Según economistas, el acuerdo con el Fondo es “positivo”, pero plantearon dudas sobre el cumplimiento de las metas

“Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”. Así comenzó el discurso grabado del presidente Alberto Fernández desde la quinta de Olivos con el que anunció el entendimiento con el organismo multilateral, que implica que la Argentina pagará hoy US$718 millones al FMI en concepto de capital. No hacerlo hubiese significado entrar en default con el organismo.

Más tarde, el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, los detalles del principio de acuerdo. Según anunció, el sendero de ajuste fiscal acordado con el FMI tendrá metas de déficit primario de 2,5% para 2022, de 1,9% para 2023 y de 0,9% para 2024, entre otros objetivos.

“El anuncio de preacuerdo despeja el horizonte de corto plazo y descomprime los mercados. A ambas partes les convenía acordar, por lo que el Fondo aflojó lo suficiente como para mostrar que no llegaremos a déficit cero [en dos años y medio] y permite seguir endeudándonos con China, Rusia y otros acreedores para hacer obras de infraestructura como quería el Gobierno”, opinó Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. “Esto no implica una solución para los problemas de la Argentina, pero da más tiempo para encontrar las soluciones”, agregó.

Para Lucio Garay Méndez, de la consultora EcoGo, “se explicitaron las exigencias que se vienen reclamando hace bastante tiempo, como la reducción del déficit y la baja en la asistencia monetaria, y eso es una buena señal”. Sin embargo, añadió que “el camino gradualista anunciado no está libre de riesgos” y que corregir las inconsistencias macroeconómicas llevará por lo menos tres años. “Durante ese tiempo, hay que tener cuidado con los pasos en falso”, advirtió.

Garay Méndez sostuvo que el entendimiento “es una condición necesaria, pero no suficiente para la recuperación de la economía” y que “hay que estar atentos a variables claves para ver la sostenibilidad de este acuerdo, y a la lectura que haga el mercado”, y destacó: “Por último, hay que estar atentos a cómo se mueva el Banco Central en línea con esto de las tasas reales positivas, hasta dónde la sube y qué impacto real tiene”

“El acuerdo implica un refinanciamiento de todos los vencimientos [del acuerdo stand-by firmado por la administración Macri], lo que es positivo para las cuentas públicas, ya que reduce el estrés sobre el gasto y sobre las reservas. A cambio, pide un mayor ajuste fiscal y menos financiamiento monetario del déficit”, resumió Iván Carrino, titular de la consultora ICYA.

“Tanto el menor déficit como la menor emisión son planes positivos. El tema es que se puedan cumplir y que haya financiamiento genuino para cubrir la diferencia que no pueda cubrir la emisión monetaria”, señaló el economista. Sin embargo, advirtió que “esta reducción gradual de la emisión nos condena a tener alta inflación por varios años más”.

Por otra parte, Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, advirtió que lo anunciado por Fernández y Guzmán implica “un nuevo stand by por dos años y medio que en algún momento tiene que desembocar en un programa de facilidades extendidas”. El economista señaló que se trata de “un préstamo para pagar un préstamo” (si bien el ministro Guzmán dijo que se trata de un programa de facilidades extendidas).

“De acá a 2023, la idea sería reducir el gasto desembolsado por el Covid y mejorar los ingresos para lograr un ajuste fiscal”, indicó. “De entrada, se trata de un anuncio positivo. No hay atraso, se paga y se va a un acuerdo, lo que debería descomprimir la situación. Después hay que ver bien el memorandum de entendimiento y si realmente se cambia el enfoque de política económica”, agregó Caamaño.

“La senda fiscal y monetaria parece razonable, pero no resuelve la tensión cambiaria ni su contracara, el exceso de oferta de pesos”, analizó Federico Moll, de la consultora Ecolatina. “Este desequilibrio se salda con mayor inflación, y eso políticamente hay que ver cómo se procesa, ya que de esa tensión depende la supervivencia del plan. Algunos objetivos del programa parecen ser contradictorios”, agregó.

