Tarifas de electricidad: aumenta 24% el servicio de luz para los grandes comercios e industrias

La Secretaría de Energía autorizó que haya un incremento de 24% retroactivo a comienzo de mes en las tarifas de generación eléctrica para los grandes comercios e industrias, que podría implicar una suba final de entre 16% y 19% (las tarifas incluyen otros segmentos, como transporte y distribución, que no tienen variación).

En los próximos meses, estas empresas y pymes podrían trasladar el aumento de costos a los precios finales. El alza afecta a alrededor de 4000 grandes usuarios de energía (GUDI), entre las que se encuentran automotrices, grandes plantas industriales y grandes complejos comerciales. Para los hogares, pequeños comercios y grandes usuarios públicos de salud y educación no habrá subas.

Preocupado por el incremento en subsidios a la energía, el Gobierno decidió autorizar el incremento del precio estacional de la electricidad, que fija la Secretaría de Energía cada tres meses y tiene alcance nacional.

En concreto, el precio del MWh pasará de $5489 a $6813. También se adecuó en un 30% el precio spot que beneficia a las provincias con generación hidroeléctrica y se avanzó en la armonización del cuadro tarifario de Tierra del Fuego, según señalaron fuentes oficiales.

En febrero pasado ya hubo un incremento de tarifas, que tenía como fin ahorrar alrededor de $35.000 millones. Se trata de los grandes usuarios de electricidad que demandan más de 300 Kw. Estos consumidores tienen dos alternativas para comprar energía: la gran mayoría lo hace en forma directa a Cammesa, la compañía con control estatal encargada de los despachos, y el 10% lo hace de forma indirecta a través de las empresas distribuidoras (Edenor, Edesur y Edelap, por ejemplo). Hasta febrero, los usuarios que compraban la energía a través de una distribuidora tenían un subsidio de alrededor del 50% que el Gobierno quitó. Eso implicó un aumento de entre 50% y 70% en las tarifas.

El incremento a comercios e industrias se da luego de que el Gobierno difundiera mensajes de propaganda que dicen: “Vos sabés que frenamos la suba de las tarifas de servicios públicos”.

Para los usuarios residenciales del área metropolitana de Buenos Aires, la última actualización de tarifas fue de 9% en mayo pasado, luego de estar casi dos años congeladas, con una inflación acumulada superior al 60%. En el interior del país, donde las tarifas de luz tienen jurisdicción provincial, los aumentos llegaron a ser de hasta 35%. Solo las tarifas de Edenor y Edesur son reguladas por el Estado Nacional.

Los analistas energéticos ven con preocupación el aumento en subsidios a la electricidad. De hecho, solo la semana pasada, el Gobierno autorizó un incremento de $90.000 millones en el presupuesto para destinarle mayores transferencias a Cammesa. También aumentaron $28.075 millones el dinero destinado a programas de estímulo a la producción de gas.

Cuando el Gobierno asumió en diciembre de 2019, el usuario residencial promedio pagaba el 55% de lo que costaba producir la electricidad. Más de un año y medio después, el usuario residencial cubre solo el 29% del costo de electricidad. Los grandes usuarios y comercios, por su parte, pagan el costo pleno de la electricidad.

Este invierno, el costo de la generación eléctrica se disparó a $8252 el MWh (US$85), el doble de los $4508 que costó la energía en el mismo mes de 2020. Esto está explicado en parte por la caída de 34% de la generación hidroeléctrica (producto de la sequía), que es más económica. Además, si bien el Gobierno lanzó a fines del año pasado el Plan Gas, la puesta en marcha del programa de estímulo llegó tarde para los meses más fríos del año y no evitó la declinación en la producción, como era el objetivo. Por lo tanto, por la menor disponibilidad de gas local, el Gobierno debió aumentar las importaciones de combustibles líquidos, que son más caros.

En los próximos meses se espera que el costo de energía disminuya a US$68, ya que con las mayores temperaturas habrá menos necesidad de importar combustibles. Esto permitiría que los usuarios paguen una mayor proporción del costo de generación (podría subir a 35%). Sin embargo, seguiría siendo el nivel más bajo desde 2015.

Como contrapartida, en el primer semestre de este año los subsidios a la energía aumentaron 65,4% con relación al mismo periodo de 2020 (un crecimiento de 14% real, según la consultora LCG), y se espera un incremento mayor en la segunda parte del año, cuando el consumo de gas es mayor. Según las proyecciones privadas, se estima que los subsidios a la energía finalizarán este año en US$8400 millones, un incremento de 34% con relación a los US$6259 millones de 2020. Estas transferencias se cubren o con más emisión monetaria, más deuda o más impuestos

A su vez, en la primera parte del año, las importaciones de energía representaron US$2281 millones, lo que implica una suba de 59,3% en comparación al primer semestre de 2020 y un impacto directo en las reservas del Banco Central. Solo por gas, las estimaciones privadas señalan que en el año se importarán US$1992 millones, considerando un precio promedio anual de importación desde Bolivia de US$5,7 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) y de US$7,8 en GNL (sin incluir regasificación).

Sube entre $6 y $8 las tarifas de gas

A partir del próximo mes, las tarifas de gas subirán entre $6 y $8, ya que el Gobierno reglamentó la reciente ley aprobada de Ampliación del Régimen de Zona Fría, que extiende el subsidio de 850.000 usuarios a 4 millones de personas. Para financiar este incremento, se aumentó de 4,46% al 5,44% el recargo que se cobra sobre el precio de gas en boca de pozo y que tiene como fin nutrir el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (el Fondo Fiduciario).

“La normativa otorga descuentos del 30% en cuadros tarifarios del servicio público de gas por redes para cerca de 2,8 millones de usuarias y usuarios residenciales, mientras que del 50% para unos 374.000 con criterios socioeconómicos establecidos. Previo a esta ampliación, los beneficiarios totalizaban 850.000, todos con descuentos del 50%, restringidos exclusivamente a la Patagonia, La Puna y Malargüe (departamento de Mendoza). Es decir, pasamos de 850.000 a aproximadamente 4 millones, abarcando 15 provincias y 231 departamentos. Hablamos de un beneficio para casi 13 millones de personas, equivalente a un 28% de la población”, había explicado semanas atrás Federico Bernal, interventor en el Enargas.

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