Los efectos en las jubilaciones de una política de ajuste y de la ausencia de un debate de fondo

En el período de marzo de 2020 a noviembre próximo, un jubilado que a inicios del año pasado tenía un haber mensual de $50.000 habrá cobrado casi $160.000 menos (en bruto) de lo que hubiera percibido en el caso de que en los últimos dos años no hubiera habido cambios en la política de actualización de ingresos. Para alguien que percibía menos, $30.000 por caso, el efecto es cercano a los $80.000. Los datos son ejemplos del impacto en los bolsillos del ajuste a las prestaciones previsionales al cual –lejos de las promesas de la campaña presidencial de 2019– recurrió, apenas asumido, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Ya en el inicio de la gestión, a fines de 2019, se incluyó en un proyecto de ley, luego aprobado, la suspensión de la fórmula de movilidad aprobada en 2017, durante la gestión macrista. Esa fórmula había derivado en pérdidas del poder de compra para los jubilados de 13% en 2018 y de 1,7% en el año siguiente. En función de la dinámica del índice de precios, el componente predominante de aquel cálculo (que consideraba ese indicador con demasiado rezago, lo cual fue un problema que se sumó al escenario de una inflación creciente), en 2020 –año con una inflación de 36,1%–, iba a llegar una recuperación parcial del valor real de los ingresos: el aumento nominal iba a ser, según aquella fórmula, de 42,1%.

Pero ese cálculo no se aplicó. Las subas decretadas y decididas discrecionalmente fueron, para todos, inferiores a las de la fórmula. Y provocaron que incluso el haber mínimo quedara con una suba por debajo de la inflación. El ajuste no tiene un impacto limitado a 2020, porque desde este año, ya con una fórmula legal vigente, los porcentajes de incrementos trimestrales se calculan sobre ingresos más bajos de lo que serían en el supuesto de no haber mediado la suspensión.

En algunos lugares del interior del país, como Bahía Blanca y Mendoza, ya hubo fallos judiciales cuestionando esa “perpetuidad” del ajuste, y ordenándole a la Anses aumentarles los haberes a los demandantes de las causas en cuestión. Lo cierto es que hoy las jubilaciones y pensiones son entre un 3,1% y un 12,3% más bajas respecto de lo que serían si no hubiera habido cambios en los últimos dos años. Y los haberes de septiembre último tienen un poder adquisitivo un 6,2% más bajo que los de ese mismo mes de 2020. Mientras que la inflación del período llegó a 52,5%, el aumento nominal de haberes fue de 43%.

Es cierto que quienes reciben haberes más bajos (hasta dos veces la mínimas y un poco más) recibieron en la actual gestión bonos adicionales a las subas generales. Pero la política de pagos extras es de carácter discrecional, mientras que, según muchos especialistas, un sistema de movilidad tiene un objetivo claro: garantizar, con un mecanismo preestablecido que se active periódicamente, que el valor inicial de todas las jubilaciones y pensiones (no solo de algunas) no se deteriore con el paso del tiempo.

La mayoría de las prestaciones que se pagan en el principal sistema previsional que tiene la Argentina son de montos muy bajos, bajísimos. Y, a la vez, la sustentabilidad del régimen está afectada por distintas medidas que se fueron tomando sin considerar el financiamiento requerido, y por hechos como los cambios poblacionales.

Pero no parece recomendable que se enfrenten esos problemas apelando al esquema de movilidad y actuando sobre él en forma aislada. Es el sistema en sí el que debería ponerse sobre la mesa de manera integral, para una discusión de fondo sobre su presente y su futuro.

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