Se perdieron millones de datos provisorios del censo

El 15 de agosto último, el Indec debería haber dado a conocer los datos provisorios del Censo 2022, a cinco meses del día oficial de relevamiento. El dato de población difundido horas después, según los cuales la Argentina tiene 47.327.407 habitantes, fue resultado de una “tendencia de campo”, de acuerdo con fuentes oficiales, pero puede variar en un millón de personas, o incluso más, según especialistas.

Dos meses después de la fecha pautada, el Indec confirmó que no revelará la información prometida. El organismo informó que esperará directamente a los resultados definitivos.

Una serie de errores provocaron una pérdida de millones de datos necesarios para cumplir con el calendario de divulgación establecido inicialmente. Los datos definitivos, que recopilarán la información no disponible actualmente, estarán recién en 2023, aunque el Indec podría dar a conocer la población por localidad entre fines de este año y el próximo. La diferencia entre las fechas es de gran importancia para los gobernadores e intendentes.

Los resultados provisorios, que arrojarían la cantidad de habitantes por distrito, por ejemplo, se iban a elaborar con las llamadas “planillas resumen”. Se trata de los formularios que debían llenar los censistas el mismo día del relevamiento para hacer una estimación fidedigna de cuántas personas hay en el país.

Por falta de fondos, de capacitación, errores y dudas en día del operativo, ausencias en los domicilios e imposibilidad de cruzar los datos, entre otros inconvenientes -de acuerdo con diversas fuentes-, el Indec evaluó que esos datos “no permiten reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional”, en un comunicado.

“Los datos de las planillas resúmenes no cumplen con los estándares que requiere el Instituto para la difusión de información estadística precisa. El equipo técnico se encuentra trabajando directamente con la combinación de la información relevada en las cédulas censales y la base de datos del censo digital”, agregó el organismo.

De acuerdo con testimonios de los censistas, muchos de ellos no sabían cómo proceder ante determinadas contingencias, por ejemplo, al encontrarse con un domicilio sin sus moradores. También, las cuentas de las planillas hacia arriba de la estructura censal -que conforman una pirámide para llegar al número final- tenían errores de conteo.

La estructura censal estuvo compuesta, por primera vez, por más de un 50% de ciudadanos voluntarios. En operativos anteriores, la mayoría de los censistas fueron militares y docentes. Sin embargo, el Indec no se encargó directamente de convocar a todas las personas, sino que delegó esas funciones en los municipios y en las provincias. De acuerdo con los testimonios recopilados por LA NACION, hubo presencia de militancia y organizaciones sociales, particularmente en los despliegues en barrios vulnerables.

“En general, iban los docentes y el municipio hablaba con la gente de una villa o de un barrio popular para que garanticen el ingreso. Esta vez, fueron directamente ellos. Por eso, las dudas. El problema del director del Indec [Marco Lavagna] es que se dejó ganar por el kirchnerismo. En La Matanza, la agrupación que controla las jefaturas distritales se llama ´Néstor Carlos´ y es de Roberto Baradel”, dijo Alejandro Finocchiaro, diputado nacional.

Sobre el Indec pesa actualmente una presión política significativa, según diversas fuentes. El sistema de repartición secundaria de la coparticipación, que implica el cálculo de recursos para los municipios desde las provincias, está directamente relacionado con la cantidad de habitantes por distrito. Por este motivo, los dirigentes que suponen un crecimiento de su población empujan para que los datos se den a conocer antes de fin de año. En cambio, aquellos que intuyen una caída en su tajada de las transferencias, quieren esperar al año próximo para que no impacte en sus recursos en 2023.

Este punto es de importancia, porque sobre varias localidades pesan sospechas de manipulación de la población en el Censo 2010. El caso ejemplo es el de La Matanza, municipio en el que diputados de la oposición, mediante pedidos de informe, estimaron que se habría engrosado artificialmente la cantidad de habitantes en hasta un 27%, cerca de 490.000 personas adicionales, por duplicación en el conteo. Esto le valió, según cálculos de Martín Tetaz, legislador de Juntos por el Cambio, cerca de $2700 millones adicionales por año a este municipio, en detrimento de otros.

La Matanza está gobernada por Fernando Espinoza y es un viejo bastión electoral kirchnerista.

Los especialistas consideran que el Censo 2022 aportará pruebas y certidumbre sobre la tergiversación que habría ocurrido en 2010. Actualmente, el caso se encuentra en la Justicia por una denuncia presentada por Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. Está en manos del juez subrogante Julián Ercolini, en el Juzgado Criminal y Correccional 11 de Capital Federal.

Algunos de los datos que muestran la supuesta manipulación, de acuerdo con los querellantes, se desprenden de la pandemia y la campaña de vacunación. La Matanza inoculó a cerca del 60% de la población, mientras que los distritos linderos llegaron al 80%.

Según la oposición, se debe a que el cálculo de vacunados se divide sobre una población superior a la que realmente vive en el distrito. Pese a tener una de las tasas de vacunación más bajas, tuvo también una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes inferior al de los municipios limítrofes, lo que suma sospechas.

“Desde el punto de vista de la coparticipación, nos preocupa porque es seguir demorando un elemento clave. Esas dudas, esas diferencias, esas comparaciones entre población y electores; población y vacunados, son lo suficientemente fuertes como para hacernos pensar que algo pasó con la supuesta adulteración o manipulación en el censo 2010 en el caso de La Matanza”, dijo Valenzuela a LA NACION.

Otra de las polémicas alrededor del Censo 2022 tuvo que ver con la empresa que ganó la licitación -por cerca de $5300 millones- para la impresión y digitalización de las planillas. Se trata de Kollor-Press, una imprenta asociada al diario Página 12 y Ámbito Financiero.

Si bien ganó por licitación pública, su principal competidor, Voldt, impugnó su pliego, que fue confirmado como el ganador en la Nochebuena del año pasado. Según algunos especialistas y reclamos de municipios como Ramallo, parte del problema que llevó a la falta de datos provisorios es que la impresión de los formularios no tenía la calidad suficiente para ser leído por las máquinas que los digitalizan. El Gobierno rechaza esa versión.

En su planta de Avellaneda actualmente se procesan millones de planillas definitivas o “madre”. Por pliego, tienen tiempo hasta noviembre para finalizar la base de datos, que luego será procesada y evaluada por el Indec. Para tal tarea, el organismo lanzó una licitación pública hace 17 días para la “contratación de servicios profesionales informáticos para el análisis y consolidación de los datos del censo”, por US$450.000, con financiamiento internacional. Esto se debe a que el personal contratado actualmente por el Indec no dará abasto con la tarea, que ocurre una vez cada 10 años.

A la falta de datos provisorios se agrega un problema. Cerca del 5% de los censistas aún no cobraron los $6000 por las tareas realizadas, a cinco meses del día del operativo y con una aceleración inflacionaria que redujo el valor de ese monto. Esto se debe a diversos motivos, entre los cuales se encuentran que un mismo CUIT fue cargado para varias personas, el formulario para completar los datos no funcionaba correctamente y lo debieron hacer manualmente el día del censo y, también, a que se demoraron las partidas para completar los pagos cuando la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía paralizó las órdenes de transferencia a diversas reparticiones.

Según fuentes consultadas por LA NACION, el Indec está completando paulatinamente los pagos, pero no ofreció una solución a quienes cobren con el atraso, para recuperar el poder adquisitivo de sus honorarios.

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