Salud: las empresas dan marcha atrás con la decisión de aplicar un copago de 9%

Los representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), que agrupa a clínicas, sanatorios y hospitales privados, entre otras instituciones, anunciaron una marcha atrás con el cobro del copago de 9% a partir del próximo mes, luego de una reunión que mantuvieron hoy a la mañana en el Ministerio de Salud.

La entidad explicó en un comunicado que la cartera que conduce Carla Vizzotti y la Superintendencia de Salud les garantizaron que las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección -entre las que se encuentran Cemic, Galeno, Medife, Swiss Medical, Medicus, Omint y OSDE- deberán trasladarles los mayores ingresos que obtendrán desde el próximo mes por el incremento de 9% sus cuotas, que ya había sido autorizado en julio pasado.

Sucede que, en las últimas semanas, las prepagas y obras sociales les habían enviado tres cartas a la FAPS anunciándole que, debido a que se encuentran “drástica y peligrosamente desfinanciadas” era “imposible” pagar el 9% de incremento de enero próximo, según un documento al que accedió LA NACION.

Ante esta situación, la FAPS comunicó el domingo pasado que aplicaría un copago de 9% para que los sanatorios, hospitales, clínicas y centros de diagnóstico pudieran hacer frente a la paritaria ya acordada en el año, de 45%.

Sin embargo, en la tarde de ayer, la Superintendencia intervino y comunicó que aplicaría sanciones a las empresas de medicina prepaga y obras sociales si no trasladaban el incremento del 9%. Esta tarde se reunirán las compañías financiadoras para determinar una acción a seguir. No se descarta que recurran a la Justicia.

En los últimos dos años, los incrementos autorizados por la Superintendencia de Salud fueron de 52%, mientras que la inflación acumulada fue del 100%.

“Las numerosas resoluciones y decretos de todo tipo de autoridades administrativas que regulan la medicina en la Argentina han generado una gigantesca maraña normativa y un desfasaje económico tan grande entre los ingresos y los egresos de nuestras entidades, que dificulta enormemente nuestra actividad, que hoy a causa de ello, se encuentra drástica y peligrosamente desfinanciada”, dice la carta que le enviaron a FAPS la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp) y la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara).

Las empresas de medicina prepaga y obras sociales no fueron convocadas a la reunión con el Ministerio de Salud. En el Gobierno dicen que no fueron invitadas porque “quienes sacaron un comunicado fueron los prestadores” y porque “las empresas de medicina prepaga no los informaron formalmente de nada”. Sin embargo, las financiadoras sostienen que ayer hubo contactos para ser incluidas, pero que, finalmente, “por orden de Presidencia”, quedaron afuera. Cerca de Vizzotti desmintieron esta afirmación y dijeron que igualmente siempre están en contacto con las empresas de medicina prepaga y obras sociales.

“Las autoridades nacionales ratificaron a los representantes de la FAPS la plena vigencia del incremento vigente del 9% a partir del 1º de enero de 2022 y garantizaron al sector que arbitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado del 9% correspondiente a enero por parte de las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección”, señaló la FAPS en un comunicado.

“Los representantes de la FAPS informaron una vez más a las autoridades nacionales la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible”, agregó.

Por el lado de los financiadores, en tanto, reina la preocupación. Fuentes del sector privado de la salud comentaron a LA NACION: “Si el Gobierno piensa que esto que hizo la superintendencia arregló el problema está completamente equivocado. Solo hicieron un paréntesis de días antes de que esto vuelva a explotar, pero más agravado. Quizá, dentro de 15 días haya empresas que ya hayan quebrado”.

Las mismas fuentes, que confirmaron que trabajan en la elaboración de un comunicado sobre el tema, dijeron que las empresas se van a someter a derecho, pero muchas no van a poder hacer frente a lo que se les pide. “Si el Gobierno mira a los prestadores y a los financiadores por separado, y ayuda a los primeros, mientras pone la carga a los segundos, está errado, porque uno no existe sin el otro, este es un sistema que debe funcionar sincronizado”, concluyeron.

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