Servicios públicos: una vieja referencia contra Aranguren interpela a Sergio Massa

Sergio Massa estaba entonces tan indignado que no descartó pedir el uso de la fuerza pública para llevar a Juan José Aranguren, ministro de Energía de aquel gobierno, al Congreso para que explicara el aumento de tarifas. Era agosto de 2016, la administración de Macri empezaba ya a aplicar una significativa reducción de subsidios, y la oposición, con el líder del Frente Renovador como baluarte legislativo, reaccionó: “Atrás de cada factura hay un ciudadano o una familia. Venimos del semestre con mayor inflación de los últimos cinco años”, dijo en conversación con C5N. Le había escrito al presidente una carta abierta en la que pedía atenuar la medida.

Como el dilema energético se agravó y sigue deteriorando la macroeconomía, la historia se repite ahora del modo inverso: es Massa el que, como ministro de Economía, acaba de aplicar un incremento de tarifas, que empezó a llegar en estos días a los sectores de ingresos altos en medio de la campaña electoral y orilla el 500% en el último año. Tiene además algunas sorpresas. El sector más afectado no es por lo pronto el 10%, como había anunciado el Gobierno, sino al menos el 35%.

Hay además una tercera mala noticia: por la inflación y la caída en el salario real, el esfuerzo que deben hacer los usuarios no se condice esta vez con una baja proporcional en los subsidios que paga el Estado, y es probable que sean necesarios nuevos aumentos en el futuro. Desde la óptica del gasto público, el recorrido que hizo la Argentina desde 2019 fue un retroceso: entonces la tarifa pagaba 67% de la factura; hoy, pese a los ajustes, el 47%.

La particularidad de la medida es que recarga todo el peso sobre un segmento, ese 35% que reúne a unos 5,4 millones de domicilios con ingresos superiores a $730.000 mensuales y que el Gobierno llamó en la segmentación “Nivel 1″: pagan tarifa plena, seis veces más que el restante 65%, conformado por los niveles 2 y 3, que siguen con facturas que no cubren ni el 20% del costo. Exactamente, un 473% más que en agosto del año pasado. Sin embargo, según un informe de la consultora Economía & Energía, que conduce Nicolás Arceo, a precios constantes, si se le descuenta la inflación en el transcurso de ese año, el aumento queda en 164% en términos reales. La inestabilidad cambiaria y la inflación hacen suponer que el mal trago no pasó: como el costo de la energía es en dólares y la moneda se devalúa, si el país quiere que los subsidios bajen o al menos no suban, deberá aplicar en los próximos meses nuevos incrementos. Será otra de las encrucijadas para Massa en el fin del mandato y para quien asuma en diciembre.

Lo más controvertido de la decisión del Gobierno es la desproporción entre las facturas de unos y otros. El nivel intermedio, el 3, sólo paga tarifa plena en el excedente de 400 kw consumo por mes. En general, los países subsidian a partir de umbrales más bajos. El alza de agosto fue para ellos 33% real y 139% nominal: una boleta de $5677 en promedio, casi la mitad de quienes están en el nivel 1, que pagarán $11.253. “Hay un segmento que asume la peor parte y otro más subsidiado que nunca”, dice Daniel Montamat, expresidente de YPF. Se refiere a quienes todavía tienen la tarifa totalmente subsidiada, los más bajos, llamados “Nivel 2″, que recibieron en términos reales una reducción: pagan -7% real y 102% nominal.

Así como la suba de tarifas de Macri recibió en su momento también críticas de los radicales y la Coalición Cívica, Massa ha empezado ahora a oír objeciones dentro de su propio espacio. En especial en el kirchnerismo. Son tiempos electorales y todo ocurre días antes de las primarias. Como Macri con Nicolás Caputo, él también deberá mostrar ahora que la decisión que toma es independiente de la relación que tiene con algunos empresarios de la industria. Vila, Manzano y Filiberti, por ejemplo, que son dueños de Edenor y la mendocina Edemsa. El aumento generalizado de servicios incluye tambén a Aysa, la proveedora de agua que conduce Malena Galmarini y que además eligió un criterio de segmentación más controvertido que el de la energía: no depende de los ingresos sino de la zona en que viva el usuario del servicio.

Malena es también candidata: aspira a ser intendenta de Tigre. Ambos deben compatibilizar sus aspiraciones electorales con sus respectivas gestiones, una dualidad que cada tanto los expone a extravagancias institucionales. Hace un mes, por ejemplo, Galmarini inauguró una planta en San Fernando e invitó a cerrar el acto a su marido, que no tiene nada que ver en el asunto porque la empresa funciona en realidad en el área de otro ministro, Gabriel Katopodis. “Te agradezco como vecino de Tigre”, le dijo Massa a su mujer. Es inevitable que los planos se mezclen, y en múltiples direcciones.

La semana pasada, ella admitió haber favorecido a Tigre en la asignación de recursos de Aysa. “Una tiene su corazoncito”, dijo en radio La Red. El exdiputado Jorge Enríquez, de la Asociación Civil Causa Justa, la denunció por malversación de fondos.

Aysa fue además uno de los servicios que más redujo subsidios. Subió en promedio 32% sus tarifas, que en las zonas de ingresos más altos llegan a duplicarse. Si se repasan todos los rubros de servicios públicos, se advierte que la baja de asistencias estatales que exige el FMI y que llegó en el primer semestre del año a unos US$1500 millones ayudada por la mejora en el precio del gas, está básicamente explicada por lo hecho en energía y agua.

Según un informe de la UBA elaborado por el economista Julián Rojo, durante el primer semestre de 2023 esa reducción alcanzó el 20,1% en la energía y el 17,3% en Aysa, muy lejos del transporte, que registró sólo 4,4% de baja. Sin incluir en la cuenta Aerolíneas Argentinas, que recibió 27,1% más de transferencias, no existió en el transporte ahorro alguno: hay 8% más de fondos en términos reales, principalmente destinados a los servicios ferroviarios.

La peor noticia está, sin embargo, está por venir: la inflación y la devaluación harán necesarios nuevos ajustes no ya para atenuar subsidios, sino al menos para dejarlos como están. “Es inevitable: habrá nuevos aumentos para cubrir el costo porque la inflación es alta”, dice Arceo. “El paliativo puede ser que haya más gas y bajen los costos -agrega Montamat-. Pero todo esto es al dólar oficial: si devalúan, van a tener que subir más”. La Argentina se parece a veces bastante a nadar contra la corriente.

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