Tarifas: se viene un fuerte aumento de luz y gas que difícilmente resuelva el problema de fondo

Después de un par de años de negociación, se conoció la letra mediana del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por ahora, la letra chica y los números siguen ausentes. En esa ventana de información que abrió el Ministerio de Economía aparecen algunas certezas. Una de ella es que habrá aumento de tarifas de gas y electricidad. Todo lo demás, cuánto, cuándo y cómo, son, por ahora, terreno de las especulaciones.

Según lo que comunicó el Gobierno, el padrón de usuarios se divide en tres. Los que más ingresos tienen, los que tengan tarifa social y todos los demás. Es decir, un corte arriba, uno abajo, y la gran mayoría en el medio. Los primeros no tendrán más subsidios y pagarán la tarifa plena. Los que sean beneficiarios de la tarifa social, tendrán aumentos de un 40% de lo que establezca el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y el resto, que se prevé que será la mayoría, sufrirán un incremento de 80% de lo que arroje ese indicador.

Ahora bien, si esa fuera la propuesta de subas que se llevaría a la audiencia, que según el plan oficial sería en abril, y con con un CVS del sector registrado que en 2021 fue de 56,5%, los aumentos que tendrían el universo de menos recursos sería de 22,6%; los de la franja central, 45,2%, y el resto, como se dijo, tarifa plena. Si los cálculos se hiciesen con el indicador que toma en cuenta también a los trabajadores informales, y que el año pasado llegó a 53,5%, los números serían un par de puntos menos. Según el cronograma, todo sería en mayo.

No se conoce nada respecto de cómo se logrará que los de mayores ingresos paguen más por la electricidad y el gas. Lo que sí se puede adelantar es que, con el cuadro tarifario actual, quitar los subsidios impulsará el total de la boleta, antes de impuestos, en al menos, 100%. El problema de la segmentación es cómo hacerlo. Los medidores de millones de hogares no están a nombre de quien consume el servicio. De hecho, el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) envió alrededor de 1,5 millones de cartas a usuarios para que titularicen la factura. Se presentaron poco más de 2 de cada 10; lejos de la meta final.

Desde que se universalizó el subsidio a la energía, poco después de la crisis de 2001, los gobiernos no pudieron avanzar en la segmentación de usuarios. Nadie encontró la fórmula. Claro que es una cuestión de información. Debería el ENRE pedir datos a la AFIP, al Banco Central y a otros organismos, cruzarlos y establecer un límite: “De acá para arriba, se paga la tarifa plena”. Varios especialistas lo ven absolutamente necesario, pero complicado; y, además, muy poco eficiente a la hora de contar el ahorro.

Vale un ejemplo: los edificios que tienen servicios comunes, ¿Qué tarifa pagarán? Seguramente, si se toma el consumo, ingresen en el sector de los que pagan precio pleno. Pero, ¿alguien podría asegurar que todos los consorcistas tienen la misma capacidad de pago? Difícil.

Pero llegado el caso de que efectivamente se depure el padrón y se pueda establecer ese límite, habría que determinar con certeza cuál es el precio de la energía. Acá hay que detenerse en un punto: hacer los cálculos con el valor actual podrían llevar a un fuerte tarifazo. Va una cifra que sirve para ilustrar. El año pasado, la Argentina compró GNL a un promedio de US$8,33 en millón de BTU (unidad de medición británica que se usa en el sector); estos días de guerra en Ucrania ese valor se disparó a US$40. Un invierno con los barcos que entren a los puertos regasificadores de Escobar y Bahía Blanca con esa cotización sería imposible para las reservas argentinas. Ese combustible se paga en dólares y al contado.

Hasta ahí la información. Hay pocas precisiones más, tan escasas que hasta Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, se enteró por televisión de los planes energéticos cuando la vio a la portavoz oficial, Gabriela Cerruti.

Pero claro, el abandono del populismo tarifario, uno de los bastiones del los cuatro kirchnerismos, tiene un motivo: empezar a reducir el déficit fiscal. La necesidad no sólo es por el acuerdo con el FMI, sino porque, además, para gastar más de lo que se recauda se recurrió en forma desmesurada a la emisión monetaria. De la imprenta de billetes a la inflación de más de 50% prácticamente no hay distancia. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿alcanza o no con subir las tarifas para bajar el déficit?

Con esta información, parcial y escasa, la respuesta parece ser que no. Más aún, podría decirse que hasta es injusto. Bajar el rojo fiscal solo con tarifas es un esfuerzo de una parte de la sociedad. Si la política no ajusta y no empieza a mostrar mesura en sus decisiones, es posible que cada mes que llegue la boleta se acreciente el malhumor. A las familias argentinas no les sobra el dinero que no pagan en luz y gas, lo consumen en otra cosa. Los hogares tendrán que ajustar para poder pagar un bien absolutamente necesario. Pero es imperioso ver que en el otro lado del espejo la política también se mide en sus gastos.

Pero, de regreso a la pregunta inicial, si alcanza o no para reducir el déficit, todo parece indicar que no. Hace un par de meses, desde el ala más cercana al Instituto Patria encargaron un informe a una consultora que está integrada por economistas que estuvieron en el gobierno de Cristina Kirchner.

Tenían que responder un punto: ¿Cuánto deben aumentar las tarifas para mantener el actual nivel de subsidios, que en 2021 fueron de US$11.000 millones? La respuesta fue lapidaria: el precio de la energía eléctrica debería subir 79% y el de gas, 81%. De esa forma, los subsidios a la energía bajarían del 2,3% del PBI del año pasado a un 1,9% en 2022. Así las cosas, el Estado podría consolidar un rojo de 2,5% del PBI que es la meta acordada con el Fondo para este año. Los números están muy lejos de los que se presentaron en el acuerdo con el Fondo, pero lo estarían más aún si se calculan con las cotizaciones que tiene la energía importada producto de la invasión de Rusia a Ucrania.

La Argentina no ha podido resolver el tema energético desde la caída de la convertibilidad; dos décadas de políticas erráticas, llena de parches regulatorios, subsidios cruzados e inequidad. No hay especialista en la materia que no reconozca este tema como central en la agenda de los próximos años. Pero será difícil por una razón: gran parte de la política de los últimos años construyó un paradigma en el cual la energía vale menos que una gaseosa. Nadie quiere agarrar el casco y el martillo para demolerlo. Saben que los primeros cascotes les pegarán a ellos.

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