Suba de retenciones a exportaciones industriales: metalúrgicos cordobeses impulsan una contrapropuesta sin costo fiscal
Los empresarios plantean un redireccionamiento de parte de la recaudación por los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono
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CÓRDOBA.- Pese a los cambios aceptados por el presidente Javier Milei en varios aspectos del proyecto de ley ómnibus, se mantiene la suba de retenciones a las exportaciones de manufacturas de origen industrial. Desde la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, plantean una alternativa para que la alícuota no salte al 15%. En función de la recaudación que dejaría ese incremento, impulsan una modificación del destino de lo que ingresa por los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.
Las autoridades de la cámara se reunieron con el gobernador Martín Llaryora y, además, participaron del plenario de comisiones en Diputados donde se analiza el proyecto del Ejecutivo. En ambos casos entregaron el documento de trabajo con la propuesta de compensación fiscal para evitar el impacto tendría el alza de las retenciones.
Los metalúrgicos subrayan que su propuesta evita una “paralización de las exportaciones industriales”, impide “la desfinanciación del programa fiscal” del Gobierno nacional, no aumenta la presión tributaria, preserva la participación de provincias y el sistema previsional en la distribución de impuestos a los combustibles y “puede facilitar los acuerdos parlamentarios” necesarios para la aprobación de la ley.
El economista Gastón Utrera, asesor de la cámara, explicó que la alícuota del 15% implicaría un incremento de alrededor de 11,5 puntos porcentuales sobre las alícuotas vigentes (3,5% en promedio, con 0% para exportaciones incrementales). En función de los US$ 20.000 millones de exportaciones promedio de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) en la última década, se recaudarían alrededor de US$2300 millones al año.
“No se trata de un monto perdido por no incrementar la alícuota, ya que el argumento es que esa recaudación es inviable si las exportaciones MOI lo son, pero es la suma que debería obtenerse por otras vías para lograr neutralidad con relación a las previsiones originales del plan económico”, analiza Utrera.
Los mismos recursos podrían lograrse mediante una modificación de la Ley 23.966 en lo referido al destino de la recaudación de los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. La distribución actual es de 10,4% al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda; 10,4% a provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social; 4,31% al fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58% al de Infraestructura de Transporte y 2,55% a compensación al transporte público.
La propuesta es preservar los porcentajes a provincias y a seguridad social, mientras que el resto (60,91%) podría direccionarse hacia el Tesoro Nacional, “en detrimento de fideicomisos y fondos cuyos propósitos (financiación de obras públicas y subsidios al transporte) están fuera de la agenda del Gobierno nacional”.
La reasignación propuesta equivale a US$2399 millones. “Incluso con una caída de volúmenes del 4,2% en 2023 en comparación con 2022, el monto obtenido es suficiente para la compensación fiscal buscada”, señala Utrera.
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