Segmentación de tarifas: enormes desafíos prácticos

El decreto 332 del 16 de junio pasado segmentó los subsidios que beneficiarán a algunos consumidores residenciales de energía eléctrica y gas natural. El dictado de la norma congeló, al menos por el momento, las discusiones conceptuales para enfocar la atención en los nada despreciables aspectos operativos.

La segmentación divide a la población en tres niveles. Nivel 1: integrado por aquellos cuyos ingresos mensuales netos superen el equivalente de 3,5 veces el valor de la canasta básica total (CBT), para un hogar 2; o sean titulares de tres o más vehículos con antigüedad menor a 5 años; o de 3 o más inmuebles; o de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo.

Nivel 2: integrado por aquellos cuyos ingresos mensuales sean menores al equivalente del valor de una CBT; o posean certificado de vivienda ReNaBaP; o donde funcione un comedor o merendero registrado en Renacom; o algún integrante posea una pensión vitalicia como veterano de Guerra de Malvinas; o algún integrante posea certificado de discapacidad.

Nivel 3: integrado por quienes no pertenecen a los niveles 1 o 2.

¿Cuánto pagarán? Nivel 1: costo pleno, en forma gradual y en tercios bimestrales, de manera que a fin de 2022 dejarán de recibir subsidios. Nivel 2: la tarifa se ajustará en base al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Nivel 3: ídem Nivel 2, pero en base a 80% del CVS. Los niveles 2 y 3 no tendrán ningún otro aumento a lo largo de 2022.

Ergo, los incentivos a integrar los niveles 2 y 3 son inmensos.

¿Cómo sabe, quien tiene que facturar, a qué nivel corresponde cada uno de los usuarios? El artículo 7 del decreto crea el Registro de acceso a los subsidios a la energía (RASE), que conformará el padrón de beneficiarios del régimen sobre la base de declaraciones juradas presentadas por los usuarios. Esto es entendible… y preocupante.

Entendible, porque muestra que quienes tienen que facturar no cuentan con información suficiente como para poder implementar la segmentación tarifaria. Preocupante, por el desafío que implica, no tanto anotarse, cuanto verificar si quien solicita continuar comprando energía eléctrica y gas natural –sin pagar el costo pleno– resulta elegible. La AFIP, entrenada para enfrentar este tipo de verificaciones, no logra reducir la evasión impositiva; ¿qué podrá hacer la Secretaría de Planeamiento Energético, organismo encargado de operar el RASE?

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