Salud. Los prestadores acumulan “miles de millones” de deuda con la AFIP

CÓRDOBA.- “En la AFIP deberían ir haciendo un curso de gestión sanitaria, porque cuando se termine la emergencia sanitaria, que lleva 20 años, habrá cierres masivos si no aparece un perdón fiscal”. La figura la elige Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), para graficar el estado crítico del sector en todo el país. La mayoría de los 16.000 prestadores entró “muy mal” a la pandemia y empeoró con ella. Adecra estima decenas de cierres, quiebra con continuidad, presentaciones a convocatorias de acreedores, mora de pago de los financiadores y un recrudecimiento en el volumen de cheques rechazados.

En ese contexto, el sector plantea que la reforma “integral” del sistema de salud que diseñó el ala dura del kirchnerismo es “difícil y, en este momento, directamente imposible”. Y agrega: “La unificación tiene que ver más con el financiamiento que con las prestaciones. Para avanzar, entre todo lo que hay que resolver, está el volvernos un país unitario, porque la salud está en mano de las provincias. Seis de cada diez argentinos se atienden en el sector privado, lo que propone [la reforma del kirchnerismo] no sólo es cuestión de recursos, de caja, sino de ideología”, describe Charro.

El lineamiento principal de la iniciativa para el Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (Snisa) apunta a una reestructuración a través de una ley nacional y el surgimiento de un esquema de servicios integrado. “El camino para avanzar es crítico; institucionalmente muy tortuoso y políticamente casi autoritario. Tendrá que doblegar intereses y económicamente es insostenible”, sintetiza Jorge Colina, de la consultora Idesa, quien entiende que directamente debe haber una reforma constitucional para que las provincias se desentiendan de la salud.

Para Colina, el camino debería ser el inverso: “Perfeccionar la descentralización para que sean las provincias las que hagan funcionar el sistema y controlen”. Incluso la Nación debería transferirles las cápitas del Pami para que también atiendan ese segmento, propone.

El sector salud lleva 20 años en emergencia sanitaria, la que actúa como paraguas protector para que no se paguen cargas sociales y obligaciones fiscales ya que las empresas prestadoras no pueden ser embargadas. Charro enfatiza que hay acumulada deuda por “miles y miles de millones de pesos; cuando se salga será un caos”. Repasa que en 2007 se instrumentó una moratoria a 15 años. “Algunos todavía la pagan, pero el 70% la abandonó, porque para que no se cayera había que pagar el mes corriente. La deuda es una bola de nieve que no para. Solo se puede salir con un perdón fiscal”.

Charro explica que el punto de equilibrio de los prestadores es “muy alto” por los costos fijos, por lo que necesitan trabajar a tiempo completo para que los números cierren. El año pasado la demanda se reprimió -proyecta que “explotará” en el mediano plazo-, y eso coincidió con la necesidad de reordenarse para atender el Covid-19. Con la pandemia, las empresas del sector recibieron beneficios fiscales (exención del pago de contribuciones patronales y la disminución de la tasa del impuesto al cheque) y el ATP, después reemplazado por el Repro. El sector indica que la mitad no puede acceder a esta ayuda por las condiciones restrictivas que exige.

“El riesgo es alto para cuando eso se corte -apunta Cherro-. Entre enero de 2020 y febrero de 2022 se acumulará, solo de salarios, un alza de 160%. Desde 2018, por la devaluación, nuestros insumos y tecnología, que están dolarizados, vienen subiendo, y se ha hecho muy poca inversión. Nuestra capacidad con los financiadores es poca. El Pami y las obras sociales provinciales son claves, ya que en el interior concentran la demanda, y del resto del universo, pocos concentran las cápitas”.

El retraso de los precios de los prestadores médicos privados comenzó en 2018 y fue creciente: arrancó un 7% atrás y se proyecta que será de 28% de pérdida por la inflación el próximo diciembre. A marzo, que es cuando se aplica la cláusula de revisión de la paritaria 2022, el retraso habrá llegado a ser de 30%. Le siguen los prepagos, que perdieron 5% en 2018, habrán perdido 23% en diciembre y 25% en marzo. Lo que menos perdió respecto de la inflación en el sector de la salud privada es el salario de convenio (del gremio Fatsa), que se mantuvo con una pérdida oscilante de entre 10% y 15%. Los datos son de un estudio de las entidades Adecra-Cedim.

El informe menciona que el Pami no dio ningún aumento el año pasado y, en este, dio 30% y prometió un 20% adicional, lo que daría un aumento del 50% para dos años, cuando la inflación estará cerca de 100%.

El mapa a unificar

El trabajo de Idesa muestra que en el interior un tercio de la facturación de los prestadores proviene de obras sociales provinciales, e igual proporción viene de las prepagas y el Pami. Además, para poner en marcha el Snisa, “todas” las obras sociales deberían pasar al sistema. Ahora están afuera las del Congreso, las del Poder Judicial, las de las universidades, la de las fuerzas de seguridad y las provinciales.

En la actualidad, la cápita del Programa Médico Obligatorio (PMO) es de $2869 (según estimación de la Universidad Isalud, que orienta el exministro Ginés González García), las obras sociales tienen un ingreso promedio de $3000 per cápita (los que están por encima, con $4500, hacen derivación de aportes a las prepagas; los que están por debajo, $2400, permanecen).

Quienes no tienen cobertura se atienden en hospitales públicos (promedio de cápita por persona, $3250). En el caso del Pami, la cápita promedio es de $7600. “Está estructuralmente desfinanciado, necesitaría al menos $12.000, pero no lo pueden aumentar”, describe Colina.

El universo de las obras sociales es muy heterogéneo. De las existentes, 74 tienen más recursos que lo que requiere el PMO, mientras que 142 están por debajo. La situación se equilibra con el subsidio del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus salarios. Para Idesa, el FSR debería destinarse a los que menos tienen.

Los borradores del Snisa contemplan la creación del área de salud laboral en reemplazo del sistema de riesgos de trabajo y también quedaría bajo su órbita. Para Colina, esa idea se debería a una falta de análisis “técnico”, porque “aun con sus problemas, ese universo funciona: desde su creación, en 1995, se evitaron 11.000 muertes”.

Conforme a los criterios de

Conocé más

Por irregularidades. El Gobierno auditará las prestaciones que se brindan a las personas con discapacidad

Conexión confirmada. La proteína del Parkinson está en los cerebros de los pacientes con trastorno del sueño REM: qué implica

Ante la negativa de las provincias. El Ministerio de Salud avanza en la gestión privada de hospitales nacionales