“El tema es ver si el plan continúa, si en los próximos meses la tensión en el mercado cambiario sigue, la inflación se mantiene alta, los ingresos reales no crecen y la pobreza no se reduce”, advirtió Moll

Para Pablo Repetto, de la consultora GRA, “los objetivos fiscales lucen bastante cumplibles, pero la meta de caída del financiamiento monetario parece más compleja de alcanzar, al igual que la acumulación de reservas de US$5000 millones”.

Según Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria Consultores, los anuncios fueron positivos pero insuficientes: “Si bien es una buena noticia hacer el pago, porque estamos mejor que ayer cuando no se sabía si íbamos a pagar, es importante destacar que todavía falta”.

Para el economista, hasta que no estén escritos los memorandos y la letra chica que se va a tener que debatir en el Congreso, los anuncios siguen siendo superficiales. “Sin eso no sabemos no sabemos cómo el Gobierno piensa manejar las reservas, el déficit, el gasto y la eficiencia tributaria. Hay que ver si atrás de los anuncios no hay una suba de impuestos”, destacó Paolicchi, y advirtió que la política fiscal no es la única que hay que delinear, sino que las política cambiaria y la monetaria también son fundamentales para cualquier plan que presente la Argentina.

En tanto, Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, analizó que desde el Gobierno “se hicieron eco de las restricciones políticas que tenían para llegar a un acuerdo”. Para el economista, del entendimiento anunciado esta mañana se desprende que “se intenta llegar a un acuerdo de dos años y medio con revisiones, sin en ese plazo tener que hacer un pago de capital”

Para Lorenzo, “el esfuerzo fiscal para 2022 no parece ser grande”, mientras que los objetivos de política monetaria cuentan con “el desafío de construir confianza en el mercado de deuda en pesos”, para lo que se necesita “disciplina” y, en cuanto al aspecto cambiario, “se debería cumplir con la meta de acumulación de activos externos”. En lo referente a la inflación, Lorenzo advirtió que “el 40% mencionado sigue siendo una subestimación”.

María Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Económicos, indicó que el principio de acuerdo es positivo, ya que “la tensión financiera estaba al máximo, al filo de la incertidumbre que espiralizó la demanda de divisas de los últimos días e hizo caer el precio de los bonos”. Y añadió: “La opción de pagar sin acuerdo tenía un riesgo financiero y político muy alto”.

“Es un gran desafío para el Gobierno acumular las reservas que dijo que va a acumular durante este año. Para alcanzarlo, deberá hacer un ajuste del déficit fiscal más importante del que quería hacer, y una reducción muy fuerte del financiamiento monetario que venía aplicando hasta el momento. Hay una apuesta a que los organismos internacionales aporten un 0,9% del PBI en financiamiento, algo que no se hubiese podido concretar sin el preacuerdo con el FMI”, explicó Castiglioni Cotter.

“El ajuste se basa en suponer un crecimiento económico, una mayor presión fiscal y que el gasto público siga aumentando en términos reales. Estos supuestos generan dudas, no está claro qué va a pasar con las tarifas. De todas formas, acordar es condición necesaria para mejorar, y haberlo hecho es positivo”, concluyó la economista.

En tanto, Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica, sugirió que la meta de acumulación de reservas de US$5000 millones es un objetivo factible para el Gobierno. “En cuanto al tema fiscal, con un 4% de crecimiento es factible cumplir con la reducción del déficit de medio punto, si se mantiene el gasto real constante, que es otro de los objetivos anunciados”, explicó Delgado.

“Es probable que haya que ajustar algo más las tarifas, y debería haber algo de suba de tasas, para salir de las tasas reales negativas. Es importante que el acuerdo no implica una devaluación de shock, seguramente haya una aceleración pero una devaluación de gran magnitud hubiese tenido efectos muy negativos sobre el crecimiento”, agregó el economista.

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