Telecomunicaciones: Licitarían 5G en 6 meses en busca de unos US$1800 millones

En medio de las suspicacias que generó la foto del presidente Alberto Fernández en el Centro Tecnológico Huawei por el fantasma de que el Gobierno pudiera favorecer a la firma china en la futura licitación de 5G en contra de los deseos de la embajada de los Estados Unidos, lo cierto es que desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pisaron el acelerador y hablan de que en seis meses podrían estar los pliegos para licitar el espectro de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil.

Según fuentes allegadas al proceso, el Ejecutivo apunta a recaudar US$1000 millones, más otros US$800 millones por el remanente que quedó de 4G, licitado en 2014.

Más allá de esta decisión, en las empresas no estarían tan ansiosas de invertir por el contexto económico del país y la guerra judicial en la que se encuentran por el DNU 690/2020, que declaró a las telecomunicaciones servicio público y estableció que los precios serían fijados por el Estado.

En diálogo con LA NACION, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, le puso un nuevo plazo a cuándo se lanzaría la subasta de espectro y habló de unos seis meses. “Está el trabajo de sacar a los que están en las bandas que nosotros designamos para 5G y migrarlos a otras y hay que aprobar el reglamento. Y, una vez que esté todo eso, tenemos que sentarnos a terminar de evaluar con Jefatura de Gabinete y el presidente cuánto valen las bandas y cuál va a ser la estrategia comercial de esta licitación: si va a prevalecer un mayor despliegue o el precio”, explicó.

En este sentido, dijo que, a nivel regional, en la subasta de Chile se pagó un precio caro por el espectro (US$453 millones) y en Brasil uno barato (US$8400 millones). En el caso brasileño se privilegió que parte de la inversión se destine a despliegue.

“Aunque parezca caro, en Brasil, hablamos de 212 millones de habitantes y, en Chile, de 19 millones. En Chile es inmensa la cantidad que tienen que pagar las empresas cuando el volumen de negocio de Brasil es infinitamente mayor. Así que eso también tenemos que terminar de determinarlo y después solo queda la decisión política”, continuó.

Fuentes al tanto del trabajo técnico hablan de un objetivo de recaudación muy preliminar en torno a los US$1800 millones: US$1000 millones por el espectro de 5G y US$800 millones por el remanente de 4G, si bien las empresas no estarían desesperadas por participar. Fuentes del mercado dijeron que hablar de 5G cuando todavía queda pendiente continuar con el despliegue de 4G es “poner el carro delante de los caballos” y que la vía para achicar la brecha digital es 4G y no 5G que está más pensado para usos industriales.

“Las empresas no están apuradas en invertir millones por el contexto macroeconómico, a lo que hay que sumarle la disputa por el DNU 690. Este es un escenario distinto al de la licitación de 4G en la que el Estado recaudó US$2200 millones porque los operadores estaban colapsados y tenían que sí o sí hacer el up grade. Hoy todavía no hay casos claros de negocios con 5G y en donde menos relevante va ser es en la telefonía celular. No cambia el panorama como sí lo hace en otros usos como los industriales”, detalló el especialista Enrique Carrier.

En otras palabras, las empresas tendrían que hacer la inversión, pero no podrían cobrar más caro, ni crecerían de a millones de clientes como hace 10 años.

En el Enacom dicen que por lo menos dos de las compañías –Telecom y Claro– manifestaron su intención de participar en una eventual subasta y que lo judicial no es un escollo. “La situación actual no es un impedimento para avanzar en la licitación y ellos lo saben porque se trata del mismo proceso que se viene dando a nivel regional y mundial y las compañías quieren acompañar”, afirmó el director general de Asuntos Jurídicos y Regulatorios del Enacom, Diego Leiva.

Una discusión judicial

En cuanto a cómo continúa el proceso de desjudicialización del DNU 690 planteado por el vicejefe de gabinete, Jorge Neme, Ambrosini dijo que están en una instancia de diálogo y que las empresas acercarán sus propuestas para flexibilizar la situación actual. “Lo que es real es que las telecomunicaciones no van a dejar de ser servicio público porque eso lo ancló el 690, pero necesitamos avanzar para tener previsibilidad de lo que va a ser el esquema a transitar este año con las diferentes variaciones de precios debido a los diferentes índices de inflación que tengamos”, apuntó.

Consultado por la selección de proveedores de infraestructura para 5G por el caso Huawei, Ambrosini dijo que el Gobierno permite que las compañías elijan con quienes desean trabajar independientemente de los problemas geopolíticos que se plantean hoy en el mundo con la situación de China y los Estados Unidos. “La regulación es sobre las compañías que brindan telefonía. Después veremos si se comprueban ciertas afirmaciones, pero, por ahora, damos libertad plena para que utilicen la tecnología que les sea más favorable”, cerró. En el caso de Telecom, vienen trabajando con Huawei y la finlandesa Nokia y Movistar lo hace con la sueca Ericsson. Claro no tiene aún definido su proveedor.

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