Tarifas: el kirchnerismo aprobó el aumento de gas, pero dio argumentos para que la Justicia frene el incremento

Un nuevo conflicto se desató en el sector energético, pero esta vez no por el gasoducto Néstor Kirchner, sino por las tarifas de servicios públicos, el tema que más tensión genera dentro del oficialismo. Si bien Federico Bernal, el interventor en el ente regulador del gas (Enargas), publicó los nuevos cuadros tarifarios que solicitó la Secretaría de Energía, en los considerandos de la resolución pone en duda que se hayan llevado adelante todos los procedimientos administrativos necesarios. Esto podría ser utilizado por grupos de consumidores para pedir un amparo en la Justicia que frene el incremento dado y complique el plan económico del ministro Martín Guzmán.

Bernal es un funcionario cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner que, cuando apenas fue elegido como interventor en el Enargas, a principios de 2020, promovió una demanda contra el exministro de Energía Juan José Aranguren y contra su antecesor en el ente, Mauricio Roitman, por trasladar a las tarifas contratos de gas firmados en dólares. El problema de Bernal es que ahora Guzmán le pidió que haga exactamente lo mismo que generó la demanda a los exfuncionarios macristas.

Para defenderse de cualquier conflicto legal, Bernal publicó una resolución de 15 páginas para aprobar los nuevos cuadros tarifarios, en los cuales deja muchas definiciones en los “considerandos” de la normativa. En primer lugar, busca desligarse de la decisión de Guzmán y deja en claro que “el Enargas es un ente autárquico”, pese a que el ente está intervenido desde 2020. Luego indica que el Enargas no tuvo injerencia en los contratos en dólares que firmó la Secretaría de Energía con las empresas productoras de gas bajo el plan Gas.Ar, que el Ministerio de Economía traslada a los usuarios de manera subsidiada.

Y, finalmente, dice que deberá llamar a una audiencia pública, pero que se hará luego de aplicar los aumentos tarifarios dada la “inmediatez requerida” por la Secretaría de Energía. La necesidad de llamar a otra audiencia pública había sido advertida por los especialistas del sector, que siguen de cerca los pasos administrativos necesarios para aumentar tarifas, luego de que la Corte Suprema frenara los incrementos que había dispuesto Aranguren en 2016, tras el pedido de amparo del Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). En este caso, se tratará de un hecho inédito que la audiencia pública se convoque luego de ya haber aplicado los aumentos tarifarios.

“Corresponderá oportunamente a este Organismo efectuar todos los análisis y pasos procedimentales que permitan a la ciudadanía conocer, en efecto, el impacto en los cuadros tarifarios de la adecuación establecida; es decir, aquello que habrán de abonar, así como lo que corresponda respecto del tratamiento en materia de diferencias diarias acumuladas, todo lo cual no aparece como viable en esta oportunidad en razón de la inmediatez requerida por la Secretaría de Energía y conforme la Ley N° 27.668″, dice el texto.

En una empresa distribuidora tradujeron lo que hizo el Enargas en otras palabras: “Bernal está diciendo que pone en vigencia los cuadros tarifarios para cumplir con la orden de la Secretaría de Energía, pero que no está de acuerdo, no considera que se haya cumplido reglamentariamente todo lo que corresponde y por eso voy a llamar a audiencia pública. Cuando el Enargas, con todo su poder, dice que no está de acuerdo con el proceso, básicamente está abriendo la tranquera para que Cepis o cualquier organismo mañana haga un amparo. Es muy llamativo lo que está pasando. Es evidente que viene otro round, que acaba de arrancar”.

El Enargas regula dos servicios que están incluidos en las boletas de gas: el transporte de los lugares de producción a los centros de consumo (los gasoductos) y el de distribución a los hogares. Sobre esos dos segmentos decide los incrementos tarifarios.

La Secretaría de Energía, por su parte, subsidia el costo de producción de gas en sí, que representa alrededor del 40% del costo final de la tarifa. Por lo tanto, en total, las boletas de gas reflejan tres servicios: el de producción, transporte y distribución, de los cuales solo el primero está subsidiado, ya que los usuarios pagan el 24% de lo que cuesta obtener las moléculas de gas en sí; el resto lo cubre el Tesoro con transferencias a las productoras.

El incremento que comenzó a regir hoy se debe a que el Ministerio de Economía busca trasladarle a los usuarios un mayor precio de gas, para reducir los subsidios a la producción. Sin embargo, para que ese incremento se concrete, el Enargas debería llamar a otra audiencia pública, según indicó la Corte Suprema en 2016, para debatir cómo impactará la actualización del precio del gas en los otros dos servicios (transporte y distribución).

“Respecto del precio de gas, la Corte dijo que la audiencia era necesaria si el precio era resultado del accionar estatal y no lo era si los precios eran libremente negociados. En este caso, la decisión de cuánto trasladar a tarifa es de la Secretaría de Energía”, explicó un consultor en reserva.

“Van a impugnar judicialmente el aumento porque tiene errores al no convocar a audiencias para que se vea el traspaso de este incremento al consumidor final. Una pavada, pero legalmente es importante”, coincidió otro analista.

Conforme a los criterios de

Conocé más

Milei le sacó retenciones. Es récord la producción de carne de cerdo y va camino a cerrar 2024 con otro registro inédito

Trigo. Se viene una jornada con las claves para una mayor productividad

“Hay una Argentina pobre”. Un intendente de un pueblo rural donó $17,6 millones a sus vecinos y ahora ayuda al hospital