Segmentación de tarifas: quiénes se quedarían sin subsidios según el proyecto que el ala cristinista le presentó a Guzmán

En el Gobierno todos coinciden en que es necesario avanzar con una segmentación de tarifas energéticas. La cantidad de subsidios que se le destinan al sector (2,4% del PBI) está en el foco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el diseño de la segmentación está en plena discusión entre los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El primero en presentar su proyecto de segmentación fue el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que está intervenido por Soledad Manín, quien responde a Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, un funcionario muy cercano a la expresidenta. El diseño del plan, basado en el valor inmobiliario de los usuarios, fue realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) a través del Conicet, y está focalizado en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentran el 40% de los usuarios residenciales.

La primera impresión de los analistas energéticos acerca de este proyecto es que violaría la ley de subsidios cruzados y que, por lo tanto, podría crear una “lluvia de amparos”, como dijo un economista en reserva. Según pudo saber LA NACION, en la cartera de Guzmán rechazaron esta propuesta y el equipo económico está trabajando en otro diseño de segmentación en paralelo.

Los diseñadores del proyecto del ENRE, por su parte, dicen que en la propuesta no existen subsidios cruzados. “Eso ocurriría si le cobras a un usuario más de lo que el servicio cuesta con el objetivo de subsidiar a otro; eso no estaría pasando”, aclararon.

Mauricio Roitman, expresidente del Enargas durante la gestión de Mauricio Macri, coincidió con esa explicación: “Si solo se quitan subsidios, no hay problema de subsidios cruzados (prohibidos en los marcos regulatorios). El principal inconveniente sería que no se estaría respetando el criterio de ‘gradualidad’ del fallo Cepis [Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad], muy festejado por quienes diseñaron la actual segmentación”.

La segmentación que propone el ENRE utiliza como base de datos el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). “También se han desarrollado intercambios de información con diversos organismos públicos”, indicaron en el ENRE.

En el organismo habían señalado que se le quitaría el subsidio a aquellos residentes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que vivan en una propiedad cuyo metro cuadro tenga un valor igual o superior a los US$3700. En el Gran Buenos Aires (GBA), la idea es aplicar una fórmula compuesta con base al valor del terreno. Según el criterio elegido, pagarán la tarifa plena las parcelas cuyo valor es cuatro veces superior al promedio de la zona. Actualmente, los usuarios residenciales pagan solo el 35% de lo que cuesta la generación eléctrica. El resto es cubierto por el Tesoro.

Con los datos obtenidos en la implementación de la metodología de localización geográfica, se identificaron alrededor de 487.000 usuarios residenciales del AMBA que dejaran de tener subsidios, según el documento del ENRE. Esto representa el 10% del total de residenciales de esta jurisdicción.

“Más de tres cuartos de estos usuarios se encuentran en CABA, más precisamente en Puerto Madero y en gran parte de los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de elevado valor en Caballito”, dice el informe.

“En el GBA se identificaron 67.800 personas usuarias, que habitan en una zona específica denominada ‘el bajo’ integrada por los partidos de Vicente López y San Isidro. Se suman también 48.000 personas usuarias de los 466 countries y otras urbanizaciones cerradas registradas del GBA, dado que cuentan con un conjunto de características que las vuelven accesibles sólo para sectores de altos ingresos”, agregó.

Tampoco recibirán subsidios los usuarios que pertenecen al sector público nacional, provincial y municipal, y los comercios e industrias que consuman menos de 300 Kw y que desarrollan actividades que se caracterizan por “tener precios dolarizados o financiamiento externo, que poseen elevada rentabilidad y/o pertenecen a mercados no transables (por lo que no tienen competencia con el exterior)”.

Estas actividades alcanzan al sector financiero; concesionarias de autopistas; transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros; generación, transporte y distribución de electricidad y transporte y distribución de combustibles gaseosos; servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (embajadas), y juegos de azar y apuestas.

Otros sectores que quedaron excluidos del subsidio son “los usuarios residenciales de barrios cerrados o no, que contratan mayor potencia en sus viviendas por los equipos e infraestructura que poseen, siendo un indicio de su elevado poder adquisitivo; y los espacios comunes de barrios cerrados o countries”.

El informe aclara que, las personas usuarias que sean beneficiarias de la tarifa social “continuarán bajo ese régimen y en ningún caso serán incluidas en la quita de subsidios”. Por otro lado, los usuarios que residan en las áreas geográficas seleccionadas podrán solicitar la continuidad del subsidio, pero para ello deberán completar un formulario con datos que permitan dar cuenta de que no cuentan con la capacidad económica para afrontar el costo pleno de la tarifa eléctrica, explicó el ENRE.

El secretario de Energía, Darío Martínez, indicó hoy en Twitter que el “ENRE, Conicet y Enargas acercaron propuestas que están siendo trabajadas por la Subsecretaría de Planeamiento que, junto al equipo del Ministerio de Economía, tiene a su cargo el diseño de la herramienta, la cual se aplicará cuando el Gobierno tome la decisión”.

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