Tarifas de luz: el Gobierno llamó a una audiencia pública para aumentar un tramo del servicio eléctrico

Mientras la segmentación energética comienza a implementarse, el Ministerio de Economía demora una definición sobre el futuro de las tarifas de Edenor y Edesur. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó hoy a una audiencia pública para tratar los ingresos de las empresas transportistas de electricidad, pero evitó referirse a las tarifas de las distribuidoras, pese a que en el año se les dio un incremento de solo 8%, cuando la inflación acumulada en el año ya supera el 66%.

La falta de ingresos de Edenor y Edesur no es gratis para las cuentas fiscales del Estado, ya que las empresas recurren al financiamiento del Tesoro para cubrir sus gastos (pago de personal e inversiones en mantenimiento). Esta práctica se volvió una constante durante los gobiernos kirchneristas, que prefieren evitar un incremento de tarifas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a cambio de permitirle a las compañías endeudarse con Cammesa, la empresa que les vende la electricidad y es controlada por el Estado.

Al 15 de septiembre pasado, por ejemplo, Edenor registraba una deuda de $112.076 millones y Edesur, de $116.138 millones.

Edenor y Edesur son las únicas dos distribuidoras que dependen del Gobierno nacional, ya que están reguladas por el ENRE. El resto de las distribuidoras son controladas por las propias provincias y, por lo tanto, los entes reguladores provinciales deciden los incrementos de tarifas que corresponden al tramo de distribución.

Al ver que en los últimos años el Estado les dio menos aumento de tarifa a Edenor y Edesur que la inflación, algunos gobernadores comenzaron a realizar la misma práctica, por lo cual, la deuda total de las distribuidoras con Cammesa asciende a $502.326 millones. Entre las provincias que están en deuda figuran Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Chaco, Tierra del Fuego y La Rioja.

Las facturas de electricidad que recibe cada usuario residencial representa el costo de tres servicios eléctricos: el de generar la electricidad, el de transportarla a los centros de consumo y el de distribuirla en cada hogar. La única que recibe subsidios directos del Estado Nacional es el segmento de generación, donde los hogares pagan solo un 25% de lo que cuesta generar la electricidad; el resto se cubre con transferencias del Tesoro. La segmentación tarifaria, justamente, tiene como intención disminuir la cantidad de subsidios destinados a la generación eléctrica.

Sin embargo, si el Estado no les autoriza los incrementos a las distribuidoras eléctricas, parte de ese aumento de tarifas que se está aplicando quedará para las empresas que se financian con esos ingresos. Actualmente, Edenor y Edesur le pagan a Cammesa solo el 55% de lo que deberían. Y a medida que los gastos de las empresas aumentan al ritmo de la inflación, cada vez requieren más recursos para cubrir sus costos.

El 12 de septiembre último, la Secretaría de Energía publicó una resolución en la cual prorroga hasta fin de año la potestad de que las empresas distribuidoras regularicen sus obligaciones de deuda con Cammesa, permitiéndoles tener seis meses de gracia para pagar, un plazo de hasta ocho años (96 cuotas mensuales) a una tasa de interés menor a la del mercado y un crédito a favor equivalente a dos veces la factura media mensual de 2020.

Hasta el 6 de octubre pasado, 79 distribuidoras todavía no habían regularizado su situación, incluyendo Edenor y Edesur, mientras que 44 empresas ya habían firmado un acuerdo con la Secretaría de Energía.

Para regularizar la situación, las empresas piden que el Estado les garantice que les incrementarán las tarifas para hacer frente sus obligaciones, un compromiso que hasta ahora el ENRE no asumió, lo cual demora las negociaciones de Edenor y Edesur, las dos empresas con más deuda con Cammesa.

En lo que respecta al transporte de electricidad, para la audiencia pública, las empresas reclaman un aumento que iría del 2% actual al 3,4% del cargo variable. Esto significaría aproximadamente una tarifa de entre $26 y $28 por usuario.

“Desde el ENRE comprendemos que la inflación proyectada en su momento del 33% al establecer las tarifas anteriores y la real cercana al 95% anualizada puede haber generado desfasajes en sus estados contables. Sin embargo, está más que claro que las empresas utilizaron las partidas de inversión, que en ningún caso superan el 23% de lo comprometido para el financiamiento del pago de salarios”, dijeron en el ente intervenido por Walter Martello.

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