa, provincia ejemplar en el manejo de la crisis según funcionarios del Frente de Todos.
En el parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 formoseño del 11 de septiembre figura que se habían hecho 10.182 testeos con 105 resultados positivos (la positividad más baja del país). Pero la base de datos abiertos del Ministerio de Salud indicaba para esa provincia solo 1236 testeos para el mismo período.
La capacidad ociosa en materia de testeos también fue señalada por referentes del sector privado. El responsable de uno de los cinco sanatorios más importantes del país recordó, con pedido de reserva de su nombre, la pelea que se desató por los tests de PCR al principio de la pandemia. En su caso, un laboratorio le había cedido los reactivos para calibrar las máquinas y avanzó en la venta de 1500 unidades, pero luego dio marcha atrás porque el Gobierno decidió avanzar en una adquisición centralizada. Lo mismo que sucedió con los respiradores.
Eran momentos en que el mundo demandaba los mismos insumos y no alcanzaba la producción de ningún oferente. Pero ese escenario cambió. Al hablar de número, desde el sector privado de la salud admiten que si bien hacer pruebas de PCR no les representa un negocio de largo plazo, ayuda a tapar el bache que produce en sus cuentas la caída de otros estudios médicos por temor al contagio.
Importados y con un valor que se abona en dólares, el costo directo de un test diagnóstico en la pandemia está entre los $2000 y los $2400, según la devaluación del peso. Pero en el área metropolitana llega a rondar los $4500 y, en las provincias, hasta $8000. Un mercado efímero, pero pudiente, ya que también alcanza a los que necesitan un resultado negativo para poder viajar, ya sea por trabajo, estudio o vacaciones.
¿Criterio sanitario o político?
El criterio adoptado para la distribución se sustentó en la evaluación del estatus epidemiológico de cada provincia y en los pedidos de la autoridad sanitaria, detalla el último informe que presentó Congreso el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
El relevamiento de LA NACION sugiere que el destino de los tests pudo haber seguido un criterio sanitario impreciso de acuerdo con el momento en que se encontraba la curva de contagios durante la pandemia, pero no parece ajeno a la paleta de color de la política nacional.
Hasta mediados del mes pasado, se distribuyeron 526.110 del stock nacional de tests. Poco más de la mitad (54%) se destinó desde marzo y, sin que siempre la curva epidémica así lo justificara, a tan solo cinco provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba y Jujuy.
El primer distrito está a cargo de Axel Kicillof, alfil de la vicepresidenta Cristina Kirchner y responsable del curso que tome la pandemia en el conurbano, una zona neurálgica que aglutina al mismo tiempo el 47% de los casos de Covid-19 del país esta altura del año y la base electoral del Frente de Todos, si se tienen en cuenta los resultados de las últimas elecciones.
Santa Fe es un distrito peronista de buena relación con la Casa Rosada y Chaco, más expresamente kirchnerista, mientras que Córdoba está a cargo de un peronista díscolo como Juan Schiaretti y Jujuy, de Gerardo Morales, un radical de buen trato con el presidente Alberto Fernández en el contexto de la pandemia.
El 21% de las pruebas distribuidas fueron a la provincia de Buenos Aires. La proporción parece razonable al tener en cuenta su población -allí reside el 38% de los argentinos- o sus desafíos sanitarios. Eso sirvió para cubrir el 13% del total de los 432.435 diagnósticos que declara haber hecho la jurisdicción.
Ciudad de Buenos Aires
Pero su vecina, la Ciudad de Buenos Aires, también acosada por la pandemia, recibió un 0,6% del stock de Nación que alcanzó para cubrir el 0,35% de las 848.647 pruebas por PCR hechas a residentes y no residentes porteños.
En parte, la diferencia en la asignación de este insumo esencial tuvo que ver con diferencias en la forma de gestionar la pandemia entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández.
Por ejemplo, con los primeros casos, la Ciudad puso en marcha una licitación para obtener pruebas diagnósticas (para unas 400.000 muestras) que apuntaló su estrategia de detección.
En cambio, Nación, más activa en otras áreas, inclinó su demanda hacia insumos como los respiradores, donde intervino la producción y venta, o los equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores de la salud en la primera línea de atención que demandaban elementos de seguridad frente al nuevo coronavirus.
El capítulo de los testeos sigue la misma regla que otro relacionado con los fondos para la preparación de infraestructura para la pandemia. Según precisan datos del Ministerio de Obras Públicas, hasta octubre se habían desembolsado, o se habían proyectado, iniciativas por $10.178 millones en ese rubro, de los cuales $4054 millones estaban destinados al distrito de Kicillof. Representan el 39% del total. La Capital Federal se llevó el 0,45%.
En tanto, la información disponible en el último informe al Congreso presentado por Cafiero muestra que hasta septiembre el dinero en obras realizadas se había destinado en un 79% a Buenos Aires.
La supremacía de recursos a favor de la provincia tiene que ver, según Obras Públicas, con el diagnóstico que la cartera a cargo de Ginés González García hizo al principio de la pandemia sobre los lugares que podrían estar más afectados.
Si bien se sabía que la denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -también incluye a la Ciudad- sería la zona caliente, fuentes oficiales sostienen que se destinaron a la Capital menos recursos porque estaba mejor equipada en términos de infraestructura hospitalaria.
Otro de los criterios utilizados fue la velocidad con la que se podían sumar camas. Los distritos con obras próximas a su finalización tenían más posibilidades en comparación con los que estaban atrasados.
Vista en clave política, la distribución de recursos para la pandemia como apuntalamiento de la gestión parece un eslabón más de una cadena extensa. Comenzó en los dichos, cuando Alberto Fernández sostuvo que Buenos Aires era "una ciudad que nos llena de culpa por verla tan opulenta", y continuó en los hechos con la quita de 1% de coparticipación al distrito de Rodríguez Larreta para atender la crisis de la policía bonaerense.
Kicillof recibió en los primeros seis meses del año $88.585 millones, de acuerdo con un informe de la consultora Aerarium. Es un 821% más que en el mismo período del año pasado.
Además, Buenos Aires, que tiene un 35% del producto bruto, se quedó con el 51% de los recursos discrecionales. Y si bien tiene una gran cantidad de pobres, sus niveles son menores en comparación con distritos que no tuvieron ese dinero adicional proveniente de la Casa Rosada.
Metodología y fuentes
La cantidad de tests realizados por jurisdicción fue tomada del Informe al Congreso del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero N° 127.
La distribución de determinaciones a las jurisdicciones se obtuvo a partir de un pedido de acceso a la información pública Anlis Malbrán.
También se utilizaron reportes sanitarios de las distintas jurisdicciones y la base de datos de Casos del Ministerio de Salud de la Nación para evaluar la precisión de los datos utilizados.
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