Sin margen, Massa se aferra a la idea de una paz cambiaria

Pese a la escalada de ayer del dólar “contado con liqui”, en el Gobierno empiezan a albergar la idea de que lo peor de la corrida ya pasó. En algunos despachos hasta se animan a aventurar que, a medida en que comienza a aminorar la demanda de dólares para la importación de energía, se vienen 60 días de paz cambiaria. Sesenta días en los que, en definitiva, se terminará de evidenciar si las medidas aisladas que anunció Sergio Massa para sortear una devaluación brusca del tipo de cambio surtieron efecto o no.

A esta altura empieza a quedar claro entre distintos actores económicos que Massa no tiene un plan estabilizador ni tampoco piensa en medidas transformadoras. Empresarios que se reunieron con él en los últimos días se quedan todos con la misma sensación: el ministro se muestra confiado en que ante cualquier inconveniente él sabe cómo manejar la botonera de la política, pero no puede darles precisiones con respecto a la economía.

La esperanza del nuevo equipo económico es que el fuerte apretón monetario –vía la suba de tasas de interés– y el ajuste fiscal –todavía tibio– hagan todo el trabajo. Es cierto que en el campo, en el que hasta ahora se financiaban en pesos para evitar desprenderse de los dólares/porotos de soja, reconocen que ya no es tan fácil conseguir créditos baratos. Pero todavía la oferta de divisas no termina de aparecer. Tampoco tiene Massa demasiado margen político para ofrecerle al campo alguna alternativa más tentadora. Cristina Kirchner le dio margen de acción pero no es infinito: no hay que devaluar ni ceder por completo a los pedidos del campo.

El Banco Central (BCRA) viene acumulando algunas ruedas de compras de dólares, en gran medida, porque también la orden es pisar con fuerza las importaciones. Ya lo anticiparon Massa y Tombolini a sus interlocutores: el acceso de dólares para los importadores será muy restrictivo en los próximos 45 días. Habrá posiblemente empresas frenando producción o suspendiendo personal, pero la falta de reservas en el BCRA es una limitante incuestionable. La convocatoria para la semana próxima a empresas de consumo masivo a reuniones con Massa y el titular del BCRA, Miguel Pesce, tiene por objetivo monitorear precios, pero también apunta a las importaciones.

Massa no pretende avanzar con un ajuste a fondo. Sino, mediante algunas medidas parciales, lograr que algunos sectores traccionen y colaboren en equilibrar las variables de mediano plazo. En tal sentido, se espera que haya algún anuncio adicional para la industria del conocimiento, en línea con lo que hizo con los hidrocarburos, uno de los sectores que más le atraen y en el que tiene mayor cantidad de conocidos.

Una de las medidas que, de hecho, tomó en sus primeras horas como ministro, fue la rescisión del contrato con la empresa Power China para la construcción del segundo tramo del gasoducto de Vaca Muerta. Se había firmado en su momento hasta una carta de intención con el Banco de China por el financiamiento: US$1900 millones. Sin vocación de entrar en conflictos diplomáticos con China –menos cuando por otra ventanilla la Argentina le está solicitando flexibilizar el swap con el BCRA–, el Gobierno le habría propuesto a la empresa hacerse cargo, mediante adjudicación directa, de la provisión de las plantas compresoras. Hay quienes ven en el cambio una inclinación natural de Massa hacia Estados Unidos; otros, más maliciosos, hablan de la influencia del capitalismo de amigos.

