Tarifas energéticas: Guzmán podría volver a tropezar con la misma piedra

El domingo a las 21, el Ministerio de Economía necesitó hacer una aclaración acerca de la planificación tarifaria para 2022. Dijo que la reducción en el gasto en subsidios de las tarifas, que pasará del 2,2% del PBI que se prevé para este año al 1,5% del PBI que estima el presupuesto para 2022, se logrará mediante tres “acciones concretas”. El comunicado de prensa llamó la atención por el horario y la urgencia, pero la aclaración pareció tener como destinatario al mismo oficialismo.

En primer lugar, Economía destacó que el programa de estímulo a la producción que lanzó en 2017 el exministro de Energía macrista Juan José Aranguren finaliza este año, y que por lo tanto se ahorrarán US$600 millones. En segundo lugar, aclaró que se harán obras de infraestructura que costarán $100.000 millones, pero que permitirán generar casi de forma inmediata un “mayor ahorro fiscal producto de la sustitución de importaciones y el menor costo del gas”. Por último, sin aclarar cómo, la cartera que conduce Martín Guzmán dijo que habrá una “segmentación en el subsidio de las tarifas, que permita construir un esquema tarifario más progresivo y seguir acompañando a los sectores que lo requieren a través de un uso eficiente de los recursos del Estado”.

Dentro de los subsidios a la energía, el sector eléctrico se lleva la mayor parte de las transferencias. Esto sucede por dos causas. Primero, porque los usuarios residenciales de todo el país pagan en promedio solo un 27% de lo que cuesta la generación eléctrica. Segundo, porque los clientes situados en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además, pagan muy poco por el servicio de distribución eléctrica (donde operan Edenor y Edesur), y como a estas empresas no les alcanzan los ingresos, se financian también con las transferencias del Tesoro. Esto genera a su vez una inequidad con los usuarios del interior.

Según el proyecto de presupuesto que envió Martín Guzmán al Congreso la semana pasada, el objetivo para el año próximo es que los usuarios del servicio eléctrico paguen un poco más por el costo de generación y lleguen a cubrir el 43% del total. En números: hoy mantener el sistema eléctrico cuesta alrededor de US$9000 millones, de los cuales el Estado financia US$6000 millones con subsidios.

Si bien el costo de la generación eléctrica podría reducirse el año próximo si hay un alivio en la sequía y mejora la generación hidráulica (que es la más económica de todas las formas de generar electricidad), aun así el costo del precio estacional que pagarían los usuarios debería aumentar 50% en dólares para que se cubra el 43% que quiere el Ministerio de Economía.

Como el costo de generación implica alrededor de la mitad de la tarifa eléctrica (la otra parte es distribución e impuestos), el precio final del servicio debería subir 30%. Este incremento no tiene en cuenta los costos que implicaría una devaluación de la moneda (ya que es un sector dolarizado), ni el aumento adicional que habría si además se actualiza el segmento de distribución.

La consultora Econviews, además, resalta que en el proyecto de presupuesto solo hay un aumento de menos del 10% interanual nominal en las erogaciones destinadas a Cammesa, la compañía con control estatal que aporta la diferencia entre lo que pagan los usuarios y el costo de generación eléctrica. En el mismo texto se espera una inflación del 33%, por lo cual, en la práctica, hay una caída real de las transferencias al sector eléctrico. Es cierto también que para este año se había presupuesto $445.000 millones para Cammesa y finalmente se le destinará al menos $700.000 millones, casi el doble.

“La realidad es que si no suben el precio estacional que pagan los usuarios y si las distribuidoras no le pagan a Cammesa la totalidad que corresponde, el Tesoro tiene que aportar el dinero para mantener el sistema y que no estalle todo en el aire”, admiten en el oficialismo.

Con el gas sucede algo similar. El Gobierno lanzó el año pasado el Plan Gas.Ar para evitar que la producción siga cayendo y que no aumenten las importaciones. El retraso en la implementación del programa hará que los resultados se vean con más claridad el año próximo. Pero el plan que diseñó la Secretaría de Energía junto con Economía quedó rengo, porque nunca se logró trasladar a tarifas el precio en dólares que el Gobierno le prometió pagar a las productoras por cuatro años.

Hoy los usuarios siguen pagando por el gas el precio que quedó fijado a comienzo de 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri: US$4,5 a un tipo de cambio de $45. En la práctica son $202 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) o US$2 al tipo de cambio mayorista actual ($100). Por lo tanto, si el Gobierno acordó pagar un precio promedio de US$3,5 a las productoras por el Plan Gas.Ar, aporta con transferencias casi la mitad de la tarifa: US$1,5 por millón de BTU. Para que los subsidios no sigan creciendo, Economía debería aumentar las tarifas en torno al alza que espera del tipo de cambio, de 28% según el presupuesto nacional 2022.

Tropezar con la misma piedra

Si bien todavía el proyecto de presupuesto no se trató en el Congreso, en el sector no creen que a Guzmán le permitan aumentar ni cerca del 30% que planificó para que los subsidios dejen de crecer. “Es imposible pensar que le autorizarán un aumento después de perder las elecciones. Cristina ya está pensando en 2023″, dice un empresario que conoce muy bien al oficialismo.

Un adelanto de este pensamiento lo hizo público el mismo Máximo Kirchner este fin de semana en una entrevista con Horacio Verbitsky en Radio Del Plata. “Nosotros siempre tratamos y entendimos en aquella discusión por tarifas que se tenía que tomar en cuenta como estaba la realidad de muchos argentinos y argentinas, incluso de aquellos trabajadores formales que se encuentran por debajo de la línea de pobreza o en sus límites. Eso se expresó y uno lo puede ver porque cuando uno estudia el proceso electoral ve que la sociedad ha dado un mensaje y hay que interpretarlo”, dijo el diputado.

Verbistky le preguntó luego sobre el aumento implícito de alrededor de 30% que se prevé para el año próximo en tarifas, según reconstruyó el portal Econojournal. Kirchner respondió: “Uno puede prever matemáticamente cuál debería ser el aumento, pero también tiene que ver cómo está la sociedad. Uno no puede actuar en base simplemente a cuentas matemáticas”. Guzmán, por ahora, pareciera enfrentarse a la misma piedra que socavó su credibilidad este año.

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