Tarifas de luz y gas: la Argentina vivió en emergencia energética en 20 de los últimos 35 años

Luego de 32 años, las empresas que transportan el gas natural comenzaron el proceso para pedir que se les prorrogue la concesión que vence en diciembre de 2027. Durante sus presentaciones en la audiencia pública que se llevó adelante hoy, hicieron hincapié en que, durante 20 años, los servicios energéticos estuvieron intervenidos debido a la declaración de la de emergencia energética. Esto habilitó que haya congelamientos tarifarios y, a su vez, generó una freno de las inversiones que impidió que el sistema de gasoducto se expanda según el crecimiento poblacional.

“En los últimos 32 años, las empresas de distribución realizaron inversiones por más de US$3700 millones, que podrían haber sido superiores con un sistema tarifario acorde a los principios del marco regulatorio de la actividad”, dijo Daniel Martini, titular de Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas).

Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) nacieron de la privatización de Gas del Estado, el 28 de diciembre de 1992. Los accionistas recibieron la concesión del servicio por 35 años, que vence en 2027. Según la reglamentación original, ambas compañías tenían derecho a una prórroga de 10 años si cumplían con los términos de seguridad y confiabilidad, que se amplió a 20 años tras la sanción de la ley de Bases, aprobada durante el actual gobierno de Javier Milei.

Guillermo Aníbal Cánovas, de TGN, explicó que durante los primeros años de concesión, mientras el marco regulatorio se cumplió, hasta 2001, la capacidad de transporte creció 133%, lo que implicó un crecimiento promedio de 10% anual acumulativo. “Esto fue posible gracias a que el Estado argentino cumplió durante aquellos primeros años con el contrato de licencia y los niveles tarifarios vigentes permitieron tales niveles de inversión”, dijo el representante de la transportadora.

Sin embargo, señaló que a partir de la ley de emergencia de 2001 y el congelamiento tarifario que se prolongó durante los siguientes 15 años, “la capacidad de inversión de la compañía se fue deteriorando”. Durante ese periodo, el crecimiento de la capacidad de transporte de TGN fue del 13%, un incremento menor del 1% promedio anual y se concretó bajo el esquema de fideicomisos organizado por el Estado.

“Con la recomposición de 2017, TGN pudo recuperar cierta capacidad de inversión, para acompañar la capacidad de mantenimiento. Entre 2017 y 2019, se invirtieron US$67 millones por año, pero en 2019, la tarifa volvió a congelarse y hubo un nuevo periodo de transición tarifario que continuó hasta diciembre de 2023, con tarifas muy retrasadas”, dijo Cánovas.

La ley 24.076 que regula el servicio público de gas, reglamentada en 1992, establecía también hacer una revisión tarifaria integral (RTI) cada cinco años. Se trata de un mecanismo que determina las inversiones que tienen que hacer las empresas, por un lado, y se establece el mecanismo de ajuste de las tarifas que el Estado tiene que cumplir. Es decir, se busca darle previsibilidad a las empresas y a los usuarios acerca de cómo serán los aumentos (qué fórmula se diseñará para hacer los ajustes) y con qué frecuencia se aplicarán.

Sin embargo, solo se implementó en dos ocasiones y nunca se cumplió. Es decir, en 32 años, jamás se llevó adelante. La primera vez se interrumpió luego de la crisis de 2001 y la segunda vez, durante los últimos años de gobierno de Mauricio Macri y los primeros de Alberto Fernández, tras la crisis cambiaria desatada y la consecuente aceleración inflacionaria.

“A lo largo de más de 20 años, las licenciatarias debieron operar sin la vigencia del marco legal tarifario. Los cambios en las reglas de juego y los congelamientos de tarifas afectaron la normal gestión del servicio público. Las inversiones se redujeron y la expansión del servicio se vio limitada”, dijo Martini, titular de la cámara de distribuidoras de gas.

Es que desde 2001 a la fecha, debido a las crisis económicas recurrentes, los aumentos tarifarios siempre fueron discrecionales, según las necesidades políticas de los gobiernos de turno. Pese a esta situación, TGN y TGS pidieron 20 años más de concesión.

“La prórroga de la licencia es condición necesaria para retomar el rumbo de expansión que hará posible no solo atender el crecimiento de la demanda local, incluyendo el abastecimiento de la industria del litio en el noroeste argentino, y reemplazar el GNL y combustibles líquidos por origen nacional, sino llevar el gas de Vaca Muerta a Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia”, dijo TGN.

Rubén Oscar de Muria, de TGS, en tanto, indicó que el 8 de septiembre de 2023 se pidió la prórroga de la licencia por 10 años y, el 15 de julio pasado, luego de la aprobación de la ley de Bases, se hizo el pedido de ampliación por 20 años.

Accionistas de TGN y TGS

TGS hoy es controlada por la sociedad Compañía de Inversiones de Energía (Ciesa), que tiene el 51% del total del capital social. Esta empresa, a su vez, está repartida en un 51% de acciones por parte de Pampa Energía, la empresa fundada por Marcelo Mindlin, y en un 27,1% por la familia Sielecki (fundadores del laboratorio Phoenix). El resto de las acciones de Ciesa están en manos del brasileño Grupo Safra (22,9%), que en Buenos Aires está construyendo un edificio de oficinas en microcentro, bajo el diseño del arquitecto inglés Norman Foster.

El resto del 49% de las acciones de TGS se reparten en un 24% en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses; un 20% cotiza en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE), y el 5% restante son acciones propias de TGS en cartera.

TGN, por su parte, tiene como accionista controlante en un 56% a Gasinvest, una sociedad conformada en partes iguales (50%) por Tecpetrol, la empresa del grupo Techint, y por Compañía General de Combustibles (CGC), de la familia Eurnekian.

La empresa que preside Hugo Eurnekian está buscando vender su participación con el objetivo de potenciar otros proyectos. El resto del paquete accionario de TGN está compuesto en un 24% por el fondo Southern Cone Energy Holding y 20% cotiza en BYMA.

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