Tarifas eléctricas: pese a que habrá mayores costos en dólares para el Estado, Basualdo propone actualizar el servicio solo 20%

El ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá una negociación complicada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), si finalmente las tarifas aumentan solo 20%, como sugirió hoy la Secretaría de Energía en la audiencia pública realizada para discutir el incremento del servicio de electricidad. El incremento propuesto no solo está por debajo de las proyecciones privadas de inflación (52%) y de devaluación (44%) para este año, sino que tampoco alcanzan para compensar el alza que tendrán los costos de combustibles que Energía detalló.

La audiencia pública comenzó con una breve introducción del secretario de Energía, Darío Martínez, quien indicó que “el compromiso” del Gobierno es que “siempre la adecuación tarifaria sea menor a los aumentos de los salarios de las y los trabajadores. Los incrementos de ingresos de todos los argentinos siempre deben superar a los aumentos de las tarifas en función a la recuperación del salario real”.

Luego, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo —un funcionario perteneciente a La Cámpora, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero muy cuestionado por Guzmán—, le dio la introducción a Marcelo Positino, el director de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, para que haga una presentación técnica del sector. En esta disertación, Positino detalló que los costos de generación eléctrica aumentaron 71% en 2021 con respecto al año anterior, lo que equivale a $394.326 millones, y advirtió que se espera que sigan subiendo este 2022.

En concreto, indicó que el año pasado, la crisis hídrica y las menores entregas de gas de Bolivia repercutieron en una mayor demanda de generación térmica, que requiere combustibles para funcionar. Al mismo tiempo, el precio de gas en dólares subió 45%, mientras que el del gas natural licuado (GNL), un 112%, y el del gasoil, 45%.

Para 2022, se espera nuevos aumentos de precios, sobre todo en el GNL que se importa por vía marítima, cuyo precio pasó de US$9,9 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) en promedio el año pasado a un valor estimado por la Secretaría de Energía de US$27,8 para este invierno.

“Usualmente, se alega que el incremento de los subsidios se debe al mantenimiento tarifario. Los subsidios en 2021 aumentaron principalmente por el aumento de los costos de generación debido a la devaluación, al aumento del consumo de combustibles y de sus precios. Son variables que, en su mayoría, no controla la Secretaría de Energía, como tipo de cambio, caudal de los ríos y precios de los combustibles en el mercado internacional, entre otros”, dijo Positino.

“Para 2022 se espera que la demanda eléctrica siga creciendo y no se prevé una reversión importante de la situación hídrica. El contexto internacional, por otro lado, indica que el precio de los combustibles en el mercado global seguirá aumentando. Además, el efecto de la inflación y de la devaluación que inciden de manera directa en el mercado eléctrico son variables exógenas que impactan de manera directa en el nivel de subsidios”, agregó.

Por lo tanto, concluyó que “se cree oportuno avanzar en la revisión de los precios estacionales del precio estabilizado de la energía, el precio de referencia de la potencia y el precio estabilizado para el transporte. Se plantea la fijación de precios que se defina de la forma tal que cuyo impacto final en la factura de los usuarios oscile entre 17 y 20%”.

Conflicto con Edenor y Edesur

La disertación de Positino, con el aval de Basualdo, tuvo una particularidad. En ningún momento se refirió a la necesidad de aumentar los ingresos de las distribuidoras eléctricas, donde solo están Edenor y Edesur bajo regulación nacional (el resto de las empresas son controladas por las provincias). Todo lo contrario, señaló que aquellas empresas tuvieron su actualización de ingresos el año pasado, cuando se les permitió una recomposición de 21% en mayo pasado, luego de dos años de congelamiento tarifario.

“En un contexto de recuperación económica, fue fundamental que el aumento de las tarifas de distribución no sea simultáneo con el aumento del precio de la energía”, decía la presentación compartida, destacado en negrita y subrayado. “Antes de reducir los subsidios, el Estado Nacional decidió adoptar una política de mantenimiento del precio estacional en pos de que las distribuidoras recuperen el margen necesario para operar”, agrega el texto.

A diferencia de las tarifas de gas, donde el interventor en el Enargas, Federico Bernal, (y el Ministerio de Economía) decidió repartir el aumento final de 20% en mayores ingresos para las empresas distribuidoras y transportistas, sin permitir una reducción de subsidios, en electricidad podría ocurrir exactamente lo contrario: Basualdo podría destinar todo el incremento final del 20% a mejorar el costo de generación eléctrica que pagan los usuarios y no les permitiría aumentar los ingresos a Edenor y Edesur.

Esta decisión se explicaría por la situación deficitaria de Cammesa, la compañía privada que es controlada por el Estado, en particular por funcionarios cercanos a Basualdo, como el gerente, Sebastián Bonetto,y la titular en el área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, Valeria Martofel. Esta empresa necesitó transferencias del Tesoro por $7317 millones el año pasado.

Las distribuidoras Edenor y Edesur, por su parte, también disertaron en la audiencia pública y señalaron que sus balances dieron pérdida en los últimos dos años. Para este 2022, en tanto, dijeron que tienen una necesidad de fondos de $56.800 millones y $43.236 millones, respectivamente, que podrían ser a través de mayores ingresos en sus tarifas o vía subsidios.

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