Sector público: los números rojos de las cajas previsionales provinciales

CÓRDOBA.– Los sistemas previsionales provinciales cubren a la mitad de los empleados públicos de la Argentina, un volumen que representa 12% de los asalariados. En el país hay 13 cajas que no fueron transferidas y que reciben asistencia de la Anses para cubrir el rojo. La administración nacional ya no gira recursos en función de una homogeneización de condiciones, como se había pretendido, sino que envía lo mismo que pondría para cubrir el desequilibrio si los regímenes estuvieran bajo su órbita (es decir, del déficit que habría si las cajas funcionaran con las condiciones del sistema nacional). Aun así, los tesoros provinciales deben poner dinero.

Y en solo dos jurisdicciones se instrumentaron reformas que achicaron la necesidad de aportes. Más allá del rojo, el impacto del gasto previsional sobre el total de las provincias oscila entre 16% y 24%. Si a eso se le suma lo destinado a sueldos de trabajadores activos, hay distritos con hasta el 80% de sus ingresos comprometidos.

Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego son los distritos que mantienen los sistemas bajo su órbita.

Según un trabajo del Ieral con datos al primer semestre de 2020, el listado de déficit puro en provincias con cajas no transferidas –definido como la diferencia entre los recursos previsionales (aportes y contribuciones) y los haberes pagados a sus beneficiarios– es encabezado por Entre Ríos, con 12,1%. Le siguen Santa Cruz, con 11,3%; Santa Fe, con 6,8%; Córdoba, con 6,7% y Formosa, con 5,7%. Más atrás quedaron Corrientes (4,4%), Buenos Aires (4%), La Pampa (4%), Chaco (3,5%), Chubut (3,5%), Neuquén (2,6%) y Tierra del Fuego (2,1%). Misiones es el único distrito que marcó 2,8% positivo.

Condiciones y beneficios

Las razones del déficit previsional en las provincias están vinculadas no solamente a los típicos aspectos demográficos, sino también a las diferencias existentes en las condiciones de acceso y reglas para determinar los beneficios. Generalmente, los regímenes provinciales son más generosos que el sistema nacional de previsión social. Ahí hay aspectos que, a criterio de los expertos, deberían corregirse: existen altas tasas de reemplazo, en ocasiones edades de acceso a los beneficios menores que en sistema de la Nación, y diferentes fórmulas para calcular los beneficios.

Según previsionalistas consultados por LA NACION, a la cabeza de los sistemas más distorsivos están Santa Cruz, Entre Ríos y Chubut.

Un dato que revela la heterogeneidad de las normas vigentes es que entre la menor y la mayor edad exigible para jubilarse hay 20 años de diferencia. Incluso, hay distritos que tienen subsistemas que no fijan una edad mínima y otros que arrancan con una edad de retiro de 45 años. “Hay parámetros que ya son insostenibles –señala Daniel Elías, secretario técnico del Consejo Federal de Previsión Social (Confres)–. Hay que definir qué entendemos por vejez, a quiénes y por cuánto tiempo se les otorga la pensión, con qué haber jubilatorio se ingresa. Hay que dar una discusión muy profunda, armar una mesa redonda donde no falte nadie”.

Federico Despoulis Netri, abogado especialista en derecho de la seguridad social, coincide en que las provincias deberían acomodar el otorgamiento de pensiones al nuevo Código Civil donde ya no existe más el concepto vitalicio del matrimonio: “El financiamiento de los sistemas es cada vez más complejo, porque también hay regímenes especiales regulados por viejas leyes y que habría que coordinar con el sistema ordinario”. Admite que los cambios pueden generar problemas judiciales y pone como ejemplo las modificaciones del esquema para los empleados del Banco Provincia de Buenos Aires aprobadas en 2018. En ese caso se elevó la edad en forma escalonada desde los 60 hasta los 65 años, entre otros puntos. “Eso generó amparos colectivos para volver al esquema anterior y planteos de quienes deben jubilarse y no lo hacen hasta que les reconozcan las condiciones que piden”, apunta.

Las últimas dos reformas importantes aprobadas en provincias fueron las de Tierra del Fuego y Córdoba. En el primer caso, la modificación se hizo en diciembre de 2017; uno de los ejes fue un aporte compensatorio del 12% hasta 2019 para los que accedieron a la jubilación con menos de 10 años de aportes. Se mantuvo la equivalencia del 82% con el ingreso activo respecto “de la base de cálculo”, pero eso se aplica únicamente a beneficiarios que cuenten “con un mínimo de 30 años de servicios con aportes en el sistema de reciprocidad, de los que al menos 25 años sean con aportes efectivos computados a partir de enero de 1985”. También se creó el Fondo de Sustentabilidad del Sistema Previsional.

En el caso de Córdoba, el año pasado se hizo una nueva reforma del sistema previsional provincial y se firmó un acuerdo con la Anses, por el cual se le girará a la administración local un monto de $23.975 millones, un monto que cubrirá 83% del rojo total. Los cambios introducidos recortaron en unos $7500 millones anuales el déficit y la clave es el nuevo cálculo del haber inicial. El Estado provincial pagaba el 73% del salario bruto y pasó a un índice inferior: el 67%.

La reforma en la provincia también volvió a diferir el momento en que reciben los aumentos los jubilados una vez que se le otorgan subas salariales a los activos. Y determinó que el retiro será a los 65 años y que se deberá aportar efectivamente el 18% (era 12%). También se fijó un aporte solidario para quienes sean titulares de más de un beneficio previsional o perciban otro ingreso remunerado.

Elías entiende que las cajas entraron en un proceso deficitario del que no podrán desviarse, porque la relación entre aportantes y pasivos ya es “irreversible”. Está entre 2 a 1 o 1,5 a 1. “Incluso, hay compromisos asumidos para no sumar empleados públicos, por lo que el rojo ya quedó instalado; es una cuestión de tiempo para aquellos distritos que hoy no muestran rojo”. De todos modos, aclara que el déficit no es un indicador para medir la sostenibilidad, como sí lo es la participación del gasto previsional en el gasto total. “Esa evolución muestra que cada día es más riesgoso o más caro sostener el sistema”, analiza.

A criterio de Despoulis Netri frente al rojo y al gasto previsional creciente los gobernadores tienen la alternativa de avanzar en una reforma que elimine las distorsiones más importantes. “Hay que pensar en criterios más homogéneos; es inentendible que un docente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires se jubile con menos aportes que uno del régimen nacional. No hay criterios objetivos para sostener eso”.

“El desorden es integral”, sintetiza Elías, quien sostiene que hay que buscar una “buena ley de referencia nacional” ya que, a su criterio, el mecanismo de financiamiento que rige en la actualidad es “correcto”, pero reconoce que sería productivo tener una norma básica sobre la que las provincias puedan orientar reformas de sus esquemas, si es que deciden hacerlas.

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