Segmentación y suba de tarifas: efectos y dudas de la política energética que rige desde este mes

“Queremos pasar de hablar de subsidios a hablar de eficiencia energética”, dijo la flamante secretaria de Energía, Flavia Royón, antes de dar a conocer los detalles sobre la segmentación en las tarifas de luz, gas y agua, el 17 de agosto . Así, introdujo una diferencia con respecto a sus antecesores en el cargo, Darío Martínez y Sergio Lanziani, quienes mientras estuvieron en funciones no lograron implementar el nuevo esquema, por las disputas internas en la coalición gobernante. Ahora, cuando finalmente ganó consenso la idea de la inviabilidad de haber aplicado y de seguir aplicando subsidios a la energía de manera generalizada, especialistas consultados por LA NACION se explayaron sobre la eficacia de la segmentación, las implicancias del “uso racional de la energía” y la posibilidad de aplicar, como último recurso, un “racionamiento energético” en la Argentina.

La segmentación de tarifas para la luz y el gas quedó establecida en tres niveles, según la situación socioeconómica y las inscripciones de hogares en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Así, se divide a la población en nivel 1 (usuarios de mayores ingresos, quienes perderán los subsidios), nivel 2 (usuarios de menores ingresos, que mantendrán la ayuda estatal) y nivel 3 (usuarios de ingresos medios, a los que se solo se les subsidiará un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimos y máximos de cada categoría y subzona).

Este criterio de segmentación, además, se complementa con indicadores del nivel de consumo. En el caso de la energía eléctrica, el tope del servicio con subsidio es de 400 kwh mensuales (y de 550 kwh en zonas sin servicio de gas de red), mientras que en el caso del gas el límite será variable, según categorías y zonas.

El criterio fijado para el agua es diferente, porque se establecen once niveles zonales que se agrupan en “bajos”, “medios” y “altos”, además de la distinción de categorías (residencial, no residencial y baldíos). Todos los usuarios de Aysa tendrán un aumento de tarifa del 10% a partir del consumo de octubre, que se suma al 20% ya aplicado desde el 1° de julio. Y luego vendrán otros reajustes de manera escalonada, a la vez que se mantendrá una tarifa social.

Si bien los detalles de la segmentación se fueron conociendo a lo largo de agosto, recién horas antes del 1° de septiembre, fecha en que efectivamente comenzó a regir, se oficializó el nuevo precio estacional de la energía mayorista para usuarios con ingresos altos. Sobre esta base se definirá el cuadro tarifario para el bimestre de septiembre a octubre.

En el caso del gas, los cuadros tarifarios publicados por el Energas autorizan la suba de tarifas desde este mes, con un impacto en las facturas de 20% en el primero de tres tramos y de 88% desde enero. Respecto de la luz, siguen pendientes mayores precisiones. Según el criterio del Gobierno, el nuevo cuadro para los niveles 1 y 3 se aplicará gradualmente en tres bimestres. Por las demoras en el procesamiento del RASE y el cierre de los ciclos de facturación, se estima que el impacto pleno sobre las facturas llegaría en octubre.

Para determinar en qué nivel de ingresos se encuentra cada hogar se utiliza, como párametro, un monto equivalente al valor de una canasta de pobreza para una familia con dos adultos y dos niños. El último valor informado por el Indec es de $111.298 y esa cifra corresponde al ingreso tope para estar en el nivel 2; si los ingresos son de entre esa cifra y $389.543 (3,5 veces el precio de esa canasta de consumos), el hogar entra en el nivel 3 y, finalmente, si el ingreso supera los $389.543, el hogar es del nivel 1.

Aunque comience ya a aplicarse el plan, los formularios del RASE siguen disponibles, y los usuarios pueden inscribirse, si aún no lo hicieron. También pueden modificar datos o, incluso, renunciar al subsidio. Esto último podría ocurrir, por ejemplo, para poder comprar dólar ahorro (quienes no están impedidos por otro motivo), ya que, si bien no se oficializó la medida, se dijo que quienes sean subsidiados no podrán adquirir divisas.

La mirada de los expertos

Según Emilio Apud, exsecretario de Energía, el nuevo esquema de segmentación es “tardío”, “insuficiente” y “muy difícil de aplicar”. “Llega tarde porque el usuario, durante el kirchnerismo, se acostumbró a pagar solamente el 15% de la energía y a que el Estado subsidie el otro 85%”, opinó el especialista.

“Hasta 2003, la segmentación fue solo por tipo de usuarios (residencial, comercial e industrial) y se intentaba que el residencial tuviera el costo más alto, y el industrial, el más bajo. Desde entonces, se empezaron a incluir distintos segmentos dentro de cada segmento [en base a rangos de consumo]”, explicó Apud. “Ahora se propone la segmentación de la segmentación, que significa que una parte de la ciudadanía pague la tarifa plena y el resto, no. Y, además, se agrega otro problema, porque es muy difícil de aplicar, sobre todo en el caso del gas; si te pasás de segmento, hay que recalcular”.