En el plano fiscal, en tanto, la orden de Hacienda es que se cumpla el presupuesto de Martín Guzmán que el Gobierno sacó por decreto. Eso implicará congelar las transferencias a las provincias y demorar pagos a proveedores. Ya las generadoras de energía eléctrica están empezando a inquietarse por la demora en los pagos de Cammesa. Se estima que la deuda de Cammesa con las generadoras asciende a unos $150.000 millones por las facturas impagas de mayo y junio. “Es uno de los tantos gastos que se están empezando a poner abajo de la alfombra”, confía una fuente. Pero además, entre quienes conocen de finanzas públicas hay otro motivo que hace pensar que esta deuda no se regularizará en el corto plazo. Según explica el economista Nicolás Gadano, Cammesa no forma parte del sector público no financiero ni se considera propiamente una empresa pública, con lo cual los atrasos en que incurra la compañía no se contemplan dentro de la meta de deuda exigible que contabiliza el FMI. “Lo que Cammesa debe, queda fuera del radar”, subraya Gadano. No debería.

La quita de subsidios difícilmente modifique el escenario para el sector. Por lo pronto, porque este año el impacto de las subas en el fisco será ínfimo (0,06% del PBI, según Facimex), con lo cual no contribuirá demasiado a un mejoramiento de la caja.

Como sucede en las familias, el problema de un Estado que vive al día y que no planifica más allá de la quincena es que tampoco se permite pensar en los problemas que le sobrevendrán. A las demoras en los pagos se suma un reclamo de las empresas por un ajuste de tarifas. Porque la quita de subsidios no implica que los prestadores recibirán un aumento, sino que solo se modifica la fuente de donde surgen sus ingresos (pasa de ser el Tesoro en forma casi exclusiva, a los usuarios). “La tarifa de las generadoras está pisada. En el verano vas a ver que muchos van a reclamar que, pese a los aumentos, la luz se corta igual, y el Gobierno va a echarles la culpa a las empresas, que no tienen cómo financiar el mantenimiento de sus plantas”, advierte un hombre que conoce de cerca la industria.

La realidad es que el anuncio de la Secretaría de Energía dejó demasiados interrogantes. Entre ellos, un detalle no menor: se supone que con el corrimiento del Estado, una gran cantidad de usuarios deberá pagar a partir de enero de 2023 el costo real de la energía. Ahora, cerca del 65% de los costos de la generación eléctrica están atados al dólar; el 35% sigue la inflación. Ninguno de los ejemplos que se dieron en la conferencia de prensa de esta semana contempla una inflación que, en el mejor de los casos, el año próximo estará en los dos dígitos. En otras palabras, el retoque de las boletas de electricidad deberá ser mensual, si es que el Estado no quiere volver a caer en los subsidios. Algo poco factible en un año electoral.

La bomba energética de hoy la plantó el primer kirchnerismo, pero la abultada cuenta de subsidios como así también la importación de gas para suplir el inexistente gasoducto de Vaca Muerta, son solo una parte del problema. Poco se habla de las consecuencias que vemos hoy de la apuesta excesiva del exministro De Vido a la generación de electricidad con centrales térmicas, construidas por empresas como Electroingeniería, que supieron estar a la vanguardia del capitalismo de amigos de principios de siglo.

Indica Cammesa que entre 2005 y 2015 la potencia instalada de fuentes térmicas se incrementó 64%, mientras que la de fuentes hidroeléctricas sólo lo hizo en un 11%. El fomento de las energías renovables del gobierno de Macri no logró revertir la tendencia, siendo que en 2021 las variaciones versus 2005 fueron de 93% y 14% respectivamente. Yacyretá fue la última central hidroeléctrica de magnitud en construirse.

Entre la ola privatizadora de los noventa que sepultó las capacidades de empresas como Hidronor, y la inoperancia del kirchnerismo de hacer que las cosas pasen, una lista interminable de proyectos hidroeléctricos ideados hace medio siglo continúan acumulando tierra en vez de estar viendo el agua mover sus turbinas. El colmo de la Argentina: un país lleno de ríos y de gas, no puede explotar ni uno ni lo otro. Pero hay que ser optimistas. Podríamos estar presos del faraónico gasoducto bolivariano que Néstor Kirchner y Hugo Chávez idearon para la liberación latinoamericana.

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