¿Se puede echar a un empleado? Disputa entre Gobierno, empresas y sindicatos por los no vacunados
Proliferan las propuestas y los reclamos de parte de las entidades al Poder Ejecutivo; los especialistas advierten que la falta de regulación está provocando dudas con respecto a qué hacer con los no vacunados y algunos empleadores deciden despedir
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LA NACIONCamila Dolabjian
La pelota rueda de un lado a otro. El Ministerio de Salud esquiva implementar medidas de pase sanitario e indica a las provincias que cada una decida lo suyo. Los distritos depositan en el empleador, en muchos casos, la responsabilidad de determinar qué hacer con, por ejemplo, un trabajador no vacunado que no puede llegar por transporte público a su puesto. Los empleadores consultan a las cámaras que los agrupan, que vuelven a reclamar al Ministerio y piden al Congreso que discuta una ley abarcativa.
En medio de la maraña de responsabilidades nacen decenas de preguntas y los protagonistas buscan respuestas afuera, en otros países que ya avanzaron en la reglamentación de los casos especiales como Italia, Alemania, Uruguay y Chile, que implementaron distintos niveles de vacunación obligatoria para los trabajadores.
- Si tengo un comercio y mi empleado no se quiere vacunar, ¿debo pagarle el sueldo?
- ¿Puedo despedir a un trabajador que no cumple con la normativa de vacunación que imponga la empresa?
- ¿Quién se hace cargo de pagar un traslado particular para el empleado que no puede subirse al transporte público por no tener pase sanitario?
Estas dudas y muchas más generan confusión entre los empresarios y los gremios por igual. Proliferan las propuestas por parte de entidades que agrupan al sector productivo.
El Ministerio de Salud, en comunicación con LA NACION, negó que hayan recibido reclamos y expresó que no están evaluando medidas como el pase sanitario laboral o la vacunación obligatoria. Sin embargo, diversas fuentes aseguraron que el tema se planteó en el almuerzo que Vizzotti y Guzmán compartieron con representantes de la economía real. Mientras tanto, se multiplican las pautas para distintas profesiones y distritos.
En Santa Fe, se retiraron 600 policías de sus puestos de trabajo por no cumplir con el esquema completo. En la provincia de Buenos Aires, los empleados del comercio están obligados a vacunarse y, según consultores en la materia, ya están ocurriendo despidos para quienes se niegan. Particularmente, según Julián de Diego, abogado laboralista, están ocurriendo en supermercados, en la industria alimenticia, gastronomía, delivery y en locales de atención al público.
La postura de los empresarios y gremios
La Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), propuso que el Gobierno habilite a las industrias y comercios a solicitar el pase sanitario. “Debido a que las empresas no tuvimos posibilidad de tener cobertura por parte de las ART en el caso de Covid, creemos que el pase sanitario es una buena medida para incentivar la vacunación, y a su vez, reducir la litigiosidad en el ámbito laboral”, dijo Marcelo Fernández, presidente de la entidad.
“Los que no tienen doble vacunación, tienen que tenerla. Es lo que la pandemia exige. Es mucho el daño que puede causar a la sociedad en su conjunto. Hemos visto los antecedentes: Uruguay, México, Brasil”, mencionó Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina.
Desde la entidad registraron a través de una encuesta a 200 industrias que el 82% de los trabajadores tienen esquema completo de vacunación. El porcentaje está en línea con el nivel general nacional. Funes de Rioja apunta a los menores de 39 que solo tienen la primera.
Desde la Confederación General del Trabajo, explicaron que están “alineados” con el empresariado respecto a esta cuestión. Sin embargo, no demandan que sea obligatoria la vacunación sino que prefieren que el Gobierno acelere la campaña de vacunación para que todos tengan una dosis de refuerzo (lo que alivianaría el ausentismo frente a las nuevas medidas habilitadas por el Ministerio de Salud) y se trabaje sobre la concientización.
Sin embargo, advierten que las pautas deben desprenderse de una decisión del Ejecutivo Nacional y no deben dejarse libradas a las provincias. “Tiene que haber una normativa consensuada a nivel nacional, con las provincias, con los trabajadores y empresarios. Hay actividades que no se pueden parar, como salud y alimentos”, dijo Jorge Sola, secretario de Prensa de la CGT.
Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, opinó que es el Estado el que tiene que tomar una medida para que estén todos vacunados y que los empresarios no se enfrenten a la “zona gris” que hoy está perjudicando su toma de decisiones respecto a los no vacunados. “Estamos transitando un momento de excepción, se necesitan medidas de excepción”, dijo.
Advierte que la actual normativa genera una gran cantidad de problemas que están surgiendo por depositar la responsabilidad en los empleadores. “Tienen la disyuntiva de pagarles o no el salario. Termina en juicio laboral. Se termina fundiendo la empresa”, lamenta. Para él, quienes deben discutir una reglamentación son los legisladores, en el ámbito nacional. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires opina lo mismo: “Están todas las condiciones dadas para que la vacuna sea obligatoria. Es el Congreso el que tiene que tomar esa decisión”, manifestó.
De Diego, que trabaja para múltiples empresas y resuelve consultas diarias sobre estos problemas, sostiene que la vacunación debería ser obligatoria para los trabajadores presenciales, por lo menos. Las empresas están intimando a los empleados a completar el esquema y, desde su visión profesional, están habilitados a que, luego de un plazo, se suspenda el pago del sueldo. Tras otra intimación, el empleador podría despedirlo.
El especialista, en comunicación con LA NACION mencionó como sostenes legales los deberes de prevención, colaboración y buena fe contenidos en las leyes de Contrato de Trabajo, de Riesgos del Trabajo y de Higiene y Seguridad, aunque cree que se multiplicarán los casos que lleguen a tribunales y que habrán magistrados que argumenten en contra. Advierte que la cuestión podrá plagarse de litigiosidad, más aun sin una normativa que se desprenda del Poder Legislativo y a la inclusión de la vacuna en el calendario nacional.
“La Policía Federal Argentina tiene 60.000 integrantes y si no tenés la vacunación completa, no podés ir a trabajar. Lo mismo con los integrantes de la salud pública. También los que están vinculados al Poder Judicial y ministerios. Hay muchísimas excepciones, tantas que no tiene sentido decir que el grupo que hace textil no se tiene que vacunar”, explicó.
Por Camila Dolabjian
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