Para Apud, el nuevo esquema es además “insuficiente” porque “solo se cubriría el 30% de los subsidios, mientras que el otro 70% de los usuarios no tendría aumento”. Según el experto, este último porcentaje se compone de la población que tiene la tarifa social (20%) y del resto de los usuarios (50%) que tendrían un “aumento ínfimo del 15 o 20 por ciento, en un contexto de inflación interanual del 90 por ciento”. Es decir, solo un tercio de la población contribuiría realmente a la quita de subsidios.

Por su parte, Mauricio Roitman, exsubsecretario de Evaluación de Proyectos y Escenarios Energéticos del Ministerio de Energía y Minas y expresidente del directorio del Enargas, opinó: “El retiro de subsidios constituye un paso en la dirección correcta, pero con aspectos de implementación cuestionables”.

Entre los factores que atentarían contra la eficacia del nuevo esquema de segmentación, el especialista destacó la “hipercustomización”, principal variable que determina la tarifa que le corresponderá a un usuario. “Se asigna a la misma energía un valor diferente según quién lo pague, en lugar de asistir exclusivamente a los usuarios que lo necesitan”, aseguró.

Además, cuestionó la idea de que los precios y las tarifas se conciban como “mecanismos informativos” que, en sí mismos, contribuyan a crear incentivos y supongan una “racionalidad alta del usuario” a la hora de comprender o dedicarle tiempo al “uso eficiente de la energía”.

Consultado acerca del criterio de subsidios que fue aplicado hasta la asunción de Royón, Roitman afirmó: “Hoy se encuentran subsidiados por el Estado los costos mayoristas del gas natural y de la energía eléctrica. Los subsidios generalizados son malos porque suelen tener un costo fiscal enorme y altos errores de inclusión. Otros mecanismos como la tarifa social federal o el programa Hogar (transferencias directas) presentan ventajas debido a su focalización y son más eficientes en el uso de los fondos públicos”.

“Los subsidios a la energía impactan en el déficit fiscal y, en un contexto de imposibilidad de otras opciones de financiamiento, fuerzan emisión monetaria y terminan en inflación, lo cual en términos distributivos es muy regresivo porque afecta más a los pobres”, agregó el experto.

Daniel Montamat, exsecretario de Energía y expresidente de YPF, añadió: “El esquema de segmentación de tarifas es un eufemismo para no hablar del ajuste que era inevitable hacer porque el criterio aplicado hasta ahora fue insostenible y, aun así, resulta insuficiente, dado que los subsidios se estiman en US$15.000 millones, financiados con emisión inflacionaria”.

En cuanto a los detalles del nuevo esquema, Montamat se mostró crítico y sugirió que “debiera haber una sola tarifa residencial con subsidios para quienes no la pueden afrontar, además de la tarifa social”.

En tanto, Federico Martelli, consultor en Energía, exjefe de Gabinete de la Secretaría de Energía durante la gestión de Sergio Lanziani, e integrante del Grupo Callao, dijo: “Es importante haber dejado atrás el tironeo por la segmentación porque [el nuevo esquema] permite identificar a aquellos sectores que no piden los subsidios, no los necesitan y, además, no los valoran”.

En la misma línea que Roitman, Martelli expresó: “Es falsa la idea de que con la tarifa subsidiada se está pagando menos porque, en realidad, ese supuesto ahorro después se paga en las góndolas. No se puede financiar el consumo de energía con más emisión [monetaria] de la que la economía puede tolerar”.

“Hay que decir también que las tarifas tendrían un aumento nominal, que podría quedar atrasado dentro de poco. Es decir, ya no hay que discutir si se subsidian o no las tarifas, sino en qué magnitud van a disminuir los subsidios porque, si están por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), solo se estarán bajando en términos nominales”, opinó el exfuncionario. Y sugirió: “En junio de 2020, cuando finalizó el congelamiento de tarifas [establecido al final de la presidencia de Mauricio Macri], debieron haber aumentos progresivos de acuerdo con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS)”.

Respecto a la eficacia del nuevo sistema, Martelli consideró que el principal desafío de la Secretaría de Energía es su instrumentación. “Es fundamental que haya mecanismos para revertir errores que pueden devenir en un problema político para el Gobierno. Todos los organismos del Estado deberían trabajar de manera coordinada para brindar asesoramiento a los usuarios, por ejemplo, a través de call centers, así como también, desarrollar capacidades institucionales para el fortalecimiento de los entes reguladores”, puntualizó.

