Servicio eléctrico: el Gobierno habilita cortes del suministro si los usuarios no tienen las tarifas a su nombre

El Gobierno dio ayer un paso más para avanzar con la segmentación de tarifas de luz, luego de que le pidiera a las distribuidoras Edenor y Edesur —las únicas dos empresas que están reguladas por el Estado nacional; las demás dependen de las provincias— que notifiquen a aquellos clientes que no tienen el servicio de electricidad a su nombre y las habilitó a que corten el suministro en caso de que los usuarios no regularicen su situación.

Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hay 1,5 millones de personas que deberían reempadronarse (700.000 clientes de cada distribuidora), lo que representa el 37% del total de los usuarios residenciales del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“A partir de noviembre y hasta diciembre de este año, las empresas deberán notificar a las personas usuarias comprendidas en este universo para que, en el plazo de 10 días hábiles, realicen el reempadronamiento. De conformidad con lo que establece el Reglamento de Suministro, los domicilios cuya titularidad continúe con inconsistencias serán susceptibles de cortes”, advirtió el ENRE en un comunicado.

Al día siguiente, el ente aclaró en comunicación con LA NACION que, “con este reempadronamiento, se busca normalizar la base de datos, no privar del servicio a personas usuarias mediante una acción masiva de cortes. Por lo que ante los avisos de posible corte que las empresas informen, el ENRE arbitraría los medios para contactar al usuario y que realice el reempadronamiento desde la página que se puso a disposición”.

La mayoría de las irregularidades en la titularidad del servicio sucede porque los clientes tienen el servicio a nombre de una persona fallecida o porque los propietarios que alquilan su vivienda no hacen el cambio de nombre de la boleta a los inquilinos. También ocurre que, como las personas jubiladas o retiradas pagan una tarifa de electricidad menor, se las elige como titulares del suministro para recibir el beneficio.

Esta instrucción del ENRE traerá dificultades a la hora de implementarlo. Para hacer el cambio de titularidad, se debe presentar una escritura o declaratoria de herederos, en caso de que el cliente anterior haya fallecido, o un contrato de locación si el usuario no es el propietario. En el ente piden a las distribuidoras “flexibilizar” estos requisitos para fomentar el reempadronamiento, lo que genera dudas dentro de las empresas por la responsabilidad que eso supone.

“Mucha gente usurpa una vivienda y después el dueño se queja con la distribuidora porque le dio un servicio a su nombre sin un documento que lo certifique. La boleta de luz es lo único que tiene una persona para determinar donde vive en muchos casos. El ENRE quiere que hagamos el reempadronamiento pidiendo solo una declaración jurada. El tema es que después cambian los funcionarios, pero el problema lo tenemos nosotros”, indicaron en una de las empresas distribuidoras.

En el sector creen que entre el 10 y 25% de los usuarios harán la regularización del servicio, pese a que el ENRE habilitó a las distribuidoras a cortar el servicio si siguen las inconsistencias.

Pedido del FMI

La segmentación de tarifas es una propuesta que el equipo económico del Gobierno le llevó al FMI para contener el aumento de los subsidios a la energía. Se trata de un tema no menor, que este año representará más del 2,2% del PBI. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya había advertido que el sistema actual de subsidios es “pro-rico”.

Actualmente, los usuarios residenciales de todo el país pagan en promedio solo un 25% de lo que cuesta la generación eléctrica. Según el proyecto de presupuesto que envió Guzmán al Congreso (y que se comenzaría a tratar la semana próxima), el objetivo para 2022 es que los usuarios del servicio eléctrico paguen un poco más por el costo de generación y lleguen a cubrir el 43% del total. En números: hoy mantener el sistema eléctrico cuesta alrededor de US$9000 millones anuales, de los cuales el Estado financia US$6000 millones con subsidios.

Sin embargo, declaraciones radiales que hizo en su momento el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, puso en duda de que Guzmán pueda llevar adelante el incremento deseado: “Uno puede prever matemáticamente cuál debería ser el aumento, pero también tiene que ver cómo está la sociedad. Uno no puede actuar en base simplemente a cuentas matemáticas”.

Por eso, la idea de segmentar tarifas sedujo a los funcionarios nacionales, que piensan en un esquema en el cual la parte más rica de la sociedad pagaría lo que cuesta la electricidad, la clase media tendría aumentos en línea con la inflación y la base de la pirámide, incrementos menores. Las dos grandes dudas de los analistas son si el Estado cuenta con la suficiente base de datos para implementar la segmentación y cuál sería el ahorro en subsidios.

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