Se necesita un modelo de inclusión financiera integral

La nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS), sucesora de las Metas del Milenio, ha colocado en un lugar prioritario entre sus objetivos la inclusión financiera, mencionando el acceso ampliado a servicios financieros en cinco de las 17 nuevas metas. Cuando hablamos de inclusión financiera nos referimos al acceso a un amplio abanico de servicios, como los créditos productivos y para la vivienda, medios de transferencias, ahorros, depósitos, seguros, entre otros. En este sentido, la población hoy excluida del sector financiero que pueda acceder a esquemas de ahorro y crédito en condiciones favorables podrá planear mejor sus gastos, atender riesgos relacionados con la salud y realizar inversiones no sólo en emprendimientos productivos, sino también en educación o vivienda.

Sin embargo debemos señalar dos factores que actualmente son indispensables para acompañar cualquier proceso exitoso de inclusión financiera. Uno es que al acceso a los servicios se sume la educación financiera y emprendedora orientada. De esta manera, además de potenciar al emprendedorismo en su conjunto, se impulsa al ahorro entre los pobres favoreciendo su bienestar y generando, consecuentemente, inclusión social y crecimiento económico. El segundo factor se refiere a políticas de incentivo a la formalidad laboral. En la Argentina, según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la informalidad afecta a cuatro de cada diez trabajadores. Perpetuar en la informalidad a emprendedores exitosos o a prestatarios que desean mejorar su vivienda, con créditos (o microcréditos) a tasas altas o muy altas, sólo asegura su supervivencia, pero limita su desarrollo. Igual de limitante resulta ofrecer únicamente acceso al crédito para emprendedores en crecimiento, que en realidad requieren acceso a servicios bancarios más amplios o a educación financiera.

Y existe un tercer factor que ha quedado relegado incluso en los modelos más actuales de inclusión financiera, nos referimos a la problemática habitacional. Actualmente, uno de cada cuatro hogares en la Argentina padece de déficit habitacional, ya sea producto de una tenencia irregular o bien de la precariedad en la vivienda. Asimismo, más allá de las iniciativas públicas como el Plan Federal de Viviendas o el Procrear, la evidencia da muestra del carácter insatisfecho de la demanda de crédito hipotecario.

En particular, la población dispuesta a endeudarse con esa finalidad ha superado ampliamente la oferta vigente, principalmente en los sectores más desfavorecidos. En ellos, según estudios propios, ésta es la primera necesidad crediticia, y es allí donde priman la informalidad y la precariedad laboral, y donde los planes de crédito público no han sido eficaces. En este sentido es imperativo fomentar e impulsar las líneas de crédito para refaccionar, ampliar o terminar viviendas, mejorando o readecuando el Procrear e implementando políticas públicas que mitiguen el déficit habitacional. Es necesario generar un círculo virtuoso que fortalezca la inclusión financiera y mejore la calidad de vida.

Un futuro plan de inclusión financiera y habitacional que contemple las tres dimensiones antes expuestas debería ser coordinado e implementado por agencias públicas que atiendan la necesidad de vivienda, no sólo de la clase media con el sistema propuesto por el Banco Central, sino también con un plan de microcréditos para otros segmentos, algo que a su vez requiere de políticas para la formalización del empleo, de educación financiera y de un enfoque federal de desconcentración de la población.

Los autores son economistas de la Universidad Autónoma de Madrid y de Buenos Aires, respectivamente, y ambos del Citra y del Conicet

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