Eficiencia energética

Según la secretaria Royón, su intención es fomentar un sistema energético “más justo” para que la ciudadanía sea “consciente” de que “es un bien preciado, que hay que cuidarlo”. Asimismo, días antes de su primera conferencia de prensa, la funcionaria insistió en que “la agenda de eficiencia energética” debe aplicarse “tanto en la oferta como en la demanda”.

Consultados por LA NACION acerca de qué implica hablar de “eficiencia energética”, Montamat aclaró que, para definirla, hay que partir del potencial energético que tiene la Argentina porque “con el ahorro interno no alcanza”. “Para desarrollar ese potencial tienen que intensificarse las inversiones en hidrocarburos no convencionales, energías renovables y vectores energéticos, como el hidrógeno verde y el azul”, afirmó el experto, al tiempo que alentó a “comenzar por lo más inmediato, que es Vaca Muerta y la exploración y explotación off shore”.

“Hay que elaborar un protocolo de inversiones fijas, tanto nacionales como internacionales, sobre la base de tres grandes principios: una macroeconomía estable, que permita trazar una estrategia a largo plazo; el acceso al mercado de capitales y a la libre disponibilidad de divisas; y dar señales de precios de referencia”, sugirió Montamat.

Al respecto, Martelli coincidió: “Tenemos el desafío de trascender la hipercoyuntura del debate por el atraso tarifario para avanzar en lo estratégico, como la definición de los marcos normativos que requieren estas fuentes de energía sustentable”, aseguró. “Solo así avanzaremos en la eficiencia energética, que implica no solo actualizar las tarifas que desfinancian al Estado, sino también poner en marcha programas para el mejoramiento de los tendidos eléctricos en barrios populares, la regularización de los usuarios y el reemplazo a gran escala de electrodomésticos de alto consumo”, concluyó.

Por su parte, Apud opinó que “en la Argentina el concepto de responsabilidad ambiental es de la boca para afuera, no hay conciencia todavía, como sí la hay en países desarrollados no solo por el costo económico que implica la energía, sino también por el costo ambiental”.

Y agregó: “Hay que sanear las tarifas para que el usuario pague los verdaderos costos de la energía. Eficiencia energética significa el mismo uso de artefactos con menor uso de la energía, es decir, mayor rendimiento del metro cúbico [de gas] y del kilovatio [de luz] para obtener el mismo beneficio”.

En tanto, Roitman recordó: “Hasta no hace mucho tiempo atrás, desde el gobierno se ridiculizaba al expresidente Macri y al exministro [Juan José] Aranguren cuando pedían austeridad y ahorro de energía (”El aire en 24°”, por ejemplo) para evitar facturas abultadas”. Según el experto, “un instrumento muy poderoso para motivar conductas y decisiones eficientes en el consumo de energía es tener precios y tarifas que recuperen los costos económicos de los servicios públicos”.

¿Racionamiento en la Argentina?

Los expertos consultados por LA NACION coincidieron en que el denominado “racionamiento energético”, tal como comienza a avizorarse en Europa debido a la suba del costo de la electricidad, agravada por la guerra en Ucrania, constituye el último recurso al que se debería recurrir.

Según Montamat, “el racionamiento energético es el punto más extremo para resolver problemas de energía, aplicable solamente en épocas excepcionales, como guerras o cuando has reincidido en políticas energéticas erradas”. Y aclaró: “La Argentina no está para aplicar racionamiento, solo tiene que aprovechar su enorme potencial energético y desarrollarlo”.

Al respecto, Roitman opinó: “Hay dos maneras de ordenar un sistema económico: confiando en el sistema de mercado y en el mecanismo informativo de los precios o manu militari para racionar cantidades. Yo creo en el mercado y en el mecanismo de precios como la manera más eficiente para equilibrar y ordenar el funcionamiento de un mercado como el energético”.

A su turno, Apud consideró: “Racionamiento es cuando falta el producto, algo que se ha hecho en las últimas etapas del kirchnerismo, cuando no había electricidad o faltaba combustible, entonces, se restringía el uso de autos, se programaban cortes. Eso no tiene nada que ver con uso racional o eficiente de la energía”.

“Para solucionar el problema energético y hacer un aporte a la economía hay que tomar conocimiento y conciencia de los recursos energéticos que tenemos para producirlos y explotarlos, porque exceden en gran magnitud a la demanda local”, agregó el exministro.

En tanto, para Martelli “el racionamiento implica interrupción del servicio y es muy complicado de llevar adelante sin afectar la producción, el sistema educativo y el funcionamiento general de la sociedad. Lo que hay que hacer es trabajar para eficientizar el sistema y bajar los consumos, al tiempo que realizar una profunda campaña de concientización sobre el rol de la energía en la sociedad”.

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