Tarifas de luz y gas: quiénes deben anotarse hoy y mañana para no perder el subsidio

Con apenas un poco más de 72 horas de funcionamiento, más de 500.000 hogares completaron la declaración jurada para pedir que se le mantengan los subsidios al gas y la electricidad. El formulario estará habilitado durante este mes y el registro se organiza en tramos por terminación de DNI: los terminados en 0, 1 y 2 podrán completarlo hasta mañana; los que terminan en 3, 4 y 5, entre el 20 y el 22 de julio, y los terminados en 6, 7, 8 y 9, entre el 23 y 26. Sin embargo, el Gobierno habilitará más tiempo para completar la declaración jurada a quienes no lo hayan hecho.

Con esta información, la Secretaría de Energía luego cruzará los datos para determinar la población con el 10% de mayor poder adquisitivo que dejará de recibir la subvención y comenzará a pagar el costo pleno del gas y la electricidad, a través de aumentos graduales, que podrían ser hasta tres incrementos bimestrales.

El objetivo del Gobierno es que en el próximo mes ya estén publicados los nuevos cuadros tarifarios, pero su implementación y los aumentos correspondientes dependerá de la cantidad de usuarios que se haya inscripto en el formulario.

Para completar la declaración jurada, es necesario tener consigo las facturas de gas y electricidad, ya que se solicita el número de cliente y de medidor; el DNI y el número de trámite del último documento emitido; el nombre, apellido y CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años que viven en el hogar, y los ingresos totales netos de la familia. La declaración jurada solo se puede completar una vez y es un único trámite para ambos servicios energéticos.

Los aumentos para los consumidores que no reciban más subsidios serán tres de entre $1200 y $1300 cada uno, en promedio, si son usuarios de Edenor y Edesur -no se especificó para los consumidores fuera del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)-. Para más detalle, en las facturas de electricidad figura al final de la boleta cuánto es el subsidio que otorga el Estado Nacional. En el caso del gas, los tres incrementos serían de alrededor de $800 cada uno, en promedio.

El Ministerio de Economía diseñó una segmentación que divide a los usuarios residenciales en tres categorías (no aplica para comercios e industrias): los que reciben tarifa social, los que están entre el 10% con mayor poder adquisitivo, y el resto de los usuarios de ingresos medios, que no pertenece a ninguno de los dos segmentos anteriores. Al completar la declaración jurada, la asignación de segmento es automática según lo declarado en la solicitud y de carácter provisoria. El Estado luego analizará los datos y, en caso de que haya inconsistencias, se podrá asignar una nueva categoría.

Todos los usuarios residenciales que quieran mantener los subsidios deben completar la declaración jurada. Esto incluye a beneficiarios de tarifa social, jubilados e inquilinos de todo el país, ya que el costo del gas y de la generación electricidad son subsidiados en todas las jurisdicciones en igual magnitud. La diferencia de costos en cada jurisdicción depende de otros factores, como la carga impositiva (que en algunos municipios es casi el doble que en la Ciudad de Buenos Aires) y el costo de distribución.

En cuanto a los medidores comunitarios (como calefacción centralizada), en la Secretaría de Energía explicaron que, como generalmente están a nombre de los consorcios, que son personas jurídicas, no estarán alcanzados en esta primera etapa, ya que está destinada a solo usuarios residenciales.

La base de datos que se generará con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) servirá para nutrir el también creado Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (Renut), del cual podrá servir más adelante para segmentar los servicios de agua potable y transporte público.

En el Gobierno negaron que la información recibida se pueda usar para otro fin, por ejemplo, para excluir a quienes pidieron mantener el subsidio del acceso al mercado cambiario.

El secretario de Energía informó que el ahorro fiscal con la segmentación este año será de apenas $15.000 millones, en un contexto en el cual se proyecta que las transferencias del Tesoro al sector energético superen los US$15.000 millones (2,5% del PBI), el total del déficit fiscal que se impuso como meta el Gobierno, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los subsidios a la energía fueron US$11.000 millones el año pasado (2,3% del PBI), lo cual significaría un aumento interanual no menor. “Con una macro descontrolada, con una inflación de 80% y una guerra por los recursos, pensar que el aumento de los subsidios responde al atraso tarifario resulta iluso o tendencioso”, dijeron en reserva en el Gobierno, pese a que las tarifas aumentaron menos de 45%, en un año en que la inflación terminará por arriba del 80% anual. Para 2023, la Secretaría de Energía espera un ahorro fiscal de $80.000 millones.

El esquema de política tarifaria es inversamente diferente al que llevó adelante la gestión de Mauricio Macri: en vez de que todos los usuarios tiendan a pagar el costo pleno de los servicios de gas y electricidad, y que los consumidores que necesitan subsidio reciban tarifa social; con esta modalidad, solo el 10% de los usuarios pagará el precio total de la energía, mientras que el resto de la población tendrá los servicios subsidiados.

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