Telefonía, cable e internet. Sorpresa entre las empresas por el decreto que establecerá que son servicios públicos esenciales
El tuit del presidente Alberto Fernández en el que anunció que declararán servicios públicos esenciales a la telefonía celular, a internet y a la televisión paga cayó como sorpresa entre las compañías del sector. Según dijeron a LA NACION no estaban al tanto del decreto de necesidad y urgencia y no saben qué va a pasar con los aumentos que ya anunciaron a sus abonados para septiembre, de hasta un 11% en promedio.
"Hasta que no veamos el DNU no sabemos nada", habían respondido desde una de las firmas, mientras que fuentes de Movistar dijeron que tampoco contaban con información oficial. "Aguardaremos la notificación por los canales formales y luego podremos opinar al respecto. Está claro que si se concreta lo trascendido en las redes sociales del Presidente, nos parece un error y un retroceso para la industria y el país. Pero no hay que adelantarse", agregaron. Finalmente, la disposición se oficializó anoche a través del Decreto 690/2020 publicado en el Boletín Oficial.
Lo cierto es que hace dos semanas los tres operadores Telecom, Movistar y Claro habían anunciado a sus clientes aumentos en las prestaciones de telefonía prepaga, pospago, internet, cable y hasta teléfono fijo después de meses de congelamiento.
Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas.&— Alberto Fernández (@alferdez) August 21, 2020
En el caso de las líneas prepagas no hay aumentos hace casi un año, mientras que los servicios pospagos, internet y cable estaban congelados desde abril hasta fines de este mes.
Sin embargo, ante la consulta de este diario fuentes del Enacom respondieron que las subas no se aplicarán y "se frenan hasta el 31 de diciembre" y después de eso el Estado regulará el precio, potestad que estaba incluida dentro de la ley Argentina Digital, norma derogada por el Decreto 267, que firmó el expresidente Mauricio Macri.
Con la cuarentena ya vigente, el Gobierno tomó una serie de medidas respecto a los abonados. La primera fue el DNU 311 del 24 de marzo pasado –prorrogado hasta fin de año por el decreto 543/2020– por el cual las empresas prestadoras de telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, entre otras no pueden disponer la suspensión o el corte del servicio por mora o falta de pago de hasta tres facturas de ciertos usuarios.
Entre los residenciales, se vieron alcanzados, entre otros, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, del seguro de desempleo, inscriptos en el monotributo social, jubilados, electrodependientes y personal de casas particulares.
Entre los no residenciales, mipymes, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas e instituciones de salud públicas y privadas afectadas en la emergencia.
Pero más allá del no corte, las empresas deben ofrecerles a estos usuarios un plan de servicio reducido con ciertas prestaciones dependiendo del servicio del que se trate. Y luego del congelamiento de las tarifas anunciado el 18 de mayo, el Enacom informó los valores y las características de los planes complementarios de telefonía móvil y fija, internet y TV paga disponibles, estos sí para cualquier usuario que quiera cambiarse de su prestación a esos planes que garantizan conectividad a un precio bajo. De acuerdo con esa comunicación, cuestan $280 por mes para telefonía e internet móvil de pospago, $100 final por mes para planes prepago móvil y $830 para abonos de internet fijo.
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