Silvina Batakis pondría en marcha el último plan avalado por Guzmán y continuará una promesa incumplida por el exministro
Una de las últimas resoluciones de Martín Guzmán buscaba ejercer mayor control sobre los presupuestos de fondos fiduciarios y empresas públicas
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El discurso de Silvina Batakis causó sorpresa por el nivel de continuidad que evidenció con la política de Martín Guzmán y por la contundencia con la que expresó su intención de recortar la caja estatal y la contratación de empleados públicos. Incluso, una de las últimas decisiones que tomó su antecesor –tan sobre la hora de su renuncia que entró en vigor tres días después de que comunicó su dimisión– fue justamente el Plan de Acción de Mejora de la Información Presupuestaria, orientado al control sobre las ejecuciones presupuestarias de entes fuera de la administración central.
La ministra dijo que creará un comité evaluador para “darle más eficiencia a cada una de las erogaciones” del sector público. Agregó que busca “poder incluir cada uno de los distintos organismos dentro de la planificación de efectivo que tiene el Estado nacional”.
Batakis dijo ayer que “utilizará” el artículo octavo de la ley de administración financiera para este fin. Buscará aplicar los mismos criterios de análisis de uso de fondos para todas las entidades que conforman el Estado. Actualmente, hay mayor control sobre los ministerios y sus dependencias que sobre los entes descentralizados, como el Indec, o las empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas.
En particular, la flamante ministra apuntó a la planificación de las finanzas en algunos organismos, la utilización de partidas de fondos para fines distintos a los que fueron originalmente emitidas –como consecuencia de la subejecución, para lo que quiere crear un sistema de cuentas únicas– y la incorporación de nuevos empleados. El congelamiento al ingreso de nuevo personal todavía no fue comunicado formalmente a las áreas estatales, de acuerdo con fuentes de Gobierno.
Los dichos de la ministra se acercan al último proyecto firmado por Guzmán y publicado hace una semana. Este apuntó a “fortalecer la presentación de los informes financieros y de presupuesto de otras entidades del sector público nacional, que incluya información física y financiera de los principales proyectos individuales de inversión, sean estos financiados por transferencias desde la administración pública nacional o por recursos con afectación específica”. Los objetivos de este plan, delineado por el exsecretario de Hacienda Raúl Rigo, se plasmaron en el mismo sentido que los anuncios de la ministra ayer.
El documento contiene decisiones novedosas. Primero, vertieron la intención de mejorar el “análisis de riesgos fiscales” requiriendo información de organismos públicos. En segundo lugar, busca producir esta información respecto de los “atrasos en los pagos” de empresas públicas y fondos fiduciarios, por naturaleza y antigüedad. También se pondría en marcha un plan para generar reportes trimestrales de ejecución presupuestaria de las empresas públicas, cosa que a la fecha no existe.
Más gasto y empleo
Si bien tiene el mismo sentido que esta última resolución avalada por el exministro de Economía, es un cambio respecto a lo que venía llevando adelante todo el Gobierno, pese a las intenciones de reducir el déficit.
En la primera parte del año, se evidenció un crecimiento de la incorporación de personal a la planta permanente con concursos en decenas de dependencias estatales. Esto forma parte de un plan integral para sumar 29.000 empleados que se encontraban en la planta transitoria. Además, en la gestión de Alberto Fernández (entre 2019 y el primer trimestre de este año), creció la cantidad de personas en relación de dependencia en múltiples áreas, de acuerdo con la Base Integrada de Empleo Público y Salarios, procesados por la Fundación País Abierto y Digital.
Algunos ejemplos. El Ministerio de Cultura amplió sus empleados en un 24%. El Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que fue elevado desde la categoría de secretaría, creció 185%. Desde el inicio de la gestión, el de Turismo y Deportes, a cargo de Matías Lammens, se expandió 64%. Porque algunos se achicaron, el promedio en la administración central llega a casi 3%, unos 5300 empleados.
Algo similar ocurrió en las empresas estatales. Trenes Argentinos sumó, desde fines de 2019 hasta la fecha, cerca de un 12% más de empleados. El Correo Oficial, casi un 16%, y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, un 18,5%.
Por otra parte, hubo una aceleración continua del gasto primario en los primeros meses del año. De un crecimiento nominal interanual del 57% en enero pasó a uno del 87% en abril, promediando una variación del 75%. El gasto total tuvo una tasa de cambio inclusive mayor, puesto que los intereses de la deuda mostraron una aceleración nominal promedio del 136%. En ambos casos, el crecimiento estuvo por encima de la inflación. Los datos se desprenden de un análisis elaborado por Iaraf, una organización especialista en temas presupuestarios.
El gasto que más creció en el primer cuatrimestre fue el de los subsidios a la energía, con una variación promedio del 163%, y en donde la variación más alta se verificó en marzo, cuando se multiplicó por 4,5. Las asignaciones familiares y los programas sociales Progresar y Argentina Trabaja duplicaron su valor nominal del primer cuatrimestre del año pasado. Otros gastos que crecieron fuerte mes a mes fueron las transferencias corrientes a provincias, que cerraron el cuatrimestre con un alza promedio de 86%. Los subsidios al transporte avanzaron 84%.
El resto de los principales gastos se expandió a una tasa menor al 75%, pero todavía superior a la inflación en casi todos los componentes. El gasto en personal creció un 72% nominal en lo que va del año. Las jubilaciones y pensiones contributivas, un 62% en promedio, y las no contributivas, 61%. Los pagos de transferencias a la población pasiva fueron los gastos que se movieron a menor velocidad del primer cuatrimestre.
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