Tarifas: se destina más salario que en los 90, pero ahora no cubren la factura

Sobre llovido, mojado: pese a que las facturas de electricidad y gas no cubren el costo total del servicio en el área metropolitana y requieren todavía de subsidios, su peso en el salario es el más alto en al menos tres décadas, incluida la del 90, cuando no había ninguna asistencia del Estado. Así lo indica un trabajo del economista Alejandro Einstoss, integrante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, que aclara que a esta proporción, calculada para el segmento que paga las tarifas más elevadas (N1, un 32% del universo de usuarios), se llegó más por el desplome en los ingresos que por los aumentos de tarifas.

Es la parte más complicada de la quita de subsidios. En su momento, hace más de cuatro años, Mauricio Macri había llegado a desactivar bastante de esa bomba, heredada de casi dos décadas de descalabro energético, pero lo hizo en un contexto menos cuesta arriba: con los salarios en dólares considerablemente más altos que los de hoy. Mientras el ingreso promedio llegó durante aquella gestión a 1496 dólares, en agosto pasado era de US$ 777, especifica Jorge Colina, economista jefe de Idesa.

El trabajo de Einstoss, elaborado con el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, compara entonces el peso relativo que las tarifas representan para la población que paga menos subsidios, que es el N1 y que sin embargo no llega todavía a cubrir el total del costo de la energía, sino el 93% de la electricidad y el 88% del gas. “El problema son los salarios, que tuvieron una caída muy importante”, concluye Einstoss, que utiliza para el cálculo datos de Edenor, Edesur y Metrogas para el área metropolitana con impuestos incluidos y los contrasta a su vez con el valor de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

El informe consigna entonces que, por ejemplo, en diciembre 1995, ya consumadas las privatizaciones del gas y la electricidad, el consumo en ambas fuentes energéticas representaba 4,3% del ingreso de los usuarios, más de un punto porcentual por debajo del 5,4% en que quedó en agosto pasado, último dato disponible. Es el registro más alto al menos desde 1992, cuando se concesionaron los servicios. Ni siquiera llegó a superarse esa marca en diciembre de 2001, con De la Rúa y todavía en convertibilidad, cuando la crisis y los costos de la energía lo llevaron al 4,7 por ciento.

Entre las razones de este deterioro está la caída de los salarios en dólares, moneda que tiene una enorme incidencia en las tarifas porque sobre ella están valuados los insumos energéticos, que tienen precio internacional. Según Idesa, el ingreso promedio era en 1995 de US$ 1101, y en 2001, de US$ 893. Ambos por arriba de los US$ 777 de agosto pasado.

La descripción expone la magnitud del ajuste de Milei, el más grande en al menos 65 años, sustentado principalmente en la reducción en las transferencias a las provincias, la obra pública y los subsidios y aplicado a pesar de la caída en los ingresos. Un trabajo de Marcelo Capello, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, muestra que el gasto en esos tres rubros bajó durante los primeros 9 meses de este año 97%, 85% y 69%, respectivamente. Se espera, con todo, que el impacto de estas restricciones se vaya atenuando en la medida en que se alivianen al mismo tiempo los costos de producción de la energía, probablemente el año próximo, cuando la Argentina reduzca las importaciones de gas como consecuencia de una mayor oferta y capacidad de transporte. De hecho, por lo menos este año, lo peor ya habría pasado: mientras la canasta energética tuvo un pico en su valor promedio en agosto, con 140.079 pesos por usuario, en septiembre cayó a 139.906 pesos, y en octubre, a $ 134.414.

Además de la precarización de los ingresos, otra de las dificultades del programa de quita de subsidios es que tampoco puede repartirse entre todos los sectores por igual. En diciembre de 2019, por ejemplo, cuando todavía no existía la segmentación que tres años después instrumentó Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda, Macri había podido hacer un ajuste más abarcador: la incidencia de la canasta energética en el salario llegaba entonces al 4,6% y, como se aplicó sobre la mayoría, se estuvo muy cerca de pagar el valor total de la factura.

Según el informe, la tarifa promedio de electricidad con impuestos y sin descuentos por 265 Kwh/mes del área metropolitana, que llegó en octubre pasado a 34.189 pesos, equivale a valores constantes a los 37.032 pesos de abril de 2019. Con el gas la diferencia es mayor. La factura promedio con impuestos y sin descuentos por 60,5 m3 mensuales fue en octubre de 25.178 pesos, es decir, un equivalente a 38.126 pesos de abril de 2019.

Como Macri, Milei intenta ahora normalizar la ecuación luego de años de desequilibrio y malgasto. Lo que el analista Daniel Montamat, ex presidente de YPF, llamó alguna vez “populismo energético”. De hecho, por ejemplo, el autoabastecimiento petrolero se perdió en 2010, durante el mandato de Cristina Kirchner. En diciembre de 2015, al cabo de ese lapso, las facturas de estos servicios representaban apenas el 0,3% del ingreso de los usuarios. Aquel fue además un año de salario más alto que el actual, 1102 dólares, por lo que una eventual corrección habría sido menos dolorosa. En diciembre de 2023, luego de cuatro años de Alberto Fernández -incluido un intento de resolverlo subiendo tarifas no bien asumió Massa y el plan platita, que finalmente las congeló-, esa proporción quedó en el 3% del salario, que entonces había caído a US$ 479.

Volver a la normalidad será un proceso no exento de contratiempos, avances y retrocesos.

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