SIPRE. Dudas y malestar en las empresas por la carga de información sensible para Paula Español
A poco del vencimiento del registro de información oficial en la que la Secretaría de Comercio Interior pide datos sobre precios, ventas y stocks; crece el fastidio entre las compañías afectadas
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LA NACIONFrancisco Jueguen
Las dudas se multiplicaron en las últimas semanas. Sobre como cumplir el requerimiento oficial que venía con un instructivo de 27 páginas. Por la confidencialidad de la información que las empresas deben compartir con el Gobierno. Y acerca de qué pasaría con los Precios Máximos y los permisos de importación que negocian las compañías con la Secretaría de Comercio Interior –las principales batallas- en caso de negarse a responder el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), que vencerá en los próximos días, y que pide información de precios, ventas y stocks.
El malestar, explicitado por varias cámaras empresarias, también creció. Por el personal derivado a la nueva burocracia, pero sobre todo por el grado de intervención estatal en la vida de las compañías.
Sin embargo, la mayoría de las empresas acató la orden de Paula Español, según datos oficiales y la que proviene del mercado. “Las empresas están muy dispuestas y tienen toda la voluntad de informar”, dijeron cerca de la secretaria de Comercio Interior a LA NACION. Cerca de la economista contaron que recibieron alrededor de 480 correos en una semana por consultas sobre cómo cargar la información, que en una primera etapa agrupaba a 500 empresas de Alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza; construcción; química y agroquímica; electrónica y electrodomésticos, y muebles. En una segunda etapa se sumarán 500 compañías más, habían adelantado el Gobierno a mediados del mes pasado.
La primera presentación debía realizarse dentro del período comprendido entre el 1° y el 10 de abril, pero había tiempo hasta el 15 de este mes para hacer rectificaciones. Sin embargo, en la cartera de Desarrollo Productivo advertían que se trataban de 15 días hábiles y no corridos, por lo que existía aún una ventana.
Al cargar en el sistema de Trámites a Distancia (TAD), la mayoría de las firmas alimentarias, sumó un documento extra indicando que la información se compartía “bajo protesto”. Así, multiplicaron la presentación administrativa –aún pendiente- que Copal (la coordinadora que agrupa a las firmas de ese sector) hizo semanas atrás. El primer paso antes de hacer una presentación judicial.
“Nosotros llenamos el formulario el sábado [de la semana pasada]. El viernes no funcionaba. Una pérdida absoluta de tiempo. Decenas de personas trabajando en eso”, contaron en una multinacional del rubro alimenticio. “Sé que algunos tuvieron problemas de seguridad y algunos filtros y en otras dudas con relación a la información a completar o no. Más allá de eso, me animo a decir que la totalidad lo presentaron porque es obligatorio y está sujeto a sanciones”, afirmaron desde una firma nacional de ese mismo sector.
Otras empresas, sobre todo las multinacionales afectadas, se quejaron de que la normativa pedía que la carga online se hiciera desde IP locales (y no extranjeros), pese a que en esas firmas no proliferan. “Llamamos a la mesa de ayuda y nos dijeron que para la próxima lo resuelven”, contaron en una compañía del exterior. “Hay mucho malestar en las empresas. Esto demanda gente de Legales, de Finanzas, y de otros departamentos. Parece que nuestros empleados trabajan para Secretaría de Comercio Interior”, cuestionó el ejecutivo que recalcó que hay que elegir las batallas: “Necesitamos salir de Precios Máximos”.
“Hay dudas en materia de confidencialidad y hubo mucho debate con los departamentos de Legales”, afirmaron en el sector de agroquímicos consultados por este medio. “Estamos entregando información sensible. Después aparecieron un montón de dudas operativas a la hora de llenar los formularios”, agregaron. El ejemplo, en este caso, fue la política de descuentos que existe en la política de precios de los fabricantes del sector, ya que esas bonificaciones modifican los precios finales.
“Te lleva mucha horas de análisis. En las empresas se maneja esa información para la toma decisiones con un formato, pero ellos te lo pedían en otro. Hubo muchas adaptaciones”, contaron en un proveedor de la construcción, donde además agregaron que hubo problemas con las planillas online: “Daban error porque no se podían poner comas. Sólo aceptaba los puntos”. Sin embargo, allí confirmaron que enviaron toda la información requerida por Paula Español. Lo mismo dijeron en otro importante proveedor.
En la misma sintonía, dos importantes firmas del mundo de la electrónica y los electrodomésticos dijeron que completaron en registro sin ningún problema. Sin embargo, en una de ellas advirtieron. “Lo que se complicó de nuevo es el tema SIMI para insumos que van a la producción. No sé si es un tema burocrático o si detrás está la falta de dólares y la cuotificación de importaciones”.
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