Telecomunicaciones: cuáles son los planes de La Libertad Avanza para el 5G, según uno de sus referentes

El interés de La Libertad Avanza (LLA) en la licitación del espectro para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G) viene desde hace tiempo. La subasta que permite recaudar dólares que van al Tesoro sería parte de los recursos del fideicomiso a través del cual se conseguirían las divisas para dolarizar, según el plan de Emilio Ocampo.

En este sentido, Javier Milei le mandó una carta al presidente Alberto Fernández después de las PASO para que no siguiera adelante con el proceso y hoy anunció que directamente presentará una medida cautelar para interrumpirlo, a pesar de que las tres empresas de telefonía celular ya dieron sus garantías para participar.

“La idea es que no podemos hipotecar en este gobierno un bien del gobierno que viene”, explicó Rodolfo Bianchi, el referente telco de La Libertad Avanza, que hoy participó de las Jornadas 2023 de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).

“La licitación es algo que se tiene que hacer con un nuevo gobierno. Se podría entender que esta gestión tiene un fin recaudatorio y la idea es que la telefonía llegue a todos. Hay que repensar la licitación y yo soy el que tiene que escuchar qué es lo que tiene para decir el sector”, agregó en diálogo con LA NACION.

Bianchi fue candidato a intendente de San Rafael por la LLA, es dueño de una empresa que brinda conexión a Internet en San Rafael y en Colombia y vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI). Según explicó, integra el equipo de innovación de LLA a cargo de Alejandro Cosentino, fundador de la fintech Afluenta, que también estuvo en el evento realizado en el hotel Hilton de Puerto Madero.

Consultado por la asignación de espectro a la empresa estatal Arsat, uno de los puntos de la licitación de los que más se había quejado el sector privado, dijo que se tiene que “repensar”, al igual que las competencias de la compañía.

“La idea sería poner en valor a Arsat para que los recursos de la Argentina que van ahí no estén tan subutilizados. Hay que repensar la empresa mirándola desde cada uno de los negocios que tiene -telefonía móvil, satélites, etc.-para ver qué es lo que más conviene, cómo le damos optimización, porque su rol actual no es armonioso con el de otras empresas de telecomunicaciones y pymes”, sumó.

El pedido de cautelar de LLA tomó por sorpresa al sector. El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, que estuvo en la apertura oficial del evento, dijo que no entendía cómo un candidato que brega por la libertad pide una cautelar sobre un tema cuando hay un acuerdo del sector privado. Sin embargo, fuentes allegadas al ente creen que no prosperará rápidamente porque los jueces deberían correr vista al Estado para que haga un informe de cada uno de los temas que incluye la medida -pase de empleados públicos a planta permanente en determinadas dependencias, contrataciones en distintas áreas y la adjudicación de contratos para la emisión y entrega de DNIs y pasaportes, entre otros- y después decidir.

Por otro lado, con respecto al DNU 690/2020 –que impuso un control de precios sobre los servicios de telecomunicaciones-, Ambrosini sostuvo que desde el Enacom están haciendo consultas con el presidente, Alberto Fernández, y con el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, para “flexibilizar” algunos aspectos porque se dictó en una situación de emergencia por la pandemia de Covid-19 que ya pasó. Ahora, evaluarán cómo seguir.

Por su parte, Bianchi dijo que en su relevamiento detectó que el sector quisiera que el DNU “no esté”, pero que no sabe si se derogaría en un eventual gobierno de Milei. “Quienes queden a cargo de implementar el plan telco dirán”, agregó.

En tanto, el ex ministro de Modernización de Mauricio Macri, Andrés Ibarra, y la directora por la oposición en el Enacom, Silvana Giudici, -referentes de Patricia Bullrich- fueron más enfáticos respecto del futuro del decreto en un eventual nuevo gobierno de Juntos por el Cambio. “Hay que eliminar regulaciones distorsivas, como el DNU 690, que solo ha frenado o demorado inversiones”, dijo Ibarra en su ponencia.

“Juntos por el Cambio va a continuar con una visión productivista que genere más desarrollo económico. Por eso necesitamos un esfuerzo y un complemento entre la industria TIC y el próximo gobierno que permita subsanar cuestiones como el 690, que debe ser derogado, y el Fondo de Servicio Universal, que debe ser rediscutido”, agregó Giudici.

Si bien el decreto está vigente para algunas compañías, la mayor parte del sector sigue amparada por cautelares que obtuvo en la Justicia, por lo que siguen pudiendo establecer libremente sus precios.

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