Sin los dos principales planes sociales, habría cerca de 936.000 pobres y 2 millones de indigentes más
Sin la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y la pensión no contributiva para madres con siete o más hijos las tasas de pobreza e indigencia crecerían 5,2% y 46,8%, respectivamente
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LA NACIONCamila Dolabjian
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló el impacto de las dos principales políticas sociales en la población. La Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y la pensión no contributiva para madres con siete o más hijos tienen el mismo objetivo, para el Gobierno, de reforzar los ingresos de los hogares en situación de vulnerabilidad. Sin estas prestaciones, de acuerdo con el estudio, habría 936.003 más pobres y 2.088.007 más indigentes. Las tasas crecerían 5,2% y 46,8%, respectivamente.
Según la OPC, la tasa de pobreza pasaría del 39,7% -el último trimestre 2021- al 41,8% y la de indigencia, de 9,9% a 14,6%. Asimismo, desde la Oficina aclararon que la cifra podría ser aun mayor, debido a que -típicamente- hay una subdeclaración de los ingresos en las encuestas.
Ambas tasas se estiman a través de la Encuesta Permanente de Hogares, un relevamiento trimestral a cargo del Indec. De allí se derivan la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La primera define el límite de la indigencia y la segunda, de la pobreza. En mayo, si una familia tipo de cuatro miembros (dos adultos y dos niños) no superó los $42.527 y $95.260 de ingreso familiar, habría caído por debajo de la línea de flotación de ambos indicadores.
“Desde 2004, el empleo informal no baja de 8 millones de personas, aun en momentos donde hubo crecimiento. Lo que queda en evidencia es que las personas de menor nivel de recursos y educación no pueden conseguir empleo formal y en consecuencia, el Estado motorizó una política de darle planes a estas personas”, opinó Jorge Colina. “Los inactivos, desempleados, no asalariados y asalariados no registrados son los que más crecieron en la última década, por eso la necesidad de dar tantos planes”, agregó.
De acuerdo con el especialista, esto ocurrió por tres causas: leyes laborales “muy prohibitivas”, convenios colectivos “caros”, ya que fijan salarios superiores a la productividad de las personas de bajo nivel educativo y la falta de inversión en la Argentina -la tasa desde 2012 es del 16% del PBI cuando debería ser del 25%, según Colina- y eso implicó una falta de creación de empleo.
En términos de hogares, el estudio reveló que las tasas de pobreza e indigencia resultarían un 5,2% y 39,4% mayores (227.481 y 433.229, respectivamente). Las estimaciones no incluyen otros planes sociales que han cobrado relevancia en los últimos años, como el Potenciar Trabajo, que llega a 1,3 millones de personas.
La línea de gastos estatales que más creció en importancia relativa en los últimos cinco años fue la de subsidios o planes sociales que administra la Anses. En 2021, representaron 5,9 puntos más del gasto total que en 2017, de acuerdo con Iaraf. A su vez, los planes sociales pasaron de representar el 0,1% del producto bruto interno en 2002 al 4,5% en diciembre del año pasado. Los beneficiarios de la AUH son 4,4 millones y, entre estos mismos beneficiarios, 1,7 millones reciben la Tarjeta, es decir, los dos beneficios.
En estos 20 años, la cantidad de beneficios pagados saltó de 1,6 millones a 12,12 millones, con un aumento del 657,5%, aunque cabe aclarar que una persona puede estar cobrando más de un beneficio, debido a la superposición de planes entre las distintas reparticiones. En el gobierno de Alberto Fernández, la cantidad de planes creció 18,6%, pero el monto más que se duplicó. Los datos surgen de un trabajo de la consultora Idesa sobre la base de la ejecución presupuestaria de cada año. En millones de pesos a precios de diciembre de 2021, los fondos totales de los planes crecieron de $18.877 millones a casi $2 billones.
“En la foto de hoy, eliminar los planes de una generaría este impacto, pero claramente se llega a esto, más allá de la pandemia, porque la economía argentina no es productiva. El Estado es gigante, representa el 42% del PBI mientras que, históricamente, hasta 2004, era como máximo un 25%. Con el mayor gasto público se genera una mayor necesidad de impuestos y trabas, para financiarlo. Hay gente en la pobreza que tiene trabajo, pero la baja competitividad produce que la gente necesite contención”, explicó María Castiglioni, economista de C&T Asesores Económicos.
Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar es una de las políticas sociales cuya importancia en términos de gasto y beneficiarios creció más en el gobierno de Alberto Fernández. En 2021, se extendieron los beneficios para alcanzar a hogares con niños/as de hasta 14 años perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a hogares con hijos/as con discapacidad que perciban la AUH, a mujeres embarazadas beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a mujeres perceptoras de la Pensión no contributiva (PNC) para madres de 7 o más hijos. Además, el programa incluye la asistencia a comedores escolares, a comedores comunitarios y el módulo alimentario complementario.
En 2020, la prestación alcanzó a 1,6 millones de hogares, que significó la incorporación de alrededor de 220.000 nuevas familias beneficiarias. Estas medidas implicaron un gran aumento en el universo de beneficiarios, brindando cobertura a 2,4 millones de familias. “Esta extensión de la cobertura, junto con los sucesivos aumentos dispuestos en los montos de la prestación, consolidaron a esta asignación como la principal política alimentaria dentro del presupuesto nacional”, puntualizó el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Por si sola, sostiene a 405.001 por encima de la línea de pobreza y a 558.002 de la de indigencia (2,2% y 10,7% de aumento, respectivamente).
La mayor cobertura y los mayores montos aumentaron la importancia de la Tarjeta alimentaria dentro del presupuesto nacional, de acuerdo con la OPC. En el año 2020, esta política significó erogaciones por 0,41% del producto de la economía, incrementando en 20 veces su peso en el PBI respecto al año 2018. Desde 2008 a ese año, las líneas de acción del programa Políticas Alimentarias, consideradas en conjunto, se mantuvieron por debajo del 0,11% del PBI.
Por Camila Dolabjian
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