Sospechas, reproches y un giro inesperado en tres causas millonarias contra el país
LA NACIONPablo Fernández Blanco
Loretta Preska es jueza senior de la Corte de Distrito Sur de Nueva York y una de las personas a las que silenciosamente le presta mayor atención la Casa Rosada. Después de dos décadas en el sector privado, fue nominada en 1992 por el presidente George W. Bush para ocupar un lugar en el poder judicial. Desde ese rincón de Manhattan construyó la parte más brillante de su carrera, que dio un salto en 2009, cuando la nombraron jueza jefa, una silla anterior a la actual, que ocupa desde hace dos años.
Preska es considerada por jueces y abogados neoyorquinos como la heredera de Thomas Griesa, célebre en la Argentina por haber dirimido la demanda de los fondos buitre contra el país por la deuda en default de 2001. La jueza mantenía una relación cercana con su antecesor, se quedó con los expedientes argentinos que manejaba y se familiarizó de primera mano con ellos antes de la muerte de Griesa, en 2017.
Sobre el escritorio de Preska descansan tres causas millonarias que involucran a la Argentina. Los efectos potenciales de esas carpetas, con derivaciones políticas y económicas, tejieron en las últimas semanas una red de sospechas, reproches y estrategias que LA NACION reconstruyó en base a los testimonios de personas involucradas en las discusiones y los documentos de la justicia norteamericana.
La demanda más conocida es por la estatización del 51% que tenía la española Repsol en YPF . El tema lo siguen personalmente el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y "Pepín" Rodríguez Simón, director de la petrolera y amigo del presidente Mauricio Macri , aunque la representación argentina está en manos de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. El tipo de cambio y las peripecias en la Justicia le dejaron una factura onerosa al Estado, que sólo el año pasado le pagó $70,5 millones a ese estudio, según un pedido de acceso a la información pública que le hizo LA NACION al Ministerio de Hacienda.
En abril de 2015, tres años después de la estatización, Burford Capital Limited presentó en la Corte de Distrito Sur una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF. Fuentes oficiales estiman el costo de un resultado adverso en US$3000 millones.
Los demandantes sostienen que al momento de la estatización no se cumplió con los estatutos de la compañía, según los cuales quien se quedara con el 51% debía hacerle una oferta al resto de los socios.
La estrategia argentina tiene dos partes: responder en términos técnicos cada requerimiento de la Justicia norteamericana e intentar trasladar el litigio a los estrados locales.
Burford es un megabufete que compra juicios por poca plata con la expectativa de ganar mucho un tiempo después. Adquirió a la justicia española la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, compañías que la familia Eskenazi creó en ese país para esquivar el riesgo jurídico doméstico antes de comprar una parte de YPF.
Los vehículos de la demanda son incómodos para Cristina Kirchner. No sólo debido a que la supuesta argentinización que favoreció su marido con los Eskenazi se hizo a través de empresas con domicilio extranjero. También porque la expresidenta podría estar obligada a dar mayores explicaciones si se corrobora una sospecha de la Casa Rosada e YPF: que la familia local -aún administran el Banco de Santa Cruz, tierra kirchnerista gobernada por Alicia Kirchner- podrían resultar favorecidos si la Argentina pierde en los estrados.
Documentos que forman parte del expediente muestran que el 4 de marzo de 2015 Prospect Investments LLC, el financiador de la demanda, acordó con Petersen Energía Inversora y con Petersen Energía las condiciones del pago ante un eventual resultado positivo. En otra página, sostienen que la contraparte –ambas empresas- se quedarán con el 30% de todas las ganancias derivadas del juicio.
La familia Eskenazi dice que ya no tiene nada que ver con las compañías que creó porque, asegura, le fueron quitadas tras su quiebra, luego de la estatización. La defensa argentina descree.
Las sospechas de la administración de Mauricio Macri van más allá de las fronteras y llegan a Repsol. Por caso, la Procuración - el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Estado- tuvo problemas para conseguir quién la represente en tierras ibéricas, donde la ex dueña de YPF tiene una presencia territorial expandida.
La representación oficial en ese país recaló en José María Alonso Puig, titular del Colegio de Abogados de España, que se ganó el respeto de los funcionarios argentinos al presentar una acción de simulación por la venta del juicio. La Procuración se hace preguntas evidentes, como por qué la justicia ibérica no le ofreció primero el juicio a la propia YPF, una de las grandes interesadas en la demanda, y terminó yendo a las manos de un fondo buitre.
La demanda por YPF generó sobresaltos entre abril y los últimos días. El caso había llegado a la Corte Suprema norteamericana, que debía definir si lo aceptaba o no. Pero el máximo organismo abrió una tercera puerta: le pidió su opinión, no vinculante, al denominado solicitor general, el jefe de los abogados de EE.UU. El martes pasado, Noel Francisco, hombre de la administración de Donald Trump , le recomendó al máximo tribunal de su país que rechace el pedido argentino.
Aunque se trató de un balde de agua fría, el Gobierno le dio una lectura positiva horas después. Un funcionario al tanto de la relación con la Casa Blanca explicó que el juicio por YPF está ocurriendo en un marco general en el que Estados Unidos intenta ampliar su jurisdicción en casos de supuesta corrupción, como el FIFA Gate. En otros términos: cuando hay hechos espurios, la justicia norteamericana buscar estar al frente de la investigación. E interpretan que Francisco lo ve de esa manera, algo que está en línea con el argumento que presentará la defensa argentina en la Corte.
