Tarifas: un paso administrativo podría demorar los aumentos

Casi en tiempo de descuento, la Secretaría de Energía envió el viernes por la noche la orden a los entes reguladores de gas y electricidad para aumentar las tarifas. Los nuevos cuadros tarifarios estarían listos esta semana, para que comiencen a regir con el consumo de junio y con las facturas de julio. Si bien por ahora no se aplicará la segmentación y la suba mayor será de solo 21% para los usuarios que no reciben tarifa social, el incremento se sentirá porque coincidirá con el pico de consumo por las bajas temperaturas.

La duda en el sector pasó a estar en lo que harán los funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los entes regulatorios de gas y electricidad, Enargas y ENRE, están intervenidos por Federico Bernal y Soledad Manin, respectivamente. Ellos son los que tendrán que enviarle esta semana a las empresas distribuidoras los nuevos cuadros tarifarios para que apliquen los aumentos. Según confirmaron a LA NACION, los entes acatarán la orden, pero hay un paso administrativo que genera incertidumbre.

Para aplicar el incremento de la tarifa de gas, todavía es necesario llamar a una audiencia pública más. Así lo había definido la Corte Suprema en el famoso fallo “Cepis”, cuando en 2016 anuló los primeros aumentos tarifarios del gobierno de Mauricio Macri. “Respecto del precio de gas, la Corte dijo que la audiencia era necesaria si el precio era resultado del accionar estatal y no lo era si los precios eran libremente negociados. Y en este caso la decisión de cuánto trasladar a tarifa es de la Secretaría de Energía”, explicó un consultor en reserva.

Si bien el Gobierno ya realizó una audiencia pública, fue convocada por Energía para definir los aumentos del costo del gas, que representa alrededor de un 40% del valor final de la tarifa. Además de ese valor, las facturas también tienen incluido el costo del servicio de transporte de los lugares de producción a los centros de consumo y el de distribución a los hogares. El Enargas controla los últimos dos servicios, mientras que la Secretaría de Energía regula el precio en boca de pozo (como se le dice técnicamente al precio del gas en sí). Según indicó la Corte, el Enargas debería llamar a otra audiencia pública para debatir cómo impactará el aumento en el precio de gas en los otros dos servicios.

En las tarifas de electricidad esta nueva audiencia no es necesaria, los nuevos cuadros tarifarios se publican con una resolución en el Boletín Oficial y los entes reguladores adecuan el cuadro tarifario.

Según explicaron en el Gobierno, en el caso del gas, supuestamente no hay pass through [no se pueden trasladar los costos de manera lineal], con lo cual habría que hacer una audiencia que valide los nuevos precios. “Calculo que los aumentos se harán a referéndum de la audiencia”, admitieron funcionarios cercanos a la vicepresidenta.

Entre los especialistas del sector, todavía hay dudas de que se puedan aplicar las actualizaciones sin la audiencia pública. “Van a impugnar judicialmente el aumento porque tiene errores al no convocar a audiencias para que se vea el traspaso de este aumento al consumidor final. Una pavada, pero legalmente es importante. Este aumento es nada y es una hipocresía decir que afecta a la gente, que desde febrero de 2019 tuvo aumento salarial de 215%”, dijo otro analista en off the record.

En lo que va del año, las tarifas energéticas aumentaron solo 20% y esos incrementos casi no representaron una disminución del gasto en subsidios, ya que implicaron mejoras en los ingresos de las empresas de transporte y distribución, sobre todo en gas. Esto generó que las transferencias del Tesoro se dispararan y en los primeros cuatro meses del año ya representan un gasto de 0,8% del PBI, un nivel de subsidios que supera el de los últimos seis años, cuando se compara el mismo período.

Si el ministro de Economía, Martín Guzmán, no logra que se apliquen estas subas de 20%, será un golpe letal a las cuentas públicas y, sobre todo, a las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Guzmán pensaba a comienzo de año reducir el déficit fiscal con un ajuste de 0,6% del PBI en los subsidios a la energía. Lejos de lograr ese objetivo, las transferencias al sector aumentarán con relación a 2021.

Si bien los precios del gas aumentaron por el conflicto bélico y complicaron los planes del ministro, la tardanza para aumentar las tarifas y el tope de actualización que se autoimpuso, indexado a la variación salarial del año anterior, tampoco generaban muchas expectativas. Esta semana se espera que Economía presente el presupuesto para la segunda parte del año, donde se sabrá cuál será finalmente la proyección de gastos en subsidios energéticos que espera Guzmán.

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