Tenedores de criptomonedas fueron a la Justicia para frenar una medida del Banco Central

Una solicitud de información a los bancos, del organismo que preside Miguel Ángel Pesce, generó resistencia entre los tenedores de criptomonedas. Mediante una comunicación privada a las asociaciones bancarias, el Banco Central les requirió que identifiquen en un listado nombre, Cuit y domicilio de clientes que cuenten con criptomonedas.

El pedido derivó en la presentación de un amparo en la justicia para frenar el acceso a datos protegidos sobre inversores en divisas digitales.

“El contexto fue extraño, porque los datos que pidieron son identificatorios de personas que hayan operado con criptoactivos, no hay más información que esa. Nos enteramos porque se filtró el pedido en Twitter, si no, no nos enterábamos que estaba acumulando esa información sobre un montón de gente. No hubo una circular del Banco Central dirigida a todos los bancos”, dijo Víctor Castillejo, abogado y miembro de ONG Bitcoin Argentina.

De acuerdo con la nota que recibieron los bancos, la finalidad es recolectar información para evaluar si es necesario regular el mercado de criptomonedas.

“Si el objetivo es regulatorio lo que tendría que interesarle es tener estadísticas sobre lo que está pasando con las criptomonedas, pero no los datos personales de individuos. El Banco Central se está metiendo con el derecho a la privacidad que tienen los individuos constitucionalmente. Es un ejercicio que no tiene y no está respetando la ley de protección de datos personales que es sumamente importante en estos tiempos”, agregó Castillejo.

El abogado interpuso ayer un hábeas data para impedir que el Central recabe la información. La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 a cargo del juez Edgardo Walter Lara Correa quien tendrá que determinar la legalidad de la solicitud de la entidad.

La ley de protección de datos contempla como principio que se tiene que explicar en detalle para qué se va a usar la información y que sea pertinente lo que se solicita en relación con lo que se está buscando. Además, es necesario contar con el consentimiento de los individuos para que se utilicen sus datos.

Fuentes oficiales del Banco Central sostuvieron a LA NACION que la medida se trata de un “stocktaking”, un relevamiento ante la falta de regulación e información sobre las criptomonedas. “Algunas entidades y operadores realizaron consultas al Central sobre las regulaciones para operar con estas divisas. Como parte del proceso, se hizo consultas a los bancos para conocer el volumen y profundidad de la utilización o compra de criptoactivos”, dijeron.

Luego agregaron: “Es una práctica habitual pedir información a los bancos sobre distintos temas de interés antes de avanzar en la elaboración de regulaciones. No significa que se vaya a regular, sino que se está estudiando si corresponde hacerlo”. Desde la entidad confirmaron que el área financiera es quien está estudiando la necesidad de implementar alguna regulación.

En la ONG Bitcoin Argentina consideran que la compra de criptomonedas es una respuesta a las condiciones macroeconómicas del país en los últimos años. Ante la depreciación de la moneda local, los inversores y ahorristas se encuentran atentos a medidas de inversión menos ortodoxas y busca alternativas para reservar su valor. La organización entiende que al no ser monedas de curso legal, no entran dentro de la esfera de control del Banco Central.

Mañana vence el plazo dispuesto por el Central para que se presente la información, aunque desde la entidad no determinaron las posibles consecuencias que podrían recaer sobre los bancos si omiten lo requerido.

Conforme a los criterios de

Conocé más

Cambios profundos en 2025. Detalles de una propuesta que liquida 23 años de historia en el inicio de un experimento único

Lágrimas de constructores. El Gobierno oficializó la poda a la obra pública y el Tesoro le pidió a la Secretaría que devuelva 1 billón de pesos

Impuesto PAIS. Qué efectos tendrá, en costos, precios y recaudación, la eliminación de la carga fiscal