Tarifas: las dudas de los dos proyectos de segmentación que presentó Guzmán y La Cámpora

Después de más de dos años de gestión, el Gobierno finalmente buscará avanzar con la segmentación de tarifas energéticas. Para sorpresa de algunos (no para los que siguen el día a día del sector), se dieron a conocer dos proyectos, uno propuesto por La Cámpora, basado en el valor de los inmuebles, y otro realizado por el equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, que utiliza el nivel de ingresos de los usuarios. Sin embargo, dado el nuevo contexto internacional de los precios altos de la energía, difícilmente los proyectos de segmentación permitan reducir los subsidios con relación al año pasado, cuando finalizaron por arriba de los US$11.000 millones (2,3% del PBI).

La falta de diálogo entre Guzmán y su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se vio con claridad de nuevo en las últimas semanas, ya que ni el ministro estaba al tanto del proyecto de segmentación que La Cámpora diseñó con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Conicet y difundió a inicios del mes pasado, ni los funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner sabían del programa que trabajó el titular del Palacio de Hacienda y que incorporó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los funcionarios cercanos a la expresidenta tienen bajo su control los dos entes reguladores de la energía, el ENRE y el Enargas, además de la Subsecretaría de Energía Eléctrica.

El objetivo de reducir el gasto en subsidios energéticos fue una parte central en las negociaciones con el Fondo. Guzmán evitó que el ajuste del gasto se haga sobre programas sociales e inversiones de obra pública, pero indicó que las transferencias al sector energético bajarán en 0,6% del producto. No es la primera vez que el ministro quiere avanzar con recortes en esta área: el año pasado, cuando intentó echar a Basualdo por “incompetente”, criticó que los subsidios estaban mal diseñados y que eran “pro-ricos”.

El proyecto de segmentación que presentó Guzmán divide a los usuarios en tres categorías, aunque no especifica qué criterio utiliza para decidir esta división. Solo se detalla que habrá un grupo que no recibirá más subsidios (que se cree que sería un 10% del universo total y que tendría aumentos superiores al 200%), otro grupo que tendrá tarifa social y un tercer grupo “que no está incluidos en las otras dos categorías”, como dice el proyecto de Guzmán. Para los últimos dos grupos, el proyecto se autoimpone un techo de incremento permitido, que no puede superar el 40% y el 80%, respectivamente, del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Es decir, para 2022, los beneficiarios de tarifa social no pueden tener aumentos mayores al 21,36% y la suba para la tercera categoría no puede superar el 42,72%.

El trabajo de Guzmán, si bien no lo especifica en la carta de intención al FMI, pretende segmentar estas categorías por el nivel de ingresos, y por ello tiene por lo menos tres interrogantes. En primer lugar, cómo conseguirá el ministro la base de datos de la AFIP para acceder a los ingresos de cada usuario y, más difícil aún, como se cruzará esa información con la base de las distribuidoras eléctricas y de gas, que son las que emiten las boletas (Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otras). Para que la AFIP comparta la información, deberá haber una ley o decreto que habilite un mecanismo, sin revelar el secreto fiscal de los contribuyentes.

La tercera inquietud pasa por la tarifa social. En las boletas de gas es más fácil de aplicar esta segmentación porque el sector está regulado por el Estado Nacional, pero en el caso de las facturas eléctricas, cada provincia tiene un criterio distinto para designar a los beneficiarios de la tarifa social. Según anunció el Gobierno, todas estas dudas se sabrán a fines de abril, cuando se realicen las nuevas audiencias públicas.

El proyecto de segmentación de La Cámpora, que nunca fue tomando en cuenta por Guzmán, tiene también sus interrogantes en cómo se conseguiría la base de datos del valor del inmueble de cada usuario. Si bien podría ser más fácil de aplicar, los analistas creen que puede ocasionar más amparos en la Justicia, que frenarían la segmentación.

El timing para recortar transferencias a este sector llegó en el peor momento. Dado los nuevos precios internacionales de la energía, los analistas no solo dudan de que los subsidios vayan a bajar, sino que creen que aumentarán y que el incremento de tarifas solo amortiguará levemente el impacto del shock externo.

Al momento, se anunciaron subas de 20% en promedio en las tarifas de gas y electricidad desde este mes. De esos aumentos, el Tesoro solo ahorra una parte con la actualización en las tarifas eléctricas, mientras que, del incremento del gas, no reducirá las transferencias, ya que el alza fue destinado a mejorarle los ingresos a las empresas transportistas y distribuidoras luego de meses de congelamiento.

En números concretos, antes de la disparada del precio del gas natural licuado (GNL), el costo total promedio del gas era de US$4,84 el millón de BTU (medida inglesa que se usa en el sector), de los cuales US$3,43 cubre el Estado (más del 70%) y el resto pagan los usuarios residenciales (la llamada demanda prioritaria), según un informe oficial de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía. Esos cálculos fueron realizados en enero y con un valor estimado del GNL de US$23,72. Luego de la invasión rusa en Ucrania, el precio del GNL se disparó y hoy cotiza para el invierno en US$50 aproximadamente. Además, el Banco Central aceleró el ritmo de devaluación y, por lo tanto, las tarifas en pesos cada vez alcanzan para cubrir menos de los costos en dólares.

Por el lado de la electricidad, el costo de generación eléctrica también subirá, ya que el 60% de la matriz energética es aportada por la energía térmica, que se abastece de gas, gasoil y fueloil. Solo el año pasado, el costo de electricidad aumentó 29% en dólares debido a la caída en la generación hidráulica, que es la más económica. El bajo caudal de los ríos no solo seguirá este año, sino que además se le sumará la caída de provisión del gas de Bolivia, que es más económica que el GNL que se trae por buques.

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