Tasa de Justicia: el misterio detrás del cheque de $3 millones que el Presidente usó para hacerle juicio a Bullrich

Hace días que para hablar de los problemas judiciales del presidente Alberto Fernández se habla de millones. Sucede que, después de una negociación, la Justicia homologó un acuerdo para extinguir la acción en la causa de la fiesta en Olivos. Pagará $1,6 millones que, según dejaron trascender en su entorno, se financiaría con un crédito.

Sin embargo, con solvencia y sin pedirle a nadie, hace poco menos de un año, el Presidente depositó $3 millones para poder demandar a Patricia Bullrich. Lo hizo en silencio, poco antes de que se conociera el escándalo del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez. En aquellos días, no hubo reparos a la hora de pagar; desde entonces, el origen de aquellos fondos se han convertido en un secreto de Estado.

Además, llama la atención el monto. Un par de meses después del pago, el Presidente Alberto Fernández presentó su declaración jurada de bienes en la que dijo tener tener un patrimonio de 5.713.000 pesos al cierre de 2020. Desde ese momento hasta el pago posterior, recibió un sueldo como Jefe de Estado que, según informó LA NACION, en marzo de 2021 era 256.207,83 en el bolsillo. Cómo financió los más de $3 millones de tasa de Justicia es una incógnita.

La historia de aquel importe está revestida de no pocos misterios. Todo empezó cuando el Jefe de Estado demandó a la titular de Pro, luego de que ella sugiriera que el Gobierno intentó colocar un socio local en la compra de vacunas de Pfizer contra el coronavirus para cobrar un “retorno”.

Fue entonces cuando los tres involucrados en la acusación, decidieron demandar a Bullrich. El exministro de Salud, Ginés González García, hizo su presentación y reclamó $350.000 en concepto de daños y perjuicios. El empresario Hugo Sigman, otro de los que se sintió aludido, hizo lo propio con un pedido de indemnización de $20 millones. Y finalmente, el Presidente, con el patrocinio del letrado Gregorio Dalbón, pidió que sea reconocido un monto resarcitorio de $100 millones.

Las audiencias de mediación extrajudicial fracasaron y llegó el momento de presentar las demandas por daños y perjuicios. Sin embargo, el ordenamiento jurídico argentino establece que para acceder al juicio se debe pagar un 3% del monto en cuestión en concepto de tasa de Justicia. También establece que, para el caso que no se puedan generar ingresos extraordinarios como para pagar el tributo, se pueda iniciar un expediente llamado “beneficio de litigar sin gastos”. Es allí donde se debe demostrar que no es posible hacer frente al pago. Y en ese caso, después de ofrecer pruebas documentales o testimoniales, entre otras, la Justicia otorgará la posibilidad de avanzar con el pleito.

Pero claro, no era posible que el Presidente, uno de los ministros más ricos que tuvo en sus Gabinetes y uno de los empresarios más importantes y poderosos del país, dueño de varios laboratorios en todo el mundo, iniciasen este expediente conexo.

El 26 de abril de 2022, en efectivo, González García pagó los $10.500 que le correspondían. Pero mucho antes, el 24 de junio de 2021, hubo un depósito para pagar la tasa de Justicia en el expediente “Fernández, Alberto Ángel c/ Bullrich, Patricia sobre daños y perjuicios”.

La historia de este pago está llena de incógnitas. A las 10.12 horas de ese 24 de junio pasado, el cajero 66 de la sucursal Tribunales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires recibió un pago por $3.104.245 millones. Según consta en los instrumentos a los que accedió LA NACION, esa mañana, en aquella caja se entregó un cheque del HSBC Bank Argentina, identificado en el sistema bancario como la entidad 150.

De acuerdo al mismo documento, aquel valor era de la Sucursal 58 del banco y tenía el número 58196015. Se entregó y el cajero entregó la boleta en la que se lee la siguiente precaución: “Talón válido con dígito de control/sello caja. Pendiente a confirmación cheque”.

Inmediatamente después, se confeccionó el formulario y aquella boleta se presentó en el expediente. Así, quedó paga la tasa de Justicia del Presidente.

LA NACION intentó reconstruir el pago pero hasta ahora, nadie ha requerido saber quién es el titular del cheque cancelatorio. Según fuentes del banco, la Sucursal 58 estaba localizada en Saavedra y fue fusionada hace no menos de 10 años con otras de la zona.

“¿Es posible un cheque del año pasado que tenga esa sucursal? La respuesta del banco fue que sí, que si era una cuenta anterior, al momento de cerrar, se mantuvo la numeración y que podría darse el caso de que sea vieja.

Sin embargo, de ser una cuenta propia, el Presidente no la ha incluido en las declaraciones. El abogado de Patricia Bullrich, Néstor Balian, dio cuenta de esta situación en el expediente: “Pagar de su peculio $3,1 millones para tasa de Justicia cuando declaró tener un patrimonio de $5,7 millones, además de representar el 54,46% del total, equivale al trabajo del Presidente durante 12 meses. Llama la atención. EL tema de la tasa de Justicia, por el bien de la dignidad del Jefe de Estado, debe ser aclarado ya que concita sospecha”. Más allá del monto respecto del patrimonio, existe otra duda: cómo se encuadraría la posibilidad de que el cheque sea de un tercero. “Eso es lo que hay que aclarar”, dijo Balian.

La lógica judicial del Presidente, además, parece toda una declaración de principios. Mientras que en junio del año pasado pagó más de $3 millones como tasa para dejar en alto su honor, pues en agosto ofreció como reparación por la fiesta de Olivos donar la mitad de su sueldo durante 4 meses al Instituto Mabrán. Aquel intento, que el abogado de una de las asistentes al evento, Mauricio D’Alessandro, bautizó el “Ahora 4″, significaba un desembolso en cuotas de $630.000 en total.

Finalmente, la propuesta fue rechazada y ahora se acordó que el monto sea $1,6 millones. Una suma módica para repara el daño que causó por aquella fiesta prohibida y más si se tiene en cuenta que el doble de se dinero lo aportó como Tasa de Justicia para mantener impoluto su nombre.

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