Tarifas de luz y gas: tres asociaciones cercanas a La Cámpora piden que Guzmán encabece las audiencias públicas de manera presencial

La Secretaría de Energía ya dio inicio al trámite administrativo para convocar a audiencias públicas para fin de mes, con el objetivo de definir los nuevos aumentos de tarifas de electricidad y gas. Si bien todavía no se conoce cómo se hará la segmentación, el Ministerio de Economía está decidido a aplicar un segundo incremento para contener el alza en los subsidios energéticos producto de la disparada de los precios internacionales.

El proyecto de segmentación que presentó el ministro Martín Guzmán, que se convalidó en el marco del acuerdo con el FMI, divide a los usuarios en tres categorías, aunque no especifica qué criterio utiliza para decidir esta división. Solo se detalla que habrá un grupo que no recibirá más subsidios (que se cree que sería un 10% del universo total y que tendría aumentos superiores al 200%), otro grupo que tendrá tarifa social y un tercer grupo “que no está incluidos en las otras dos categorías”, como dice el proyecto de Guzmán.

Para los últimos dos grupos, el proyecto se autoimpone un techo de incremento permitido, que no puede superar el 40% y el 80%, respectivamente, del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Es decir, para 2022, los beneficiarios de tarifa social no pueden tener aumentos mayores al 21,36% y la suba para la tercera categoría no puede superar el 42,72%.

El mes pasado, el Gobierno aplicó un aumento general de 20% para todos los usuarios. Por lo tanto, según el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), todavía habría que aumentar más de 180% a los usuarios de mayores ingresos y 20% al restante que no recibe tarifa social.

En vistas de este paso, un grupo de asociaciones cercanas a la agrupación La Cámpora le envió una carta Guzmán con dos pedidos concretos: que las audiencias para definir el incremento tarifario sean presenciales, a diferencia de lo que ocurrió las últimas dos veces por la pandemia, y que estén encabezadas por el propio ministro de Economía.

“Resulta necesario que quien presida y brinde el informe a la ciudadanía sea el ministro de Economía, toda vez que resulta ser la máxima autoridad responsable del área y en cabeza de quien se llevó adelante las negociaciones con el organismo internacional [FMI]”, dice la carta enviada a Guzmán. Está firmada por Osvaldo Bassano, presidente de Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc); Paula Soldi, directora del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis); y Claudio Boada, director de Unión de Usuarios y Consumidores.

El ministro se comprometió este año a reducir el gasto fiscal vía una caída en los subsidios a la energía. Guzmán estimó que esta partida disminuiría en alrededor 0,6% del PBI. El año pasado, las transferencias energéticas finalizaron por arriba de los US$11.000 millones (2,3% del PBI). Sin embargo, con el aumento de los precios internacionales del gas, los analistas energéticos proyectan que este año los subsidios podrían superar los US$15.000 millones.

La justificación detrás de esta estimación es que los usuarios pagan solo el 29% de lo que cuesta el gas y el 35% de lo que cuesta la electricidad; el resto, lo cubre el Estado con subsidios. Este número aumentará a raíz de los mayores costos de gas y, por lo tanto, de generación eléctrica, ya que 60% de la demanda se abastece con energía térmica.

Para este año, la Secretaría de Energía calculaba un costo promedio del gas de US$4,84 el millón de BTU (medida inglesa que se usa en el sector), pero tomaba como supuesto que el gas natural licuado (GNL) que se importa por buque costaría casi US$24 y que el gas de Bolivía iba a valer US$7,5. La invasión de Rusia a Ucrania hizo disparar estos valores: los últimos buques adquiridos costaron entre US$35 y US$45, y el precio acordado con Bolivia es de US$12 en promedio.

El trabajo de segmentación de Guzmán, si bien no lo especifica en la carta de intención al FMI, pretende segmentar las tres categorías de usuarios por el nivel de ingresos. Esta forma de diferenciación tiene viarios interrogantes. En primer lugar, cómo conseguirá el ministro la base de datos de la AFIP para acceder a los ingresos de cada usuario y, más difícil aún, como se cruzará esa información con la base de las distribuidoras eléctricas y de gas, que son las que emiten las boletas (Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otras). Para que la AFIP comparta la información, deberá haber una ley o decreto que habilite un mecanismo, sin revelar el secreto fiscal de los contribuyentes.

La otra inquietud pasa por la tarifa social. En las boletas de gas es más fácil de aplicar esta segmentación porque el sector está regulado por el Estado Nacional, pero en el caso de las facturas eléctricas, cada provincia tiene un criterio distinto para designar a los beneficiarios de la tarifa social. Según anunció el Gobierno, todas estas dudas se sabrán a fines de abril, cuando se realicen las nuevas audiencias públicas.

El proyecto de segmentación de La Cámpora basado en el valor de los inmuebles, que nunca fue tomando en cuenta por Guzmán, tiene también sus interrogantes sobre cómo se conseguiría la base de datos del valor del inmueble de cada usuario. Si bien podría ser más fácil de aplicar, los analistas creen que puede ocasionar más amparos en la Justicia, que frenarían la segmentación.

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