Segmentación de tarifas: las empresas dijeron que no cuentan con información y que la implementación llevará dos meses

En el tercer y último día de audiencia pública para tratar los nuevos aumentos tarifarios del servicio de gas y electricidad, el foco estuvo puesto en el plan de segmentación que diseñó el Ministerio de Economía, en el cual busca quitarle el subsidio al 10% de la población con mayor capacidad de pago. Por el lado del Gobierno, la presentación no tuvo mayores detalles que los ya publicados, ni se comunicó cuánto será el incremento para quienes no tendrán más subsidios.

Por parte de las empresas, sus representantes admitieron que no fueron invitadas por el Gobierno para diseñar la segmentación y advirtieron que la implementación llevará por lo menos dos meses, por lo cual no estarían listos los nuevos cuadros tarifarios en junio, como quiere el ministro Martín Guzmán.

El primero en hacer pública esta afirmación fue Claudio Bulacio, gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), la cámara que representa a 49 empresas en todo el país, incluidas Edenor y Edesur. “Las distribuidoras no participamos en el proceso de la definición de la segmentación presentada. En una primera instancia, parece que no está prevista para ser aplicada en todo el país”, indicó.

“En la propuesta de la Secretaría de Energía ocurre que la deficiencia de la información o de la vinculación entre el usuario y el titular del suministro podría generar algunos problemas de implementación, a lo cual resulta necesario adecuar los sistemas comerciales y de facturación de las empresas, y este proceso seguramente no puede demorar menos de dos meses”, agregó.

La misma inquietud fue compartida por Daniel Martini, director ejecutivo en Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), la cámara que integran las nueve empresas distribuidoras del país (entre las que están Metrogas, Naturgy y Camuzzi). En la audiencia pública se refirió a “las limitaciones que se manifestarán con la puesta en marcha”.

“La segmentación exige que las empresas reciban de las autoridades el listado de usuarios que queden asignados a cada segmento tarifario. El nuevo esquema implica modificaciones en los sistemas informáticos y de facturación de las distribuidoras que, aún sin conocerse detalles y sobre la base de experiencias similares, las distribuidoras estiman un plazo mínimo de ocho semanas y que tendrá un costo significativo”, dijo Martini.

Y ofreció datos concretos: “En 2022 y por instrucción del Enargas se enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que actualicen sus datos de titularidad y la respuesta voluntaria fue de apenas un 2,5%”.

La distribuidora Edenor también aprovechó la ocasión para hacer pública su postura. “En primer lugar, queremos aclarar que no participamos en el proceso que presentó la Secretaría de energía sobre el plan de segmentación. Nadie nos ha hecho consultas al respecto y, por lo tanto, no tenemos información sobre la forma en que se va a implementar, más allá del informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento Energético”, dijo el representante de la empresa, Federico Méndez.

El subsidio indirecto al AMBA

Las facturas de gas y electricidad representan las tarifas de tres servicios: el costo del gas o de la generación eléctrica, el transporte a los centros de consumo y la distribución a los distintos hogares. De los tres segmentos, el único que está oficialmente subsidiado en todo el país es el costo del gas y la generación eléctrica, de la cual el Estado cubre alrededor del 75% con transferencias del Tesoro. En el Ministerio de Economía buscan que el usuario residencial pague un valor mayor de ese costo, pero al estar dolarizado, cada mes el porcentaje de cobertura se reduce porque la recaudación de las facturas es en pesos.

Además del subsidio oficial, en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ocurre otra dinámica con la electricidad, que en el gas no sucede. Edenor y Edesur son las únicas distribuidoras que dependen del Estado Nacional; las demás son reguladas por las provincias. Esta diferencia genera que cada distribuidora reciba aumentos tarifarios distintos, dependiendo de la voluntad de cada gobernador.

En el AMBA, la situación de Edenor y Edesur depende del ente regulador de la Electricidad (ENRE), que en los últimos tres años permitió un aumento de solo 31%. Las distribuidoras no reciben subsidios en teoría, pero lo hacen de manera indirecta, ya que para cubrir sus costos se financian con Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de electricidad. Es decir: Edenor y Edesur no le pagan a Cammesa la totalidad de lo que les factura por el costo de generación, sino que están en un nivel de cobrabilidad de 60%. En la práctica, por lo tanto, el AMBA tiene un subsidio adicional al resto de los usuarios de electricidad del país, que se contabiliza como deudas de las distribuidoras con el Estado.

“El precio mayorista debe ser único para todos los usuarios y se debería subsidiar solo a los que estén en condiciones de vulnerabilidad. Como la diferencia entre el precio y el costo es grande, el proceso tiene que ser gradual y previsible para los usuarios y para el sector energético. Además, se debería reducir el subsidio al valor agregado de distribución, ya que, a falta de actualización de sus ingresos, hay un segundo subsidio que reciben los usuarios del sector eléctrico”, dijo Bulacio, en referencia a la situación del AMBA, sin nombrarla.

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