Teletrabajo. El Gobierno tranquiliza a las empresas sobre el punto más polémico

Lo que el Congreso da, el Ejecutivo atempera. Al menos así parece encararse el armado del nuevo régimen de teletrabajo, ayer aprobado por el Senado en una norma que lo regulará y, para las empresas, lo "matará". Ante ese escenario, el Ministerio de Trabajo, a cargo de la reglamentación del texto, adelantó que convocará al sector privado para revisar los puntos que generaron más polémica.

Hay una realidad: el proyecto de ley no salió del Ejecutivo sino del mismo Congreso, por lo que todavía queda un resquicio de esperanza para los empresarios de poder conversar con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Buscan que el efecto de la norma aprobada en el Congreso no sea el esperado.

El punto que crispó más los ánimos entre los empresarios es, por lejos, la reversibilidad, la condición por la que una persona que teletrabaja puede pedir -unilateralmente- revertir su condición y volver a la oficina. En caso de recibir una respuesta negativa, ese trabajador puede considerarse despedido. Esto, tal como lo entendieron las cámaras empresarias que alzaron su voz contra la ley, implicaría que las compañías deberían cargar con el "costo hundido" de tener un escritorio "por las dudas".

En reuniones con representantes del sector del software y de la exportación de servicios, Moroni comenzó a esbozar un principio de reglamentación que, en este sentido, pinta un panorama mucho menos sombrío. Fuentes cercanas al funcionario comentaron que se quiso llevar "calma y tranquilidad".

En primer lugar, aclararon, toda la reglamentación va a pasar por el Ministerio, que va a convocar a cada uno de los sectores. El objetivo, aclararon, es armar "juntos" la letra chica de la ley cuando finalmente se defina la reglamentación.

Tal como lo entiende el Gobierno hoy, la reversibilidad es inaplicable para los nuevos trabajadores. Para el Ministerio de Trabajo, no puede ejercerse este derecho porque no habría una condición preexistente a la que retornar. Es decir, si una persona nunca tuvo un escritorio en una oficina, no podría "revertir" su forma de trabajar porque en principio nunca estuvo en el otro escenario.

De ese modo, en el entorno del ministro entienden que no hay un desincentivo a contratar nuevos teletrabajadores. De esa forma, intentaron bajarle el tono a este artículo, que fue el que más encono provocó entre los empleadores, tal como se vio en la reunión que las cámaras empresarias tuvieron con la Comisión de Trabajo del Senado.

Tal como pudo saber LA NACION, en esas reuniones que Moroni mantuvo con cámaras empresarias prometió una reglamentación que comprendiera las principales objeciones del empresariado. De hecho, hasta "festejó" que el proyecto que finalmente salió del Congreso fuera uno de los más "abiertos" entre la veintena que había circulando, porque este "habla más de principios y menos de regulaciones" de mayor rigidez.

De todos modos "no hay apuro", completaron en el entorno del ministro. La norma comenzará a regir 90 días después de que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). "Para ese momento, todos los que tenían que volver a sus puestos de trabajo habitual van a haber vuelto", concluyeron.

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