Antes de esa decisión, la Casa Rosada había desplegado en la Casa Blanca una estrategia diplomática paralela a la judicial, en el juzgado de Preska. El embajador Fernando Oris de Roa y abogados de la Procuración participaron de encuentros en el Departamento de Estado para sostener la posición local junto a diplomáticos de México y Chile, que a su vez se presentaron como amicus curiae (amigo de la Corte) financiadas por el Estado argentino.
Brasil y Colombia también le enviaron al solicitor general cartas diplomáticas en la misma dirección. Fueron el fruto del encuentro con la posición de la Casa Rosada, pero también del apuro, ya que no llegaban presentarse como "amigos". Aunque el esfuerzo no rindió sus frutos ante Francisco, parte del trabajo puede ser materializado en el litigio.
Los ánimos en Buenos Aires también habían caído al piso cuando en Nueva York una decisión de Cámara sorprendió a todos. Mientras aguardaban una respuesta de la Corte, un denominado clerk –algo así como el secretario del juzgado, sin rango de juez-, le ordenó a Preska el 19 de abril pasado iniciar el juicio contra el país que estaba en espera. Todos sospecharon de una mano negra.
La Argentina apeló a la cámara, que rechazó el reclamo local. Pero los abogados fueron luego a la jueza. Exacerbaron el cuidado en el uso de las palabras para expresarle que querían un stay –el equivalente a una media cautelar-, pero sin dejar a Preska en la incómoda posición de tener que refutar a una instancia judicial superior. La jueza aceptó el pedido el 22 de abril pasado.
El hecho de que Preska haya ido en contra de un organismo de mayor jerarquía volvió a repartir las barajas de una mano que aparecía adversa para la Casa Rosada, según se observa desde este lado del mundo. La muestran como una jueza independiente, algo que los envalentonó, más aún cuando advirtieron una caída en la cotización de Burford, que le atribuyeron a la decisión en Estados Unidos. Dicen que el mercado anticipa los resultados de las cosas.
Otras derivaciones del caso alimentan la expectativa de los letrados argentinos. En los últimos meses hubo contactos informales entre al menos dos funcionarios del Gobierno que pasaban por Washington y personas que se atribuyeron una cercanía a Burford y sugirieron que el fondo estaba dispuesto a abrir una negociación.
La supuesta buena voluntad del fondo fue leída como un signo de debilidad, a tal punto que los abogados argentinos desarrollan sentimientos encontrados: si bien la razón les indica la conveniencia de que el juicio pase a la Argentina, algo que difícilmente ocurrirá, creen que podrían disfrutar de un pleito profesional en Nueva York. Se ilusionan con los resultados que, eventualmente, podría arrojar el pedido de un Discovery, por el que la Justicia norteamericana haría visibles relaciones entre las partes y activos que hoy podrían estar ocultos. ¿Acaso la familia Eskenazi tiene algo que ver, pese a lo que juran sus voceros, con el juicio contra el país? ¿O la gestión kirchnerista podría haber evitado el entuerto? Son preguntas cuyas respuestas tendrían un peso político mayor si vienen acompañadas de documentación norteamericana. Quizás la alternativa que está peleada con la conveniencia judicial sea la que le traiga sonrisas a la política en una época en que la Casa Rosada orienta las fuerzas a la pelea electoral.
Otra causa que avanza en silencio tiene inquietos a los funcionarios nacionales. Se trata de la denominada cupón PBI, que por ahora representa una demanda menor, pero con un daño potencial altísimo. También está en manos de Preska. El daño potencial contra las cuentas públicas estimado por la defensa ronda los US$3000 millones, porque ese primer paso podría abrirles la puerta a otras demandas.
En enero pasado, el fondo Aurelius presentó una demanda contra el país por US$83,7 millones en los tribunales de Nueva York por el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI). Al nivel de actividad está atado el pago del bono denominado Cupón PBI. En 2014, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía, anunció que el crecimiento del año anterior había sido del 3%, por debajo del 3,22% que establecían esos títulos para pagar. El Gobierno cree que podrían llegar más demandas por ese lado.
Se trata de otro litigio que toma coloratura política. Pese a que la cara visible es Kicillof, una posible espada de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires en los próximos comicios, las flechas de la Casa Rosada apuntan contra Roberto Lavagna y su exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, que lo utilizaron como carnada para atraer a los bonistas al canje de deuda que se hizo en 2005. Un ex funcionario se aceró en las últimas semanas a dirigentes de Cambiemos y charlaron sobre el tema. Después de un breve intercambio se encendió, otra vez, de los actuales gestores del Estado la sospecha por tantas preguntas del lado de enfrente.
El encono oficial con Lavagna apunta a que les propuso a los inversores un premio atado a la marcha de la actividad luego de una crisis. Tras 2001 y un andar con sobresaltos en los años siguientes, era de esperar que luego la economía creciera, con lo que el Estado se comprometía a pagar una millonada.
La molestia anterior despertó coincidencias inesperadas entre el Gobierno y parte de la oposición. Hay funcionarios que le dan la razón a Kicillof, quien en su momento masculló contra el ex ministro por la fortuna que se debía pagar atada al Cupón PBI.
Preska también deberá decidir sobre otra demanda olvidada para el gran público, pero presente para el Ministerio de Hacienda. Se trata del porcentaje de holdouts (tenedores de deuda argentina en default) que no entraron en el acuerdo al que llegó el país con los fondos buitre en abril de 2016. Tras la orden de Griesa y las negociaciones, meses después del cambio de mando el Gobierno les transfirió US$ 9300 millones para cancelar los acuerdos cerrados con bonistas minoristas, incluido NML Capital, de Paul Singer, líder del litigio contra la Argentina. Si bien quedó un porcentaje residual de bonistas díscolos, sus reclamos se cuentan en millones.
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