Tarifas de luz: aumentarán 9% desde mayo, y le pidieron la renuncia a Basualdo

Las tarifas de electricidad de Edenor y Edesur -para los clientes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- aumentarán finalmente 9% a partir de este mes, según confirmó la Secretaría de Energía. Según la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, este será el único incremento en el año. Además, se avanzará en un esquema de segmentación de subsidios para aplicar cuando termine la pandemia.

Además, el ministro de Economía, Martín Guzmán, le pidió la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien provenía del Instituto Patria, el think tank que comanda el kirchnerismo duro. Previamente, había sido designado como interventor en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Guzmán tomó la decisión después de una reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Según indicaron fuentes oficiales, “Basualdo se va por incompetencia”. “Se le pidieron escenarios de costos que nunca presentó. Tampoco avanzó con un eje fundamental de la gestión, que es la segmentación de tarifas. Ese pedido se hizo en diciembre de 2019″, agregaron. LA NACION intentó comunicarse con el exsubsecretario y no tuvo respuesta.

Si bien en la escala jerárquica del Ministerio de Economía, Basualdo respondía a Guzmán, en la práctica, el funcionario solo daba explicaciones a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Era el encargado de velar por la política tarifaria, junto con Federico Bernal, el interventor en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). De hecho, fuentes del ENRE y del Enargas indican que la noticia de la renuncia de Basualdo es una operación del Ministerio de Economía.

Bernal se comunicó con este medio y dijo que el Enargas no hará comentarios.

Fuentes oficiales indicaron también que “se empezará un trabajo de segmentación que estaba visiblemente retrasado para que los subsidios dejen de ser planos para todo el mundo”.

De esta forma, el ministro de Economía se anota una pequeña victoria. En las últimas semanas, Basualdo había dado entrevistas indicando que las tarifas aumentarían una sola vez en el año, entre un 7 y 15%, de igual forma para todos los usuarios.

El incremento de 7% que había anunciado el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para el interior de la provincia, hacía suponer que la suba en el AMBA sería la mínima. A fines de marzo, el ENRE había convocado a una audiencia pública para aumentar las tarifas, pero después de un mes, no había habido novedades.

Las tarifas de Edenor y Edesur para los residenciales están congeladas desde hace dos años. Recién el mes pasado tuvieron un incremento del 3%, producto de que se actualizó el impuesto destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), que pasó de $80 a $160 el MW/h. Pero no se había aplicado un aumento a la parte de la tarifa que corresponde a la distribución y transporte eléctrico.

Para los grandes usuarios que consumen más de 300 kW, como la mayoría de los comercios e industrias, el alza fue de entre 55 y 75%. Este incremento ya se había adelantado a fines de febrero, ya que el Gobierno decidió quitar un subsidio a estos usuarios con el fin de ahorrar $35.000 millones aproximadamente.

Guzmán deberá decidir también el aumento en las tarifas de gas. Allí, el hombre fuerte del kirchnerismo es Bernal, quien anticipó hace unas semanas que el servicio aumentaría entre 6 y 7%, muy por debajo del 30% que pide Guzmán para que los subsidios a la energía no crezcan en relación con el PBI.

El secretario de Energía, Darío Martínez, se posicionó del lado de las declaraciones de Guzmán, y publicó un informe en el cual analizaba que, en caso de no aplicar un aumento mayor en las tarifas de gas, el gasto en subsidios podía subir al 2% del PBI, superior al 1,7% que planteó el ministro en el presupuesto.

Sucede que el Gobierno ya se comprometió con un precio en dólares de entre US$3,5 y US$3,7 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) con las productoras de gas. Para que los subsidios no aumenten, se necesita que los usuarios residenciales y comercios paguen un precio mayor del actual, que es de apenas US$1,5. El Estado cubre el 60% restante. Además, como las tarifas se recaudan en pesos, a medida que se devalúa la moneda, los ingresos alcanzan para cubrir una menor parte del costo.

La reducción del gasto en subsidios energéticos es una de las condiciones que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige un ajuste en las cuentas fiscales. Este es uno de los puntos importantes que negocia Guzmán con el organismo, de cara a acordar un nuevo acuerdo que permita posponer el pago de los US$44.000 millones que se le deben.

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