Según un informe, las medidas del primer bimestre no son sostenibles en el tiempo

Disminución de tasas de interés en plazos fijos, reducción del pago a las importaciones de productos de la canasta básica, recorte del gasto público, saneamiento del balance del Banco Central (BCRA), desregulación de la economía y el crawling peg mensual sostenido en el 2%: las medidas que implementó el Gobierno en los primeros 100 días tienen el objetivo de enfrentar la crisis económica, aunque están cargadas de un carácter transitorio que, según el último informe de la consultora MAP, mantienen el escenario de imprevisibilidad.

Entre estos puntos clave, el documento resalta la caída del gasto primario a partir de la fuerte caída en las jubilaciones, subsidios, transferencias a las provincias e inversiones públicas, lo que llevó a un superávit entre enero y febrero de 2024. Pese a este resultado, según la consultora, el ajuste es circunstancial y, por ende, no se sostendría en el tiempo. Esto es así porque la recesión podría agudizarse en los próximos meses, en una dinámica que podría afectar negativamente a la recaudación.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, detalló esto, y remarcó que el resultado superavitario del primer bimestre corresponde al fuerte ajuste fiscal sobre las transferencias discrecionales, lo que se ve agravado por otros aspectos. Por un lado, la fuerte caída en las transferencias (solo cuatro provincias recibieron adelantos del tesoro nacional: Chubut, Corrientes, Jujuy y Tucumán). Por el otro, la contracción en las transferencias automáticas por coparticipación (de -10,1% interanual en enero, y de -17,2% en febrero) explicada por la caída en el nivel de actividad y el impacto de la eliminación del pago de ganancias a la cuarta categoría que impulsó el gobierno anterior. “Así como le llegan menos ingresos, el Gobierno busca limitar que aumente el endeudamiento de las provincias”, expresó.

“Más allá de las posibilidades de mejora en el gasto, la compleja situación fiscal de muchas provincias y su fuerte dependencia a los ingresos por coparticipación es el reflejo de la baja productividad del conjunto de su economía. Revertir esa situación requiere tiempo e inversión pública, por ejemplo en infraestructura”, agregó el especialista.

El informe de MAP también resalta que un mayor ajuste a las provincias podría poner en riesgo el apoyo de los gobernadores a las reformas planteadas por el oficialismo, que deben pasar por el Congreso, o incluso el Pacto de Mayo propuesto por Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

Otro punto problemático en las medidas, que, según MAP, fueron una “ventana para evitar que la economía entrara en crisis”, es la insostenibilidad de la tasa de interés real negativa, ya que esto se contradice con el objetivo de reducir la inflación, al atentar contra la demanda de moneda local e impulsar, en cambio, la dolarización de las carteras y nuevas presiones sobre la brecha y los registros del IPC.

Con este escenario en vista, sostienen un panorama cargado de incertidumbre en cuanto a la gobernabilidad política y social, con más preguntas que respuestas respecto de lo que sucederá con la Ley de Bases y el DNU, y si se logrará un entendimiento entre el oficialismo y la oposición.

“La incertidumbre es todavía alta. En el mejor de los casos, en las próximas semanas iremos conociendo las respuestas a estos interrogantes, e idealmente, la definición de una estrategia para que la economía se estabilice e inicie un proceso de recuperación sostenible a partir del segundo semestre de 2024″, remarcan.

Al no haber todavía un programa integral de estabilización, una de las mayores problemáticas que enfrenta el Gobierno es conseguir que las medidas que vengan de acá en adelante sean viables, pero también la necesidad de un plan que frene la dinámica de crisis y “derive en un sendero de estabilidad sostenible”.

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