Tarifas de luz y gas: arranca una semana clave para el futuro de Guzmán y el acuerdo con el FMI

Durante los próximos días, el tema que más tensión genera en el oficialismo, como es el aumento de las tarifas de gas y electricidad, estará al tope de la agenda a raíz de las tres audiencias públicas que se llevarán adelante el martes, miércoles y jueves próximo. Las dos primeras serán para tratar los incrementos tarifarios propuestos por el Ministerio de Economía para ambos servicios, mientras que en la última audiencia se hablará sobre la segmentación que diseñó el ministro de Economía, Martín Guzmán. La lupa estará puesta sobre los expositores que hablarán ya que, como sucedió en el pasado, funcionarios cercanos al kirchnerismo duro podrían aprovechar la oportunidad para exponer fuertes diferencias.

Es mucho lo que está en juego: el futuro del jefe del Palacio de Hacienda y, por lo tanto, del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sucede que el incremento tarifario de los servicios energéticos es uno de los puntos centrales del programa económico negociado con el organismo de crédito. Guzmán se comprometió a bajar el déficit fiscal (la diferencia entre gastos de ingresos) de 3,1% del PBI a 2,5%. La manera de hacerlo era a través de reducir los subsidios a la energía.

A comienzos de febrero, antes de la guerra y mientras el ministro acompañaba al Presidente en su gira por Rusia, Guzmán indicó que los subsidios económicos bajarían este año un 0,6% del PBI. Pero el conflicto bélico aceleró la disparada de los precios del gas (ya venían subiendo tras la salida de la pandemia) y los analistas especializados en energía no solo creen que será difícil ajustar los subsidios, sino que inclusive aumentarán.

Esta situación, por lo tanto, despertó otros interrogantes: ¿si el déficit no se reduce por una baja en los subsidios a la energía, en qué otro sector se ajustará? ¿Si el déficit no baja, cómo se financiará, si el FMI permite que sólo un 1% del PBI se cubra con emisión del Banco Central? ¿Alcanza el mercado de crédito doméstico para financiar el resto del déficit si al Tesoro le costó cubrir los vencimientos de deuda de abril, que son menos exigentes que los que hay a fin de año?

Por lo pronto, Guzmán ratificó que la meta de déficit fiscal sigue siendo 2,5% del PBI este año y señaló que el gasto destinado a la obra pública no se reducirá, como respuesta a las consultoras privadas, que proyectaban que el Gobierno iba a recortar el rojo por ese lado. Caso contrario, la inflación será la gran aliada del Tesoro, ya que le permitirá obtener mayores ingresos que los estimados cuando se proyectó una inflación del 48% como tope en el acuerdo con el FMI, lejos del piso de 60% que ahora se espera para el año.

El rechazo del kirchnerismo

Desde que el ministro de Economía instruyó al secretario de Energía, Darío Martínez, a convocar a audiencias públicas que el kirchnerismo duro redobló sus críticas hacia Guzmán. Para los funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el aumento de tarifas exacerbará el mal humor social por la aceleración inflacionaria y no redundará en una reducción significativa de los subsidios.

El tema no es menor, ya que Guzmán necesitará de los interventores en los entes reguladores para que firmen los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a regir desde junio. Este es el caso de Federico Bernal, interventor en el Enargas, y de Soledad Manín, titular del ENRE, que responde al anterior interventor y actual subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

En el Ministerio de Economía, sin embargo, indicaron que no hay riesgo de que los interventores no quieran firmar los incrementos ya que “la decisión del Gobierno es avanzar con esta medida y eso es lo que se hará”.

Según las propuestas del ministro, a partir del próximo mes se dividirá a los usuarios de los servicios públicos de energía en tres segmentos: los que reciben tarifa social (que se cree que son alrededor del 20%), el 10% de la sociedad con “mayor capacidad de pago” y el 70% restante que no pertenece a ninguno de los dos grupos anteriores.

Para los que reciben tarifa social, los usuarios de gas no tendrán ningún incremento adicional al 20% que hubo en marzo, mientras que a los consumidores de energía eléctrica en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se les aumentará 6% más.

En cuanto al 70% del segmento del medio, el aumento será de 21,5% para los consumidores de gas y de 17% para los de electricidad. De esta manera, si se tiene en cuenta el alza de 20% que ya se aplicó el mes pasado, los aumentos finales estarán en torno al 43%, muy por debajo de la inflación de 60/65% esperada.

El Ministerio de Economía no informó cuánto será el incremento para el 10% de la población con mayor capacidad de pago, aunque las estimaciones privadas hablan de que sería mayor al 200%, ya que en junio además aumenta el consumo por las bajas temperaturas. Solo detalló la semana pasada los criterios en los cuales se basarán para realizar la segmentación. En principio, se les quitará el subsidio a aquellos usuarios que viven en “urbanizaciones cerradas”, a los que tengan ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales ($314.000 a marzo), los que tengan tres o más inmuebles registrados, tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años y los que posean aviones o embarcaciones de lujo.

Si algún usuario al que se le quita el subsidio considera que debe ser restituido, el Gobierno pondrá a disposición un formulario para pedir la “solicitud de reconsideración”.

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