Sebastián Waisgrais: “Para bajar la pobreza el crecimiento no alcanza, hay que conducir el derrame”

Es economista por la Universidad de Buenos Aires y se dedica a temas de análisis de presupuesto y políticas sociales; es especialista en Inclusión Social y Monitoreo en Unicef Argentina, la organización de Naciones Unidas dedicada a promover los derechos de niños, niñas y adolescentes

En la Argentina, uno de cada dos menores de 17 años vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir los bienes de una canasta básica, según datos difundidos en la semana última por Unicef, mientras que el 13% de los niños ni siquiera llegan a cubrir sus necesidades alimentarias básicas. “Erradicar esa pobreza extrema es una deuda de la democracia”, dice Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina. En diálogo con la nacion, el economista advirtió sobre el ajuste del gasto público en niñez y adolescencia, analizó las causas de los altos índices de pobreza y se refirió a los efectos que tiene la dinámica del mercado de trabajo en la realidad social.

–Según los datos presentados por Unicef, dos de cada tres niños están en situación de pobreza monetaria o de privación de derechos en el país. ¿Qué implica ese escenario?

–Hay una cuestión metodológica. No es que estamos teniendo un incremento en el nivel de pobreza y que de 51% pasamos a 66%. El 51,5% se viene manteniendo, o bajando pero no como uno quisiera, y eso tiene que ver con la evolución de los precios, porque efectivamente los ingresos laborales van todavía por debajo de la inflación. Uno observa también que el nivel de las privaciones no monetarias tiene una persistente caída, y eso está muy atado al desarrollo de la inversión pública en agua, saneamiento, educación, protección social. En esto hay mucho más control por parte de las políticas públicas y el descenso podría ser más potente. Hablamos de que solo un 33% de los pibes y pibas del país no tiene ninguna privación. Y eso se viene manteniendo a lo largo del tiempo. Y el punto es la intersección en la multidimensionalidad estructural, ese es el núcleo más complicado. El problema más serio y más complejo es ese 28% que vive en un hogar que no tiene las condiciones adecuadas, en un asentamiento o un barrio popular que se inunda, y que además en el hogar hay falta de ingresos. Ahí tiene que estar el foco de la mirada, en términos de políticas.

–¿Cuál e la tendencia histórica de esos valores? ¿Hubo quiebres?

–Cuando vemos las privaciones simultáneas, la pobreza monetaria viene aumentando por efecto de la inflación y los salarios. Es esa carrera donde juegan los precios y los ingreso familiares, laborales y no laborales. Lo único que viene aumentando un poquitito por arriba de las canastas de precios que mide el Indec son los ingresos de la protección social. Por eso, planteamos que, en realidad, si no estuviesen la AUH, la asignación por embarazo o la tarjeta Alimentar, tendríamos una tasa de pobreza cuatro o cinco puntos más alta. La pobreza monetaria aumenta desde 2016. La pobreza vinculada a privaciones de derechos se reduce. En conjunto hay un resultado neutro. El período de indicadores más bajos fue en 2017 y el más alto, en 2020, con la pandemia y los efectos de la cuarentena y todas las medidas vinculadas. Hay ahora una reducción, pero el índice tendería a estabilizarse hasta que se logre mejorar algunas variables macro, y que el presupuesto dé cuenta de eso.

–Lo monetario, ¿está directamente vinculado al crecimiento?

–Sigue a los ciclos, y ese es otro de los problemas. Hay que pensar en políticas un poco más contracíclicas, en el sentido de que en períodos de crisis debería haber un poco más de inversión, y en períodos de bonanza se puede cerrar un poco más la canilla. Acá ocurre lo inverso y es totalmente procíclico: la pobreza aumenta en momentos de recesión y se reduce en momentos de crecimiento, sigue al ciclo con una correlación muy precisa. Y eso se da en un contexto de no crecimiento en los últimos 10 años. En los últimos 100 años, desde que hay estadísticas, el país crece a una tasa de alrededor del 1,9% anual, y para reducir la pobreza se necesitan tasas como las que hubo con el boom de las commodities a comienzos de este siglo, con niveles de 6% o 7%. Son cifras preliminares y hay que ajustarlas, pero se estima que por cada punto de crecimiento del PBI se saca a 200.000 chicos de la pobreza. El crecimiento es condición necesaria pero no suficiente; hay que buscar mecanismos para que los efectos se den, porque el derrame por sí mismo no ocurre, hay que conducirlo. Eso genera pujas que terminan siendo dirimidas en el presupuesto. Pero, en este escenario, nos estamos estabilizando en una pobreza infantil del 50%.

–¿Qué impacto tienen la AUH y otros programas en la pobreza o la indigencia?

–En la pobreza, en general, no tienen mucho impacto. Una AUH está hoy en torno a los $10.000, mientras que la línea de indigencia por adulto equivalente está en torno a los $23.000 y la de pobreza, en $53.000. Sumando la tarjeta alimentar, que está en $12.000, no se llega a sacar a los chicos de la pobreza. Pero sí de la indigencia. Por eso, desde Unicef planteamos que, al menos como meta de corto plazo, podría ponerse en agenda con mucha más fuerza erradicar la indigencia. Hasta que la economía crezca y se generen empleos de mayor calidad y un montón de otras cuestiones, con la protección social puede haber un impacto muy notable.

–¿Es una cuestión de montos o de inclusión y cobertura?

–De las dos cosas. Por un lado, hay que incluir a los que no están, pero eso tiene un correlato presupuestario. Sé que hay esfuerzos para incluir, flexibilizando algunas condiciones, buscando a pibes y pibas que se quedan fuera del sistema educativo, y no penalizando cuando no se cumplen condiciones [de los programas]. Hay cientos de miles de chicos que, por las características de los hogares, por vivir en zonas alejadas, no conocen la AUH o salen de la escuela por múltiples razones. Hay un universo estimado de un millón de chicos a los que debería llegar la AUH y no la reciben, y son en general los más vulnerables. Hay un esfuerzo para buscarlos y hay un correlato presupuestario. En 2022, y estos son datos no discutibles, comparado con la inflación real, la AUH y otras asignaciones perdieron 10 puntos, y eso da cuenta de que se le podría dar más prioridad.

–¿Qué lectura hace del presupuesto?

–Solo en la administración nacional, sin considerar provincias y municipios, en 2023 el gasto en niñez y adolescencia representa el 19,5% del PBI. Eso incluye todas las partidas que tienen un impacto directo o indirecto significativo en niñez, primera infancia y adolescencia, como las políticas alimentarias, la AUH, los jardines de infantes. Todo ese conjunto, según el devengado de 2022, tuvo un ajuste del 4,3% real, que es un 0,2% del PBI. Yo no puedo decir de dónde tienen que salir los recursos, pero un artículo del presupuesto faculta al Poder Ejecutivo para que se revierta ese ajuste, que son $241.000 millones. Y no parecería, incluso sabiendo que hay una meta con el FMI del 1,9% de déficit primario, algo totalmente inviable. Al menos, hay que poner eso en agenda, discutirlo y ver de dónde salen los recursos para que la pobreza infantil empiece a perforar ese 50%. Hay restricciones fiscales entendibles, hay una deuda, un acuerdo con el FMI, muchas pujas y presiones, pero es un 0,2% del PBI, y entendemos que, si hay consenso –más aun en un año electoral en el que estos temas se pueden discutir– en que erradicar esa pobreza extrema que nos avergüenza como sociedad debe ser una prioridad, podemos ver resultados. El ajuste de 2022 es un hecho. Y el presupuesto 2023, al no incluir las partidas para revertir ese crédito pendiente, dependiendo de si se toma una inflación del 76%, que es lo que se desprende de los precios implícitos del PBI, o el 97%, que surge del REM del Banco Central, en cualquiera de los dos casos vemos una contracción de entre 13% y 22% en el gasto transversal de niñez. Por eso, la recomendación que estamos haciendo es la de revisar eso. Porque, si bien influye el crecimiento económico, la pobreza monetaria y de derechos en gran medida se va a revertir si hay un presupuesto que priorice estas asignaciones. Efectivamente, la inseguridad alimentaria es un factor muy vinculado con los precios, y vemos que en el rubro alimentos y bebidas la inflación sigue disparada.

–La AUH es un programa de transferencias condicionado, y mencionaba la propuesta de flexibilizar esa característica. ¿Qué evaluación hace de ese formato?

–Unicef trabaja en más de 190 países, que tienen políticas de diferentes características. Todos acordamos que la condicionalidad está puesta con un buen fin, y todos queremos que los pibes estén en la escuela y que los controles de vacunación estén presentes, pero, ¿qué pasa con esas condicionalidades cuando el pibe se quedó afuera de la escuela por otros motivos, no vinculados a la AUH? Ya está fuera de la escuela y está el riesgo de la doble penalización. Estando fuera del sistema educativo no va a conseguir un empleo de calidad, porque sabemos que sin una determinada cantidad de educación es mucho más difícil, con lo cual su inserción laboral en la vida adulta puede llegar a ser más compleja. Además, con incumplimiento de la condicionalidad lo termino penalizando en términos de que no recibe esa asignación, que le permite al menos acceder a compras básicas, comer, etcétera. Es un debate abierto, pero desde Unicef entendemos que los derechos son universales y que no pueden ser condicionados. Y existen otros mecanismos, como trabajar territorialmente para ver por qué no están en la escuela, buscar poblaciones indígenas que muchas veces no saben qué es la AUH; existe eso, en lugar de mecanismos más punitivos. Los programas de transferencias condicionadas y no condicionadas existen en la región y fuera de la región hace muchísimos años. Quizá, cuesta ir ajustándolos a medida que observamos hechos que se desvían del origen de esta política. La AUH es un hito de la política social, que se mantiene desde 2009, tiene 4,3 millones de pibes y pibas adentro y nadie discute su impacto. La propuesta es ver cómo hacer para que sea más efectivo.

–¿Cómo impacta la dinámica del mercado laboral en la pobreza infantil?

–Es un factor clave. Si hoy se observa si la persona ocupada principal de un hogar es asalariado registrado o si tiene un empleo informal, la tasa de pobreza infantil se diferencia: en el primer caso es de 30% y en el segundo, de 60%. Uno podría decir que la de los registrados debería ser más baja, y ahí hay cuestiones que influyen, como la evolución de precios y salarios. Hay mucha discusión y debate sobre la necesidad de crear empleo, pero no cualquier empleo. Porque el cuentapropismo y el trabajo no registrado llevan a la informalidad absoluta, que trae bajos salarios, baja productividad y relaciones inestables en el tiempo. Eso implica discusiones con sindicatos y es un tema complejo, pero por ahí pasan los mecanismos de protección. Porque no cualquier empleo saca a las personas de la pobreza. Lo que más importa es la calidad del empleo. Desde 2016 a la fecha, el trabajo registrado creció cuatro puntos, mientras que el cuentaropismo y el trabajo no registrado subió 26 puntos. Y eso explica la dinámica de que el 76% de ese 51,5% de chicos en situación de pobreza vive en hogares con un integrante que está ocupado, pero en la economía informal.

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